La propuesta se entregó el 7 de octubre de 2021, la anterior comisión de Justicia y Derechos Humanos no lo analizó y con la cuestionable justificación de que ya no es vigente se envió a archivo denunció el colectivo de defensores de familias de víctimas del conflicto.
Los colectivos de víctimas y las organizaciones de derechos humanos integrantes de la Mesa contra la Impunidad y el Grupo Gestor de la Ley de Reparación Integral, rechazaron la reciente decisión de la nueva Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa, de archivar el proyecto de Ley Especial de Justicia Transicional para víctimas de violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado en El Salvador.
Dicho anteproyecto de Ley fue elaborado por colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos que las representan, luego que se dictara la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General de 1993, emitida el 13 de julio de 2016 por la Sala de lo Constitucional.
“Nuestras organizaciones presentamos esta propuesta como un aporte para que el órgano Legislativo cumpliera su obligación de legislar en materia de justicia transicional, según se lo ordenó la Sala de lo Constitucional en la referida sentencia de inconstitucionalidad de 2016”, destacó la mesa a través de un comunicado difundido en redes sociales.
Para la elaboración de la propuesta, las organizaciones de derechos desarrollaron un proceso de consultas con familiares de víctimas, sobrevivientes especialistas nacionales e internacionales, retomando los estándares nacionales; principalmente, la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993, y estándares y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Pese a nuestras constantes solicitudes de audiencia para dialogar sobre este anteproyecto, éste nunca fue analizado ni tomado en cuenta por la extinta Comisión de Justicia y Derechos Humanos que tuvo la tímida iniciativa de recibir a algunas organizaciones en febrero de 2022", señalaron.
Pero dicha comisión fue fusionada con las de Defensa y Seguridad y combate a la narcoactividad, cuestionado también por defensores de derechos humanos que ya temían en que significara un retroceso para la defensa de los mismos.
La Mesa externó su preocupación a que con esta acción se cierren más las posibilidades de diálogo con el Estado y que impidan la creación de un marco legal en favor de las víctimas del conflicto armado, y que esta tendencia conduzca a más impunidad y a la pérdida de la memoria histórica.
“La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia archiva este anteproyecto sin ningún tipo de análisis, argumentando falsamente que ‘ha perdido vigencia’, contraviniendo con ello, el contenido de los estándares nacionales e internacionales que fueron incorporados en su texto, los cuales continúan teniendo vigencia”, enfatizan.
Recordaron que entre las legislaturas que han hecho caso omiso a la solicitud y responsabilidad del Estado salvadoreño está la actual legislatura con la expresidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Rebeca Santos, quien dijo: “Existe la voluntad y se está retomando el tema con enfoque humanitario y de responsabilidad para beneficiar a las víctimas del conflicto armado".
“Con la medida de archivo adoptada sus afirmaciones se vuelven falsas, un acto de reiterada invisibilización de las víctimas. Para colmo, ni siquiera han seguido el procedimiento establecido para el archivo de los expedientes legislativos, ya que no existe el dictamen de esta comisión, ni esta medida se ha aprobado en el pleno legislativo, como lo establece el Reglamento Interior de la Asamblea”, cuestionó la Mesa.
La Mesa externó su preocupación en tanto a que con esta acción se cierren más las posibilidades de diálogo con el Estado y que impidan la creación de un marco legal en favor de las víctimas del conflicto armado, y que esta tendencia conduzca a más impunidad y a la pérdida de la memoria histórica.
Las exigencias
La mesa de manera directa exigió a la Asamblea Legislativa, especialmente a la Comisión Seguridad Nacional y Justicia continúe estudiando el anteproyecto de ley, ya que es un expediente activo “al no haber seguido el procedimiento correspondiente”.
“En caso de que posteriormente se eleve un dictamen de archivo al pleno legislativo de este anteproyecto, que sea devuelto a la misma comisión para que inicie el correspondiente debate en su seno, garantizando la participación activa de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos que las representan”, detallaron.
Asimismo, exigieron abrir un diálogo con víctimas del conflicto armado, organizaciones de derechos humanos y especialistas, que culmine con la aprobación de la norma ordenada por la Sala de lo Constitucional para saldar las deudas pendientes del conflicto armado.