Ley Anticorrupción entrará en vigor en agosto de 2025

La Ley Anticorrupción impulsada por el gobierno que fue aprobada el pasado 7 de febrero entrará en vigencia hasta el próximo 11 de agosto, pues deben cumplirse los 180 días después de su publicación en el Diario Oficial. 

Fue sancionada por el presidente de la República el 11 de febrero y el decreto aparece publicado en la edición del 12 de febrero de 2025 del Diario Oficial.

Para algunos especialistas esta ley responde a un acuerdo del gobierno central con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que cuenta con un apartado de acceso a la información y anticorrupción.

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“El gobierno lo está haciendo para cumplir esos requisitos. El punto es que el Fondo Monetario debería dar cumplimiento a esta ley, porque si se deja que el gobierno incumpla posteriormente con esta ley y con la de acceso a la información, la de enriquecimiento ilícitos de funcionarios”, consideró el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.

Coincide la jefa del Área de Transparencia y Anticorrupción de Cristosal, Ruth López, quien además afirma que “El Salvador realmente no tiene ningún interés en combatir la corrupción”.

Para Héctor Carrillo, director de la Fundación de Estudios para el Derecho (FESPAD), debe verse que al momento de la introducción de temas en la agenda pública y en la agenda legislativa, pareciera haber “cálculos políticos”.

Carrillo evidencia que el anuncio de la presentación de la iniciativa de Ley anticorrupción se hizo en el mismo momento en que fue aprobada la reforma al artículo 248 de la Constitución, que cambia el mecanismo para reformar la Carta Magna, “algo de mucha trascendencia para la vida del país, pero prácticamente inconsulto”. 

“La aprobación de esa ley, también coincide con otros temas de impacto, como las reformas al Código Penal. Pareciera ser una manera de tratar de ‘equilibrar’ la opinión para evitar o minimizar las críticas públicas”, añadió el experto. 

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Por otra parte, señala que esta dinámica pudiera tener la consecuencia de que se aprueben normativas sin estar institucionalmente preparados para implementarlas, “tal cual parece ser con la Ley Anticorrupción que plantea un esquema institucional que hay que echar a andar”. 

“La extensión del plazo permite también extender en el tiempo, en el debate público, ‘los esfuerzos’ en esa línea”, añadió Carrillo.

También el abogado Otto Flores considera que se debe a una petición del organismo internacional. “Ellos (diputados) no sabían ni lo que estaban analizando, no sabían, ni entendían, entendieron hasta cuando pusieron a leer la ley. Porque en el fondo, el FMI le está pidiendo esta ley al gobierno porque ha visto esta gran corrupción que hay”, dijo en la entrevista de radio YSUCA.

La abogada Jayme Magaña recordó en la entrevista que también se reformó el Código Penal en relación a subir las penas de cárcel por los delitos de corrupción y se ampliaron los conceptos de servidores públicos.

Consideró que funcionarios del sistema penitenciario caerían en delitos de desobediencia y denegación de auxilio cuando no se cumple con la liberación de personas que ya cuentan con carta de libertad de juzgados o que no se les brinda la asistencia médica necesaria y fallecen dentro de los penales o a los pocos días de salir.

Flores consideró que estas reformas preparan un escenario para que, si cae el partido mayoritario, “inicie una cacería de brujas”.

Sobre la ley

La nueva ley da paso a la creación del Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (SINAC) que estará conformado por los ministerios de Justicia y Seguridad Pública; de Hacienda y de Obras Públicas, la Policía Nacional Civil, la Superintendencia del Sistema Financiero, la Comisión Nacional de Activos Digitales, el Centro Nacional de Registros, el Registro Nacional de las Personas Naturales y la Dirección Nacional de Compras Públicas, todas del ramo del Ejecutivo.

Los entes de control serán la Fiscalía, la Corte de Cuentas de la República (CCR) y el Órgano Judicial, instancias que ya tienen ese mandato desde la Constitución.

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Esta misma ley crea un nuevo ente, el Centro Nacional Anticorrupción (CNA) que realizaría labores de inteligencia como un adscrito a la Fiscalía General.

Además, la Ley Anticorrupción establece que los empleados públicos quedan obligados a presentar, junto con su declaración anual del impuesto sobre la renta, una Declaración Jurada denominada “Informe de Activos y Pasivos”, que contenga en la misma declaración detalles de la información tanto suya como de su cónyuge, pareja e hijos.

Esta declaración jurada se presentará con la declaración de la Renta del ejercicio fiscal de 2025, es decir, se presentará hasta el próximo año.

Pero Cristosal expresó ante esta disposición que la ley no establece mecanismos ni procedimientos para validar y verificar lo consignado en las declaraciones juradas patrimoniales, a pesar de que varias de las instituciones que forman parte del SINAC resguardan información pública para poder efectuar las respectivas verificaciones.