En 2020, la legislatura presidida por el exdiputado Mario Ponce, del PCN, aprobó una ley de Reconciliación que fue duramente rechazada por las víctimas del conflicto armado, por organizaciones de derechos humanos y por el presidente Nayib Bukele, quien la vetó poco después de que la Asamblea la avalara.
Los parlamentarios pretendían con esta nueva normativa cumplir con la sentencia de la Sala de lo Constitucional que resolvió en 2016 anular la ley de Amnistía de 1993 y ordenó a la Asamblea a diseñar una nueva que garantizara el resarcimiento del daño a las víctimas, el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la verdad y justicia. El FMLN no votó por esta normativa.
Tanto el mandatario salvadoreño como las víctimas catalogaron a la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional como una “nueva amnistía disfrazada”.
El argumento de los afectados fue que esa ley no contemplaba prisión para los responsables de crímenes de guerra o de lesa humanidad y abría la puerta para la conmutación de penas por razones de enfermedad y edad, así como si el condenado pide perdón a las víctimas o colabora con la investigación, sin especificar los casos en los que se aplicaría.
“Esta ley es un fraude. Es tan asquerosa como la anterior Ley de Amnistía”, aseguró Bukele tras su veto presidencial en febrero de 2020. En abril de 2021 la Comisión Política de la Asamblea acordó superar el veto, pero el dictamen no logró llegar a la aprobación del pleno.
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“No hay acuerdo para pasarlo”, relató en ese entonces y de manera escueta René Portillo Cuadra, diputado de ARENA.
Lo anterior sucedió después de que Bukele aseguró que la Asamblea actual la derogaría. “Han decidido superar mi veto a la ley de Amnistía… ¡Felicidades! Pero antes de que este adefesio jurídico entre en vigencia, será derogado por la nueva Asamblea Legislativa”, aseguró el mandatario en su cuenta de Twitter.
Desde octubre de 2021 los diputados de Bukele iniciaron el estudio de una nueva normativa para resarcir a las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, la Comisión de Justicia no se reúne desde febrero para tocar ese tema