Aunque el Gobierno tenga aval de la Asamblea Legislativa para hacer compras directas durante el régimen de excepción sin los controles que pone la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), los funcionarios que puedan incurrir en ilícitos no estarán exentos de responsabilidad futura por sus actos, explicó un abogado consultado.
“La posibilidad de que se deduzca responsabilidad para los funcionarios que, por ejemplo, cometan actos de corrupción es indistinta del régimen jurídico de adquisición. Con LACAP o sin LACAP si violan la ley o se quedan con los recursos de todos en algún momento se les podría hacer responsables patrimonial, civil o penalmente”, explicó José Marinero, presidente de la Fundación Democracia Transparencia y Justicia.
De hecho, además de las compras de urgencia que haga cualquier ministro o funcionarios mientras dure el Estado de Excepción (30 días a partir del lunes) hay otros candados que ha quitado la bancada legislativa de Nayib Bukele a petición del mismo gobierno para tener luz verde a hacer compras sin controles de la Lacap.
La semana pasada, los diputados cian aprobaron la Ley de cárceles, la cual permite al gobierno contratar obras sin necesidad de usar la Ley Lacap. Este martes también aprobaron la Ley del Tren del Pacífico y la del Aeropuerto de La Unión, la cual tampoco pasará por esos candados.
Ambiente propicio para impunidad
Sin embargo, pese a que quitar esos filtros no blinda a los funcionarios de responder por cualquier irregularidad, Marinero considera que dadas las actuales condiciones en las cuales la separación de poderes es inexistente luego de que la bancada del presidente Bukele destituyó los magistrados de la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo de 2021 para imponer funcionarios afines lo hace complicado.
“Por supuesto, en las actuales circunstancias de impunidad creadas a raíz de la toma de la justicia eso (que funcionarios respondan por posibles ilícitos) sería muy difícil, pero nada dura para siempre”, sentenció el presidente de DTJ.
Expertos en transparencia han cuestionado la costumbre del gobierno actual de ocultar los procesos de compra amparados en el régimen de excepción.
“Lamentablemente, este gobierno se ha caracterizado por evadir los controles de las compras públicas. En lugar de dejar un legado de transparencia, probidad y rendición de cuentas, optó por la opacidad y eliminar a las instituciones que podían auditar y verificar el uso de fondos públicos y por limitar el derecho de la población a conocer la ejecución de los gastos. La ciudadanía debe saber que la falta de transparencia abre las puertas y ventanas de la corrupción", afirmó Ruth López, directora anticorrupción de Cristosal.
Similar opinión brindó Xenia Ortiz, también de la Fundación DTJ, quien recordó "abolir los controles en las compras y contrataciones públicas ha sido y es una de las acciones constantes de este gobierno desde la pandemia, aprovechan cualquier problemática o situación de emergencia en este país para revestir de 'legalidad' haciendo creer a la población que esas medidas son necesarias para actuar de manera rápida en este caso frente a la problemática de la inseguridad”.
Marinero explicó que una vez termine el Estado de excepción, también terminará el decreto transitorio para evadir la Lacap en las compras.
“Toda compra relacionada con el régimen de excepción se regirá por las normas que emita la UNCA, así dice el artículo 1 de ese decreto. Una vez levantado el régimen de excepción también se acabará ese régimen de compras al margen de la LACAP y por tanto se volverá a aplicar la LACAP en toda adquisición gubernamental”, explicó.