La Comisión Política de la Asamblea Legislativa, con votos de Nuevas Ideas, PCN, PDC y ARENA, avaló este miércoles la propuesta de Ley Anticorrupción presentada por el gobierno central y que pondría a los empleados públicos a declarar su patrimonio y el de su familia a Hacienda. El fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo que no será un mecanismo de persecución política.

“La Fiscalía ha venido luchando por años principalmente con la comunicación con otras autoridades y el permitir la conectividad entre los sistemas de todas las instituciones, permite que la información fluya sin ningún tipo de traba y que se garantice que sea analizada de una forma adecuada, no para andar defendiendo persecuciones de naturaleza política”, aseguró a la comisión.

La ley incluye facultades legales con las que ya cuentan instituciones como la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas, así como con mandatos contemplados en la Ley de Ética Gubernamental (LEG), como la obligatoriedad de los funcionarios y servidores públicos de operar de acuerdo con las normas éticas.

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Además, el mandato de la propuesta de rendir cuentas sobre asuntos públicos ya está contemplado en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), la cual el gobierno en turno no cumple con la divulgación de información oficiosa y con excesivas declaraciones de reserva de información.

Este no es el primer intento del gobierno en abordar el tema de la corrupción. Fue Nayib Bukele quien anunció en su primer gobierno la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la FGR; pero la disolvió en junio de 2021 luego que informó de una docena de investigaciones de corrupción por parte de su gabinete.

Con esta nueva normativa, Delgado indicó se requiere de sistemas y personal calificado. “Se tiene que generar toda una serie de plataformas informáticas y también del recurso humano calificado para realizar investigaciones que sean objetivas y no que se pretenda que el Centro va a ser un arma de manipulación o que puede ser utilizada con los puros intereses”, explicó.

El diputado Raúl Chamagua afirmó en que la ley busca la persecusión de la justicia, no la política.

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"Estarán obligados a presentar junto con su declaración anual del impuesto sobre la renta, una Declaración Jurada denominada Informe de Activos y Pasivos, que contenga en la misma declaración detalles de la información tanto suya como de su cónyuge en razón de matrimonio o conviviente por unión no matrimonial e hijos", señala la propuesta de ley.

La información que se entregará a Hacienda, tanto empleados públicos como funcionarios, deberá detallar, según la propuesta, los saldos de sus activos fijos y circulantes, pasivos, así como el detalle de todas las adquisiciones o transferencias de bienes muebles e inmuebles, realizados en el periodo de la declaración del impuesto sobre la renta que efectúa.

Crear nuevo sistema

La propuesta manda a crear el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (SINAC) que estará conformado por los ministerios de Justicia y Seguridad Pública; de Hacienda y de Obras Públicas, la Policía Nacional Civil, la Superintendencia del Sistema Financiero, la Comisión Nacional de Activos Digitales, el Centro Nacional de Registros, Registro Nacional de las Personas Naturales y la Dirección Nacional de Compras Públicas, todas del ramo del Ejecutivo.

Los entes de control serán la Fiscalía, la Corte de Cuentas de la República (CCR) y el Órgano Judicial.

Esta misma, propone la creación de un nuevo ente, el Centro Nacional Anticorrupción (CNA) que realizaría labores de inteligencia como un adscrito a la Fiscalía General.

El Centro funcionará "ininterrumpidamente" y deberá contar con las plataformas tecnológicas para garantizar en tiempo la verificación y seguimiento de la información contenida en los registros de las instituciones miembros del SINAC; para identificar redes de corrupción analizando conexiones entre personas, instituciones y transacciones. 

El proyecto indica que el SINAC tendrá como finalidad establecer los lineamientos y políticas de combate a la corrupción, pero ya el Reglamento de la LEG establece que al pleno del Tribunal de Ética le corresponde promover la coordinación interinstitucional con el fin de establecer mecanismos para fomentar la ética pública y prevenir actos de corrupción.

Y en el caso de las atribuciones a la CCR, la ley menciona que este ente podrá investigar y vigilar auditorías públicas, aunque ya es su misión constitucional.

Sin embargo, la ley del gobierno le añade la obligación de dar acceso y remitir al Centro Nacional Anticorrupción (conformada por entes del Ejecutivo) la información y documentación que se le requiera. Asimismo, Delgado dijo que la ley los faculta a disponer de auditorías de la Corte porque “hay muchos casos de juicios de cuentas que aún no terminan desde administraciones pasadas”.

La ley habilita una ventanilla de recepción de denuncias, aunque esta no es novedad, debido a que tanto el TEG como la Corte de Cuentas garantizan acceso a interponer avisos y denuncias ante posibles casos de faltas éticas y de corrupción de funcionarios.

Pese al anuncio de Bukele del envío de la propuesta de ley para combatir la corrupción, su gobierno esconde al menos el 60% de la información pública, según los informes de organizaciones enfocadas en la búsqueda de transparencia y anticorrupción.