La investigación regional "33 años de corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica: Acciones que Vienen", refleja que el problema de corrupción se ha mantenido por más de tres décadas en Guatemala, El Salvador y Honduras, pese a los sistemas democráticos.
El estudio fue presentado este miércoles y fue realizado por el El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), Acción Ciudadana de Guatemala y Cristosal de El Salvador, como integrantes del Centro Contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC).
Cada organización hizo una investigación del periodo 1990 a 2023, tratando de construir una visión global de los casos de corrupción de mayor relevancia para cada país, que implicaron apropiación o mal uso de recursos públicos.
"Estas exacerbaciones se han construido con decisiones totalmente viciadas y bajo la impunidad, tejidas por una red de complicidad entre funcionarios, actores privados, alguna parte de la cooperación y medios de comunicación que corrompieron el pacto social", señala el informe.
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Añade que el fenómeno de cooptación o poder de influenciar las decisiones gubernamentales con miembros que toman decisiones sobre la gestión de problemas, es parte de la permanente capacidad de influencia de los grupos económicos, legales e ilegales, de mayor capacidad hegemónica.
Señala que la corrupción ha coexistido a pesar de o en complicidad, con las instituciones encargadas de perseguir a aquellas empresas y autoridades de alto rango que cometen delitos de corrupción.
"Lo común en los tres países. Realmente tenemos una democracia autoritaria, el sistema autoritario con destellos democráticos en el Triángulo Norte es un problema mayor que no es percibido por las organizaciones políticas", dijo Rodulio Perdomo, investigador del FOSDEH.
Y al advertirse la impunidad en estos casos, se afecta a la sociedad. "El público de ligeras concepciones políticas elige migración, es decir, nos vamos huyendo; violencia social, golpes de Estado como las únicas salidas posibles bajo un sistema democrático desnaturalizado, deformado",
Rodulio Perdomo, FOSDEH
"La normalización de prácticas corruptas a desviado recursos esenciales, debilitando la democracia y profundizando las desigualdades sociales", dijo la abogada Ruth López, jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristosal.
Los casos emblemáticos
De los casos analizados, en El Salvador destacó de 1990 a 1999 el vínculo de los Panamá Papers y el asesinato de los jesuitas; los cheques millonarios de la partida secreta, desvío de donaciones de Taiwán, corrupción en licitaciones de ANDA y la estafa y fraude del sistema financiero e inversiones de seguros.
De 2000 a 2009 se analizó el desvío de fondos para el partido ARENA, el enriquecimiento ilícito del expresidente Mauricio Funes, una red de lavado de dinero de un exdiputado, obras públicas sin supervisión y pagos indebidos, hospitales inconclusos y la justicia engavetada de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
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Y de 2010 a 2023 se analizaron contratos irregulares y enriquecimiento injustificado en el caso de Nayib Bukele cuando fue alcalde, las becas y préstamos estatales a favor de familiares de funcionarios, plazas fantasmas en la Dirección de Centros Penales, venta de alimentos del Programa de Emergencia Sanitaria, compras irregulares en el Ministerio de Salud y el saqueo del Banco de Desarrollo.
"En El Salvador, en los casos más graves de corrupción descritos en este trabajo, se ha podido evidenciar la desviación de fondos públicos a particulares por la cantidad de $966.9 millones de dólares desde el año 1995 hasta el año 2017", indica el estudio.
“Para desmantelar esta cultura de tolerancia hacia la corrupción es fundamental implementar una estrategia integral que incluya la educación y concientización de la ciudadanía”,
Ruth López, Cristosal
Añade que desde 2021 ha ocurrido una cooptación de las instituciones de control y que la corrupción es avalada desde la misma presidencia de la República. "El hecho de que los últimos expresidentes hayan sido acusados formalmente de corrupción por la indebida utilización de recursos públicos, uno que efectivamente lo ha confesado y el actual de quien se han realizado acusaciones serias respecto de su círculo de colaboradores más cercanos, hace patente evidenciar la carencia de controles orgánicos, el desinterés de la clase política por las necesidades de la ciudadanía y la falta de planificación institucional de los objetivos de las políticas públicas", enfatiza la investigación.
En el escenario actual de cooptación institucional, la recomendación primordial para garantizar la independencia de las instituciones es que la elección de sus titulares se realice a través de procesos transparentes, con participación de la ciudadanía y la sociedad civil organizada, y basados en méritos.
Misiones internacionales
Otra coincidencia de los tres países fue que contaron con misiones internacionales contra la corrupción: La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
La CICIES fue una oferta de campaña de Bukele y su instalación fue anunciada en septiembre de 2019. Determinó que funcionarios cercanos al Presidente participaron en un esquema de corrupción y presentó 12 avisos a la Fiscalía. El cierre de la CICIES se confirmó en junio de 2021.
La CICIG entre 2007 y 2019 presentó junto con el Ministerio Público presentaron más de 120 casos de alto impacto a los tribunales, identificaron más de 70 estructuras criminales y plantearon más de 100 solicitudes de antejuicio.
Mientras que la MACCIH funcionó de 2016 a 2020. "El comienzo del fin de la MACCIH en Honduras fue cuando comenzaron a presentar casos de corrupción de los diputados", dijo Ana Figueroa, abogada, especialista en estudios de corrupción en FODEH.