Las vías del tren, hogar de 80,000 personas en El Salvador

Ana Julia Ramos está sentada frente a su casa, en una silla junto a los rieles. Es una tarde de septiembre, y descansar en su preciada silla es una actividad muy frecuente ahora que tiene 74 años, 40 de ellos vividos en la comunidad El Paraíso #1, en el distrito de Soyapango, una de las comunidades extendidas a lo largo de la vía férrea en desuso de Fenadesal.

Cuando Julia llegó al lugar, aún no había muchas casas, y las pocas existentes eran champas de lámina. Le dijeron que no tendría que pagar nada por un lote en esas tierras, que pertenecen al Estado. Le advirtieron que no obtendría una escritura, pero la necesidad de vivir dignamente la apremiaba.

Hace 25 años, comenzó a intentar legalizar la propiedad, pero con los cambios de gobierno y funcionarios en el Ministerio de Vivienda, el proceso se interrumpió y ella sigue esperando sus escrituras.

En la misma situación viven alrededor de 80,000 habitantes de otras 330 comunidades asentadas a lo largo de los rieles del tren en todo el país. Dependiendo de las circunstancias, algunos incluso han pagado por el "derecho de piso".

Comunidades unidas como vagones

Entre Ilopango y Soyapango, hay tres kilómetros y medio de vía férrea ocupados casi de forma continua por viviendas. Alrededor de 1,300 casas pertenecen a las comunidades 3 de Enero, California, Las Brisas, entre otras.

Los rieles aún son visibles en algunos tramos, a veces embebidos en concreto, y otras rodeados por tierra compactada. La comunidad ha trabajado para nivelar el suelo, facilitando el tránsito tanto peatonal como en vehículos de ruedas. Las bicicletas son muy utilizadas, sobre todo en los pasajes más estrechos.

Las personas construyeron su vida sobre los rieles. Formaron sus familias e invirtieron poco a poco en mejorar sus condiciones de vida. Las paredes, en su mayoría, dejaron de ser de lámina y ahora son de bloques de cemento; algunas viviendas están enchapadas con cerámica, tienen jardineras y otras comodidades. Hay hogares realmente amplios.

María Ángela Díaz y su esposo, Rafael Flores, llevan más de 30 años viviendo en la comunidad 3 de Enero de Ilopango. Adquirieron una casa de láminas por 10,300 colones, equivalentes a 1,176.94 dólares actuales.

Flores invirtió 1,000 dólares en reemplazar la lámina por ladrillo, pero luego dejó de invertir en la vivienda debido a la incertidumbre sobre su tenencia. Al no contar con escrituras, teme ser desalojado y perder todo lo invertido.

"En un proyecto, hace años, nos quisieron sacar de acá, a un lugar muy lejos, pero ¡si nosotros ya estamos bien instalados! Mejor sobrevivimos acá, que por allá lejos", dijo María Ángela Díaz.

Junto a las ruinas de la antigua estación de ferrocarril de Soyapango, José Salgado y su sobrino Daniel construyen una casa. Adquirieron el terreno por 2,500 dólares y, para contar con alguna garantía legal, la alcaldía les proporcionó un permiso de ocupación. 

A pesar de no tener escrituras y considerando el largo plazo, los Salgado invertirán 20,000 dólares en su nueva vivienda de bloques. Desconocen cualquier plan de reactivación del ferrocarril en esa zona.

Antes del régimen de excepción, los pandilleros hacían impensable transitar libremente entre estas comunidades.

Ahora Nilo Martínez, un albañil que construye un muro en una de las viviendas de la comunidad California 3, puede llegar a trabajar sin problemas. Él viene desde el barrio San Sebastián de Ciudad Delgado, y allí vive en otra comunidad que también está en las vías del tren. Nilo Martínez tampoco tiene escrituras de su casa.

Los decretos de las escrituras

En 2013, la Asamblea Legislativa aprobó los decretos 505 y 378, que abrieron el camino para la legalización de viviendas en comunidades de la línea férrea en el oriente del país. Esto generó esperanza entre los residentes de otras comunidades.

Francisco Aragón, representante de la Mesa Nacional de la Línea Férrea, señala que el decreto 505 permitió la entrega de 2,769 escrituras en San Miguel y Usulután.

En 2019, el decreto legislativo 289 amplió el proceso de escrituración, beneficiando a 92 comunidades más, con 9,714 familias en Cabañas, San Miguel, Usulután, Cuscatlán, San Salvador y Santa Ana.

Las reuniones con Vivienda

Un año después, el 7 de julio de 2020, la Ministra de Vivienda Michelle Sol, aseguró en una reunión con los líderes comunales, que la gestión del presidente Bukele garantizaría el cumplimiento del decreto 289. "La ministra les manifestó que, como Gobierno, les garantiza que se les cumplirá con lo que dicen los decretos y que lo que se ha legalizado se les entregará sus escrituras", detalla un acta pública elaborada por el Ministerio de Vivienda sobre la reunión.

La última vez que el Ministerio de Vivienda entregó escrituras fue en enero de 2022, y fueron 66. Según una publicación oficial de la cartera de Estado, hasta esa fecha se habían entregado 750 escrituras.

Sin embargo, el proceso se detuvo en abril de 2022 con la entrada en vigencia de la "Ley de Régimen Especial para la Simplificación de Trámites y Actos Administrativos Relativos al Tren del Pacífico", que especifica que el proyecto abarcaría la reactivación de las antiguas vías del tren.

El 7 de julio de 2022, durante una reunión de unos 20 minutos entre representantes de la Mesa Nacional de Habitantes de la Línea Férrea y la ministra de Vivienda, Michelle Sol, la funcionaria confirmó que el proceso de entrega de escrituras había finalizado. "Se nos salió de las manos y ya no podemos continuar" fueron las palabras de la ministra, según uno de los representantes presentes. En dicha ley, se establece al Ministerio de Obras Públicas como el principal desarrollador del proyecto del Tren del Pacífico, encargado de la planificación, diseño y construcción de la obra prometida por el presidente Nayib Bukele desde el "Plan Cuscatlán" de su campaña para la presidencia en 2019.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, explicó en la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa que los afectados por la reactivación de las líneas ferroviarias podrían recibir una vivienda del Fondo Social para la Vivienda o una compensación económica por su inmueble. 

Sin embargo, desde la publicación de la ley en abril de 2022, la Mesa Nacional de la Línea Férrea asegura que ni el Ministerio de Vivienda ni el MOP han retomado la comunicación con las comunidades, y no saben cuáles tramos serán reutilizados ni qué pasará con las personas que viven allí.

"Es preocupante. La información está en reserva, en los portales no hay nada, no hay mesas de diálogo", señaló Francisco Aragón, uno de los representantes de las comunidades.

Esta organización ha solicitado ser escuchada. En septiembre de 2023, gestionaron una audiencia con la ministra Michelle Sol para solicitar que se continúe con la entrega de escrituras. 

El 28 de junio de 2024, entregaron nuevamente un escrito administrativo a Vivienda para pedir una mesa de diálogo. La última solicitud fue el 23 de agosto, cuando presentaron un escrito administrativo al MOP para pedir información sobre el proyecto del Tren del Pacífico y cómo este afectaría a las comunidades. En septiembre de este año, se supo, a través de medios internacionales y no fuentes oficiales, que la empresa argentina AC&A fue contratada por el gobierno de El Salvador para planificar y coordinar el primer tramo del Tren del Pacífico. Este tramo abarca 63 kilómetros entre el puerto de Acajutla y Sitio del Niño en San Juan Opico.