El abogado constitucionalista Enrique Anaya enfatiza que la justicia constitucional en El Salvador no funciona en tanto a la falta de democracia en el país y por el tratamiento del acuerdo de reforma al artículo 248 de la Carta Magna, pendiente de ratificarse en la Asamblea Legislativa.
Anaya expuso en su entrevista de este lunes en Megavisión que El Salvador dejó hace mucho de vivir en un Estado democrático y cuestionó la falta de cumplimiento de parte de los magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional.
“Esta Sala de lo Constitucional impuesta no sirve como un instrumento de control del poder, que es lo que debería de hacer. Contra esa reforma que se aprobó hace seis meses, se presentaron varias demandas de inconstitucionalidad y están engavetadas”, señaló el abogado en referencia al acuerdo de reforma.
“Quien debería de controlar los abusos o no del gobierno es una Sala de lo Constitucional en los temas constitucionales y no lo hace, entonces significa que no está funcionando”, añadió.
Anaya advirtió que de efectuarse la ratificación del acuerdo de reforma, Nuevas Ideas podrá cambiar la Constitución en una misma mañana o jornada en el pleno. Esta legislatura tendría oportunidad de ratificar hasta el 30 de abril de 2027.
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El pasado 29 de abril, la legislatura anterior (también controlada por Nuevas Ideas) aprobó un acuerdo de reforma a la redacción del artículo 248 sobre el mecanismo a seguir para generar modificaciones a la Carta Magna.
Hasta el momento, se mantienen que para efectuar la reforma de la Constitución se podrá acordar por una Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Y para que tal reforma pueda decretarse deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los dos tercios (mayoría calificada) de los diputados electos.
Y el acuerdo aprobado por el oficialismo reza: “La reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Para que tal reforma pueda decretarse deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los dos tercios o por la misma Asamblea Legislativa con el voto de las tres cuartas partes de los diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial…”.
El experto expuso que dicha medida es inconstitucional, pero que otro problema al que se enfrenta el país es que ya se presentaron las demandas contra esta y no se resuelven por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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“Tienen seis meses que tienen guardada la demanda, ya se recurrió, lo que se está evidenciando es que no funciona el sistema judicial”, aseveró.
“Más allá de que la reforma representa una amenaza, es una realidad que El Salvador ya lo está padeciendo y sufriendo la gente”, reflexionó Anaya, señalando la pérdida de garantías constitucionales vigentes en el país.
Audiencia CIDH
Recientemente, organizaciones de la sociedad civil y profesionales del Derecho participaron de una audiencia en la que demandaron al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una amplia lista de situaciones que vulneran el sistema democrático interno.
Las particiones que las organizaciones y Anaya presentaron fueron:
1-Pedir que deseche el acuerdo de reforma.
2-Que priorice el Estado a todos aquellos que tienen que ver con las personas detenidas ilegalmente.
3-Que El Salvador se incluya en el listado de países que violan los derechos humanos.
¿Parte de la oposición?
Anaya se refirió a algunas críticas que suelen recibir de parte del oficialismo, como por ejemplo que los acusen de ser opositores del gobierno.
El abogado puntualizó que tanto él como las organizaciones que participaron en la demanda ante la CIDH, como Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA y la Fundación para el Debido Proceso, no ven una inclinación partidaria.
"No veo una postura política, veo una fundada y seria preocupación por el país", concluyó.