El acceso a los servicios de salud puede representar un desafío para los salvadoreños, sobre todo para las familias que tienen uno o más miembros con algún tipo de discapacidad, se estima que en 2023 la mitad de los hogares se encontraban en esta situación.
De acuerdo con datos publicados a través del Análisis sobre la situación de las personas con discapacidad en El Salvador 2023, realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas El Salvador (UNFPA), el 55.1% de los hogares tienen al menos un miembro de la familia con algún tipo de discapacidad.
Actualmente existen diferentes tipos de barreras para garantizar el derecho a los servicios básicos de salud de esta población, entre las que se encuentran las barreras económicas, de comunicación, institucionales e incluso físicas que van desde bloqueos de acceso a los centros de salud y un trato adecuado a las necesidades de cada paciente, según el informe.
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“En las áreas rurales hay muchas dificultades. A las familias con personas con discapacidad les cuesta llegar a los hospitales de segundo nivel que están en las ciudades. Toca que pagar carro particular. No se puede viajar en bus con una persona con discapacidad… otra dificultad es el medicamento… Es una de las cosas que más faltan en las unidades de salud… a veces, hay que irlos a buscarlos a las ciudades… La situación es más difícil para las personas que tienen un consumo permanente como las que toman medicamentos psiquiátricos. Esos hay que irlos a buscar al hospital de Soyapango”, señala un testimonio anónimo de familiar responsable de persona con discapacidad.
La urgencia de generar espacios públicos amigables con las personas con discapacidad se volvió más visible a partir de la pandemia por Covid-19, debido a que en ese año las consultas de este sector cayeron abruptamente después de tres años a la alza. En 2019 se registraron 8,833 consultas de personas con discapacidad en la red hospitalaria, pero en 2020 solo 3,057 pacientes accedieron a los servicios, según los datos oficiales obtenidos a través del Ministerio de Desarrollo Local.
Durante este periodo las personas con discapacidad sufrieron diferentes dificultades que les hicieron alejarse de las instituciones de salud entre ellos el hecho de no poder ingresar a las consultas acompañados por un familiar para recibir una retroalimentación de las indicaciones o los diagnósticos mismos.
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El análisis del UNFPA sostiene que la prevalencia de enfermedades crónicas es más alta en las personas con discapacidad y ronda el 40.5%, en comparación de las personas sin discapacidad 11.2%
Uno de los datos más alarmantes destacados en la investigación es que 45 de cada 100 mujeres con discapacidad ha desarrollado una enfermedad crónica.
En El Salvador, la mayor parte de la población no cuenta con seguros públicos o privados de salud que alivien la carga financiera de los gastos de consultas, exámenes, medicamentos, hospitalizaciones, entre otros. Bajo este contexto, el Ministerio de Salud adquiere una relevancia cotidiana significativa debido a que representa una alternativa de atención accesible para la satisfacción de necesidades en salud, especialmente en casos de enfermedades costosas para personas con bajo poder adquisitivo.
En el mismo escenario, las personas con discapacidad enfrentan mayores niveles de exclusión. Según los datos desagregados más recientes por condición de discapacidad que corresponden a la ENPD 2015, menos de la quinta parte de las personas con discapacidad tenía un seguro de salud público o privado, sin detallar si son beneficiarios o titular contribuyente.