El municipio de Jocotán, en el departamento de Chiquimula, Guatemala, está en un valle. Alrededor, verdean silenciosos varios cerros. En ellos viven decenas de comunidades rurales que, a simple vista, no se ven. Para llegar a ellas es necesario subir caminos de piedras sueltas que fácilmente rondan los 45 o 50 grados de inclinación, a veces atravesar ríos, sortear abismos, y cruzar en curvas imposibles. La Mina, donde Raúl García tiene su milpa, es una de esas comunidades ocultas. Él se para a la orilla de un paredón de tierra inclinado. Ya se acostumbró a sembrar en desnivel. Cuando tira sus semillas, sabe que debe poner bien el pie porque si no se irá de rodada. Sus matas están pequeñas la última semana de julio de 2023: son la segunda siembra. La primera se perdió tras 22 días sin lluvia.
Los habitantes de Jocotán tienen una única opción: si no llueve, no tendrán cosechas. Si no hay cosecha, pasarán más hambre. El municipio padece falta de fuentes de empleo, sus residentes se dedican a la agricultura de subsistencia, y su base alimenticia es el maíz y los frijoles. Las milpas de Raúl García apenas despegan tres palmos de la tierra.
Raúl aprendió a sembrar con su papá y siguió haciéndolo hasta que él falleció hace unos cuatro años. Ahora solo trabaja la parcela con ayuda de mozos. Las matas de milpa se las tienen que arrancar a la tierra a fuerza de abono: cristales al pie de cada planta muestran el uso de la urea.
Los habitantes de La Mina no solo tienen que mimar con abono permanente, que les cuestan varios miles de quetzales en una región donde la agricultura es un trabajo no remunerado . También tienen que guardar semilla para la cosecha del siguiente año, un quintal al menos. La sequía de inicios de mayo acabó con las reservas para muchos, que decidieron ya no sembrar.
En Jocotán sus habitantes se mueren de hambre. Según Israel Ramírez, este año ya cuentan alrededor de tres muertes relacionadas a la desnutrición crónica. El Ministerio de Salud de Guatemala destinó a ese municipio 72,503 bolsas de alimento complementario fortificado entre 2021 y lo que va de 2023, para un total de 1,785,402.99 quetzales, o unos $230 mil. Es el municipio del Corredor Seco de Guatemala que más paquetes de este tipo ha recibido. Pero el hambre persiste.
El Ministerio de Medio Ambiente (MARN) de Guatemala tiene 48 estaciones que miden las lluvias en todo el país. La más cercana a Jocotán es la que está ubicada en el municipio de Camotán, a dos kilómetros de distancia. Según esos datos ni, la lluvia escasamente sobrepasa los 100 milímetros al mes. El maíz necesita entre 400 a 800 milímetros de lluvia distribuidos en todas sus fases de desarrollo, que puede ser de mayo a noviembre, mes de cosecha, según un estudio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México (Sader) de 2018.
En la estación Camotán, en 2022 se registraron 1457 milímetros de lluvia durante todo 2022, año que ha sido reconocido con históricos máximos de lluvia. En contraste, para 2015 la misma estación registró alrededor de 291 milímetros de precipitaciones. Este año hubo sequía.
Una investigación periodística publicada por la organización Connectas en julio 2023 reveló que pese a que el gobierno del presidente Alejandro Giammattei ha sido uno de los que ha dedicado más fondos a tratar de paliar la desnutrición y el hambre en Guatemala en la última década, las cifras de personas bajo esa condición aumentaron durante su gobierno.
Eluvina Marcos llevó a su hija, Jemili Martínez, de dos años de edad, al puesto de salud de la comunidad La Mina, el 26 de julio pasado. La niña tiene un bajo peso leve, le dijo la promotora de salud, Emilda Martínez. Cada tres meses, Jemili es subida en una especie de arnés para pesarla y controlar los niveles de desnutrición. Eluvina dice que la niña, la menor de sus tres hijos, nació con bajo peso y tuvo que quedar varios días ingresada en el hospital después de nacer. Dos años después, su problema persiste.
Eluvina comenta que su dieta diaria son tortillas y frijoles: desayuno, almuerzo y cena. El pollo es un lujo que puede permitirse, si hay posibilidades, una o dos veces al mes.
La promotora de salud explica que los problemas de desnutrición en la aldea La Mina son frecuentes, constantes y crónicos. Cada día ella toma un pick up desde Jocotán, por 10 quetzales (aproximadamente US$1.30) para llegar al puesto de salud. El camino le toma entre 45 minutos y una hora. Cada día debe revisar y buscar a los líderes comunitarios para recordarles el control de los niños, la toma de talla y peso y monitorear y alertar sobre los casos de desnutrición aguda. Emilda sabe que pelea contra lo imposible. Admite, con tono de derrota, que ante estos casos lo único que se les proporciona es Incaparina.
Entre 2018 y 2023, el Ministerio de Salud de Guatemala ha registrado 62,338 casos de desnutrición crónica en menores de 5 años de edad. 60 de esos casos fueron detectados en Jocotán, en los años 2022 y 2023. Guatemala no solo es el país con la mayor tasa de desnutrición de América Latina: casi la mitad de los niños de este país, el 49.8% tienen esa condición, según datos de la organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Israel Ramírez y Josefina Roque trabajan en el monitoreo de casos de desnutrición en Jocotán. Aunque existen promotores de salud encargados de mapear y dar alerta sobre los nuevos casos, ambos activistas también hacen la misma labor por su lado. No es fácil tener el registro de todos. Pese a sus más de 10 años en temas de activismo, Ramírez admite que nunca había logrado llegar a la aldea La Mina.
Hay otro factor que la aldea La Mina tiene en su contra: la falta de agua. La comunidad únicamente puede abastecerse de un par de cantareras que deben suplir a cientos de familias para uso doméstico. No es posible, como en otras aldeas circundantes, siquiera pensar en desarrollar proyectos de microriego. De nuevo, si no llueve, sus habitantes padecerán hambre y sed.
De los 53,949 fallecimientos registrados entre 2018 y 2023 por el Ministerio de Salud de Guatemala, al menos 522 casos fueron por causas relacionadas a la desnutrición. Murieron de hambre. 32 de esas muertes ocurrieron en el departamento de Chiquimula.
A unas dos horas de distancia, en otro cerro escarpado, está la aldea La Ceiba Talquezal, residencia de Israel Ramírez. El problema de esta comunidad no es el agua: se surten de proyectos que aprovechan la gravedad para captar agua de acuíferos de la zona. Su mal destino está en la precariedad y su aislamiento. Para llegar a la comunidad hay que atravesar una vertiente del río Jupilingo y subir pendientes de tierra y piedras por unos 40 minutos.
El río Jupilingo está conectado con el río Lempa, el principal afluente de El Salvador y su fuente fundamental de energía eléctrica, a través de varias presas hidroeléctricas. El Jupilingo, según Israel Ramírez, se desborda frecuentemente ante las lluvias copiosas y para las tormentas Eta e Iota, en noviembre de 2020, el puente que conecta a la aldea Talquezal con Jocotán fue arrancado de cuajo, dejándolos incomunicados.
Parte de las afectaciones se viven en Talquezal, a través del derrumbe de un paredón en cuya orilla viven algunas familias.
En la aldea La Ceiba Talquezal, Agustina Gutiérrez vive en una vivienda que no supera los 5 por 5 metros. Vive ella y 8 miembros más de su familia. El piso es de tierra y su dieta se basa en frijoles y tortillas de maíz. Su hijo mayor, Marcos, ya no habita con ella; pero su casa está a unos 6 metros de distancia. Marcos perdió a una bebé de dos años hace dos años. Por desnutrición. Marcos trabaja como jornalero, pero asegura que en Jocotán no hay quien lo contrate. Para conseguir unos pesos y suplir sus necesidades y de sus tres hijos tiene que viajar a Honduras, en algunas ocasiones, para trabajar en el campo. Tiene una pequeña siembra de arbolitos de café que le ayudan a amortiguar la falta de trabajo.
En el piso polvoso de la casa de Agustina, una perra enjuta recién parida amamanta a varios cachorros. El columnar y las costillas quedan visibles ante la piel pegada a los huesos.
Las instituciones de medio ambiente de la región tienen poco margen de maniobra: en el Triángulo Norte sus Estados se enfocan en resolver problemas internos. Guatemala, Honduras y El Salvador tienen años de estar bajo el escrutinio internacional por sus gobiernos cuestionados por corrupción y opacidad. Hasta enero de 2022, Honduras tuvo en su presidencia a Juan Orlando Hernández, actualmente extraditado y procesado por narcotráfico en los Estados Unidos. Su reemplazo, Xiomara Castro, ha sido señalada de opacidad y nepotismo. En Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei ha sido perfilado en casos de corrupción y como la punta de lanza contra los investigadores relacionados al destape de múltiples casos de corrupción.
El gobierno de Giammattei ha alentado el procesamiento judicial contra periodistas comunitarios y exmiembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG). Mientras, en El Salvador, Nayib Bukele ha sido señalado internacionalmente por miles de violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción, mal manejo de fondos y captura del Estado.
El Acuerdo de Escazú, un instrumento jurídico internacional que busca la justicia climática, la participación informada de las comunidades y la protección de los líderes ambientales en la región latinoamericana, fue promovido desde 2018 por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas. Ninguno de los tres países del Triángulo Norte lo ratificó.
Las prioridades de cada uno de los tres Estados, como puede extrapolarse de sus respectivos presupuestos, no está en paliar la crisis que amenaza con recrudecer en los próximos meses en el Corredor Seco Mesoamericano.
Pese a los fondos ya ejecutados, y varios millones aún en operación, en las comunidades del Corredor Seco del Triángulo Norte, algunas instituciones parecen estar trabajando en contra. En El Salvador, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente ha desentrampado por lo menos cuatro megaproyectos que habían sido detenidos por sus impactos ambientales en administraciones anteriores y que, en algunos casos, afectan directamente el acceso a agua de las comunidades, o podrían generar afectaciones considerables a ecosistemas.
Uno es uno de los megaproyectos estrella de Bukele - y promesa de su campaña -, el Aeropuerto del Pacífico, que invadirá una área natural protegida de manglar y ha derivado en el desplazamiento de varias comunidades. Esto sucede paralelo a los compromisos adquiridos por el gobierno de Bukele en las Cop: conservación de bosques y masas boscosas, transformación de sistemas de producción agrícola y aumentar el monitoreo de riesgos, como lo promocionaron para la Cop25.
La organización comunitaria, la única salvación
Los efectos negativos del abandono, o la negligencia en estas comunidades los ha experimentado de primera mano Benigno Gómez, en Garita Palmera, en el municipio de San Francisco Menéndez, Ahuachapán, en El Salvador. Según él, luego de enfrentarse a un megaproductor de caña de azúcar, que desvió el río El Aguacate, ni el afluente, ni el manglar volvieron a ser los mismos, pese a que a través de la organización comunitaria lograron revertir y restablecer el cauce.
Gómez tiene más de una década de ser activista ambiental y es uno de los responsables de monitorear el manglar del área protegida de El Aguacate y tomar medidas del agua. En la zona de manglar, cuando hay mareas “vivas”, crecientes, “se levanta una gran salinidad”, dice. Según él, en algunos puntos monitoreados ha detectado 30% de agua dulce y el otro 70% de salinidad. Con esos porcentajes, dice, es difícil que algunas especies de flora se desarrollen, mucho menos cultivos. Está convencido de que los porcentajes de salinidad se incrementaron después del desvío del río El Aguacate. Y no volvieron a retornar a lo que eran.
La afectación de los manglares y las áreas naturales protegidas por causa de la industria cañera en la zona de Garita Palmera y comunidades cercanas había sido denunciada desde años atrás, por el uso de agrotóxicos y los enormes volúmenes de agua que se necesitan para el riego del cultivo de caña.
La pérdida de manglar y el aumento de la línea costera en Garita Palmera no es del todo reciente. Gómez lo recuerda de manera anecdótica: el huracán Paul, en 1982, dejó prácticamente en el suelo a toda la comunidad, inundada la región e incomunicación durante días.
Datos técnicos corroboran la vulnerabilidad de la zona que colinda con el mar Pacífico. La organización Geólogos del Mundo realizó un estudio en la zona al que llamaron “Caracterización y análisis de las dinámicas de las bocanas de Barra de Santiago y Garita Palmera en la Microrregión Ahuachapán Sur”. A través de análisis territorial y satelital concluyeron que entre 1949 y 2011, los márgenes de la bocana de Garita Palmera se han erosionado entre 600 y 750 metros. Frente a la comunidad, además, los movimientos han generado un banco arenoso de 900 metros.
La organización comunitaria parece ser, en algunas de estas comunidades, la única respuesta ante los efectos del cambio climático. Raquel Mendoza, de Garita Palmera, comenta que pese a que los fondos del proyecto de huertos caseros y cosecha de agua están por finalizar, ella espera poder seguir por su cuenta. Benigno Gómez lamenta, por su parte, invertir mucho tiempo en el monitoreo de calidad de agua, vigilancia del manglar, trabajo comunitario, pero no recibir una paga.
Algunas aldeas y caseríos han logrado a través de la unión poder resolver, por ejemplo, el problema de acceso al agua. En El Salvador, ese rol lo han desempeñado desde décadas atrás las Juntas de Agua. Hasta 2016, las asociaciones o juntas de este tipo en todo el país eran 2,325, según un catastro levantado con ayuda de la cooperación española. De estas, por lo menos 340 están en los municipios más altamente vulnerables a la sequía.
En contraste, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador concedió entre abril de 2021 y junio de 2022 - datos disponibles en su página de transparencia - 870 permisos de riego y uso de agua para empresas y asociaciones de agricultores. Pero 486 de esos permisos, o sea más del 50%, fueron concedidos a una sola empresa y su representante legal: a la Sociedad Agroindustrial El Paraisal, también conocida como COAGRI, S.A. de C.V., una de las compañías de la caña de azúcar más poderosas de El Salvador.
Una publicación de 2020 reseña datos sobre un estudio que arrojó que COAGRI, S.A. de C.V. podría estar utilizando hasta 9,332 litros de agua por segundo para el riego del monocultivo de caña. Para este reportaje se buscó la postura de COAGRI, S.A. de C.V. a través de Grupo Cassa (Compañía Azucarera Salvadoreña), pero no respondieron la petición de entrevista.
El aislamiento, otro problema
Lucío Gómez ha sido agricultor toda su vida, en la comunidad Gualguire, municipio de Erandique, en el departamento de Lempira (Honduras). Desde hace cuatro años su parcela de milpa ha venido reduciendo su producción. Antes, dice, sacaba 18 quintales para la subsistencia de su familia. “Hoy quizá la mitad”. A inicios de agosto muestra una parcela irregular: tras la siembra dejó de llover y las matas de milpa no alcanzaron a absorber el fertilizante. El 9 de agosto contaban ya 15 días sin lluvia.
En Gualguire, dice Gómez, la ubicación los complica. La lluvia se pierde entre la sinuosidad del terreno y no siempre llega al territorio. Cada vez llueve menos, cuenta. Los cultivos, además, cada vez son más propensos a plagas. Varias matas de maíz lucen con hongos. Las plantas de chile que sembró dentro de un invernadero artesanal - o “casa malla”, como la llaman - perdieron su última cosecha por la mosca blanca; y los cultivos de café cercanos tienen rastros de roya.
Erandique comparte casi todas las vulnerabilidades de Garita Palmera y Jocotán. Pero el municipio tiene un factor más en su contra: su aislamiento. Para llegar a la zona es necesario conducir cerca de 25 kilómetros en una calle de tierra irregular, erosionada y con piedras de gran tamaño, que bien pueden implicar dos horas de recorrido.
Ricardo Hernández es el gerente general del Consejo Intermunicipal Cafeg, una mancomunidad integrada por los municipios de Erandique, Santa Cruz, San Andrés, San Francisco, Gualcinse, Candelaria, Piraera y San Miguelito, y fundada hace 23 años. Según Hernández, la organización y la discusión ante problemas comunes les ha permitido hacer un mejor frente a los efectos del cambio climático en la zona. Desde 2011 ejecutan proyectos y fondos para tal fin. Hernández dice que, por el aislamiento, muchos proyectos del gobierno central no llegan a la región.
Cafeg ha ejecutado 270.6 millones de lempiras en proyectos entre los años 2011 y 2023, es decir, unos US$11.2 millones. El destino ha sido capacitaciones, proyectos de microriego, manejo de microcuencas, seguridad alimentaria, entre otros. La mancomunidad es la responsable de administrar el área natural protegida Parque Nacional Congolón, Coyucutena y Piedra Parada, que abarca los municipios de Erandique, Gualcinse y San Andrés.
Hernández destaca que el área natural es una de las mayores responsables de alimentar el agua de la cuenca del río Lempa, de El Salvador. Pero el parque es una contradicción para las comunidades. Lucío Gómez ni siquiera sembró la cosecha de frijol, únicamente unas pocas plantas. Al notar lo escaso de las precipitaciones prefirió no hacerlo. Tiene un sistema de microriego pero no siempre funciona y las mangueras deben reemplazarse prácticamente cada año por el deterioro.
La falta de lluvias provocó que las matas de milpa no se desarrollaran bien y, aunque crecidas, sus troncos se quedaron delgados. La experiencia de Gómez lo hace conocedor del futuro. Dice que en septiembre u octubre, cuando algunas lluvias más copiosas se manifiesten, perderá la cosecha, porque las plantas no resistirán el agua y la fuerza de los ventarrones.
Eso fue lo que le sucedió a Martín Mercado, otro agricultor de subsistencia en la comunidad San Antonio Montaña, de Erandique. “Hubo lágrimas”, dice con la voz quebrada por el recuerdo. En 2022 cuenta que perdió toda su cosecha de maíz y parte de la de café producto de la acumulación de agua.
Mercado está convencido de que los efectos del cambio climático los están afectando de múltiples maneras. A sus cultivos les llegan plagas que antes no eran frecuentes, como que algunos de sus cafetos tengan roya actualmente. La lluvia llega, pero escasa, o copiosa por poquísimos minutos. Y también sabe que, en esta región, no tiene otra opción más que seguir intentando la siembra, ya que no hay fuentes de empleo. Está unido al territorio y sus problemas.
Sus cultivos de café y milpa se extienden, en parte, en terrenos áridos e inclinados. Pero Mercado no se detiene: acomoda y limpia malezas, resiembra, coloca abono, verifica y cuida las matas nuevas, crea un vivero. Así, todos los días.
Asegura que el año pasado, en 2022, hubo una cosecha “excelente” de naranjas. “Naranjita que salía la vendíamos”, dice mientras es seguido a cada paso por Chira, Brisa y Leo, sus tres perros. Cuando Mercado va trabajar al campo lleva cuatro almuerzos: el de él y el de sus acompañantes. Todo el traslado de cultivos desde la finca hacia afuera se hace en bestia. Ningún vehículo puede entrar a la zona.
Pero este año, los naranjales también están con plaga. El agua potable se surte mediante proyectos comunitarios en San Antonio Montaña, pero Mercado dice que les toca racionarla bastante en verano. “Las fuentes pequeñitas ya se perdieron”, dice.
Otros habitantes optan por irse. Ricardo Sanches, de Cafeg, asegura que la migración hacia los Estados Unidos en el municipio es habitual. Datos del Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras dan cuenta que en los últimos años hubo 13,669 hondureños retornados del departamento de Lempira.
Raquel y las otras 11 mujeres de Garita Palmera, Raúl, Marcos, Lucío y Martín seguirán sembrando, dicen. Aunque tengan que arrancarle las cosechas a una tierra marchita a fuerza de fertilizante y creatividad. Aunque las lluvias, las sequías, las iguanas o las plagas se lleven en pocas horas lo que costó tres, cuatro, o cinco meses construir. Porque todos coinciden en que nunca un político se ha asomado nunca por esas aldeas. Se tienen a ellos mismos y la tierra, en un solo respiro de vapor seco.
CRÉDITOS: Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR). Edición: Daniel Lizárraga, Jessica Ávalos, Investigación y escritura: Suchit Chávez, Fotografía: Jessica Orellana Video: Jessica Orellana, Marvin Romero, John Galeano Edición de video: Marvin Romero Ilustraciones y concepto gráfico: Mariana Matal, diseño editorial: Edgardo Mendoza