Avances y retrocesos destacan expertos en derechos humanos en la recién aprobada Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia a comparación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina), pues aunque reconocen que la nueva normativa contiene aspectos novedosos coinciden en hacer algunos cuestionamientos a la misma a raíz de la discusión rápida que se dio en la Asamblea Legislativa.
La Ley Crecer Juntos, avalada por los diputados el pasado 22 de junio durante una sesión plenaria maratónica, entrará en vigencia hasta el 1 de enero de 2023 y deroga la Lepina y la Ley de Salas Cuna, y disuelve el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (Isna) y el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Conna).
Según Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho de Cristosal y exdirectora ejecutiva del Conna, la normativa recopila más del 70 % de la Lepina y pese a que en la nueva ley identificó “avances importantes” en pro de los derechos de la niñez al incluir a la primera infancia, entre otros, externó preocupación por algunos aspectos que no quedan claros.
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Entre los puntos cuestionables en la legislación están los programas de protección, prevención y asistencia que ejecutará el Consejo Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), ente que absorberá las funciones del Isna y Conna.
“Llama la atención y preocupa que al no haberse desarrollado en el Conapina suficientemente cómo se van a ejecutar programas para la niñez y la adolescencia exista un descuido, una desprotección a los niños y niñas que actualmente requieren que se cumplan y se protejan sus derechos y aquellos que ya están en procesos de protección”, detalló la también abogada a este medio.
Al igual que Navas, Diego Carranza, Coordinador del Área de Educación del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca), destacó la ampliación de derechos a favor de la infancia que plasma Crecer Juntos. Sin embargo, señaló que ante la falta de “discusión profunda” de la iniciativa “hay más dudas que respuestas” sobre cómo aplicará el gobierno la ley en el territorio.
Teme que la “confusión” que pueda generarse al respecto conlleve a la vulneración de los derechos de la niñez.
“Lo que tiene que ver con la operacionalización de la ley es que no tenemos claro cómo se va a hacer, si bien existe una institución que va a hacer la función entre el Isna y el Conna, la Lepina como tal tuvo tanto tiempo para que las personas del territorio pudieran hacerla suya, operacionalizar la ley implica mucho esfuerzo”, apuntó Carranza.
Añadió que espera que el Ejecutivo “pueda transparentar, la forma en que va a operacionalizar la ley” y haga públicas las políticas o planes para la ejecución de la misma, “sino sucede es porque en cierto sentido están haciendo lo mismo de siempre que es ocultar información”.
Sin mencionar recursos
Navas ve, también, preocupante los cambios que se dan en relación a la función del Conapina y los comités locales de derechos.
“Ahora esta ley le está dando conducción técnica al Conapina sobre instancias donde están los gobiernos municipales, esto es un contrasentido y hace que se pierda la naturaleza de toma de decisiones en el ámbito local”, manifestó.
No obstante, también dijo que “se pone en entredicho la capacidad del Conapina para formar parte de los 262 comités locales a nivel nacional”, ya que para ello se requiere inversión, la cual desconoce si esto quedó establecido en la normativa.
Carranza lamentó que no se haya tomado en cuenta recomendaciones que organizaciones como Save the Children hicieron en la Comisión de la Familia de la Asamblea de que en la ley quedará establecido un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) para el tema de niñez y adolescencia.
“Al menos la tendencia de este gobierno es que no se quiere comprometer en ningún caso con temas presupuestarios, una prueba de ello es esta ley”, afirmó el experto.
René Portillo Cuadra, diputado de ARENA, ha insistido en que el gobierno debería destinar un porcentaje del presupuesto general de la nación para la infancia.
“Esa ha sido la base por la cual en diferentes gobiernos el apoyo a la infancia ha fracasado, porque nunca ha tenido un apoyo directo para todos los programas”, expresó durante la plenaria del 22 de junio cuando se dio luz verde a la ley.
Retrocesos
Navas criticó, además, las modificaciones de última hora que realizó la Comisión de la Familia al proyecto de ley, previo a su aprobación, las cuales a su criterio se hicieron por presión de algunos grupos conservadores. En una entrevista televisiva, la abogada agregó que se eliminó “el enfoque de género” que incluía la iniciativa original.
“Es preocupante los retrocesos que se dieron… Estaba regulada la educación integrada para la sexualidad, estaban mejor definidos algunos aspectos importantes de la ley”, dijo a este periódico. No obstante, lamentó que “la Asamblea Legislativa, particularmente el partido en gobierno” se retractó en la propuesta e incluso provocó que se “redactara las disposiciones con menor reconocimiento de derechos de como estaba en la Lepina”, apuntó.
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Por otra parte, aunque calificó como “positivo” el que las atribuciones que desempeñaban los jueces de familia en materia de derechos y protección a la infancia pasen a los jueces de niñez y adolescencia, aseveró que le “parece que la ley se queda corta para regular cómo se va a ejecutar eso”.
El representante del Idhuca sostuvo que se mantendrán vigilantes de cómo se desarrollará el proceso de aplicabilidad de Crecer Juntos.