La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), la cual representa a más de 2,000 empresas socias a nivel nacional, señala que la nueva Ley de Compras Públicas (LCP) elimina la obligación de las instituciones del Estado para contratar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), además de otros retos y ventajas de dicha normativa.
“En esta nueva ley, se sustituye el imperativo al Estado de compra de un porcentaje a las Mipymes por una preferencia de compra. Bajo este escenario, el Estado ya no estaría obligado a comprar un porcentaje a las Mipymes, sino que solamente debe procurar la adquisición o contratación del porcentaje establecido”, afirma la gremial en respuesta a El Diario de Hoy sobre las implicaciones que ven para las mipymes con la nueva ley.
La Cámara apunta que para las mipymes siempre será un reto figurar como oferente en los procesos de compra del Estado por temas de formalización, falta de economía a escala, entre otros aspectos.
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Además, si bien ve positivo que se incorpore en la ley que no se permitirán prácticas anticompetitivas y que se exigirá una certificación antisoborno, considera que se deben dejar claras las reglas.
Por ejemplo, señala que en la ley se establece que el sobreprecio de un bien o servicio se determinará a través de un estudio de mercado que realice la DINAC, pero la gremial espera que puedan precisar cuáles serán los parámetros y requerimientos técnicos a considerar en dichos estudios. “Esto a fin de evitar cualquier discrecionalidad o arbitrariedad en el análisis que se realice”, opina.
Sin embargo, la gremial ve algunas ventajas también. “Vemos elementos que sí pueden favorecerles, como por ejemplo la preferencia hacia bienes fabricados o producidos en el país y la regla especial de desempate por medio de la cual se preferirá a las Mipymes respecto de otros oferentes con el mismo precio y calificación”, dice.
Asimismo, considera que les puede favorecer que se incorporan criterios para “compras innovadoras y sostenibles”, ya que no solamente se toma en cuenta la oferta económica, sino que incluyen otros elementos que pueden hacer a una mipyme competitiva respecto de otras ofertas.
“Si bien es cierto estos cambios imponen retos, esperamos que las empresas puedan adaptarse y que el Estado haga un uso adecuado de las herramientas contenidas en esta ley”, agrega.
A juicio de la Cámara de Comercio, la nueva ley “mantiene en gran medida la estructura y controles de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), lo cual vemos como positivo, puesto que viene a ser una actualización o adaptación de la Lacap a nuestra realidad actual”.
También considera “novedoso” que se incluye un fuerte componente de usos de medios digitales, ya que plantea “robustecer” el sistema electrónico actual de Comprasal y “concentrar en dicho sistema gran parte o toda la gestión de compras públicas, lo cual puede venir a dar celeridad y transparencia a los procesos de compras del Estado”.
Sin embargo, abogados y economistas han señalado que la centralización de las compras del gobierno puede abrir la puerta a la corrupción y al abuso de los fondos públicos sin control.