El alcalde de La Paz Centro, Napoleón Armando Jirón, fue enviado este lunes a prisión preventiva junto al jefe del departamento de Catastro de la misma alcaldía, César Ticas, tras enfrentar una audiencia en el Juzgado de Paz del distrito de San Luis La Herradura.
Ambos seguirán procesados bajo detención por cargos de incendio y actos arbitrarios. Jirón y Ticas fueron capturados el 14 de mayo después de que se difundieran videos de ramadas a orilla de la playa Costa del Sol siendo quemadas supuestamente por orden del alcalde.
Este hecho derivó en el arresto de los funcionarios y el Concejo Municipal en sesión extraordinaria ese mismo día decidió que Miriam Granados Minero ocupara el cargo de alcaldesa interina, y solo tres días después, el 17 de mayo fue destituida y en su lugar nombraron a Amílcar Efigenio Arias.
Minero denunció en sus redes sociales a "personajes de partidos políticos", concejales y personal que labora en los distritos de La Paz Centro (El Rosario, Jerusalén, Mercedes La Ceiba, Paraíso de Osorio, San Antonio Masahuat, San Emigdio, San Juan Tepezontes, San Luis La Herradura, San Miguel Tepezontes, San Pedro Nonualco, Santa María Ostuma y Santiago Nonualco) de "bloquear su trabajo como alcaldesa en funciones y secuestraron documentos de la municipalidad".
Sobre la audiencia de Jirón y Ticas, decenas de personas se concentraron en las afueras de la sede judicial para pedir un proceso justo para el edil electo bajo la bandera de GANA en marzo pasado y para el jefe de catastro, misma situación del pasado viernes 24 de mayo cuando la Fiscalía los acusó formalmente.
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La Fiscalía asegura que los procesados "sobrepasaron" la decisión de un tribunal ambiental que había ordenado el estudio de los permisos de operación de las ramadas, pero no su destrucción.
Ezequiel Córdova, secretario municipal de La Paz Centro, afirmó que el Concejo Municipal ha entablado diálogo con los comerciantes afectados por el desalojo, explicó que se ha comenzado la devolución de sus pertenencias que estaban en las ramadas, que acordarán una compensación monetaria por los daños y que serán reubicados en otro sector de la Costa del Sol, aunque ya no la orilla de la playa, puesto que ya hay una ordenanza municipal que prohíbe el establecimiento de ramadas en esa zona.
