En un día de diciembre de 2024 un hombre muestra desechos químicos extraídos del río San Sebastián, contaminado por la actividad minera, en Santa Rosa de Lima, La Unión, pese a que la mina lleva décadas sin operar.
El anuncio del gobierno de Nayib Bukele de revertir la prohibición de la minería metálica en el país para promover la industria extractiva mantiene en alerta a organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, a la academia y la Iglesia Católica en el país por los efectos nocivos que la explotación minera causaría al medio ambiente, principalmente al recurso hídrico.
En el marco de una actividad con la Corporación Andina de Fomento (CAF) Bukele mencionó que pediría la derogación de la Ley de prohibición de la minería metálica aprobada en 2017 y que con las ganancias el país tendría la posibilidad de "limpiar" sus ríos contaminados.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y la Universidad de El Salvador (UES) han hecho énfasis en que la minería metálica en el país no es viable, que no es posible una minería sostenible en el país y que sus impactos son nocivos.
Un ejemplo es el río San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, que hasta 2024 sigue contaminado por la actividad minera del siglo pasado, según constata la agencia AFP en una serie fotográfica.
Afectación al agua
El "Informe Especial de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sobre el legado de la Mina San Sebastián y sus impactos en la vida de las poblaciones afectadas", emitido en enero de 2016, un año antes de la prohibición de la minería metálica, señaló las afectaciones tanto económicas como ambientales en la zona y las deficiencias de la Ley de Minería que estaba vigente para entonces.
El ámbito de explotación y concesión que tuvo la mina, de 689 hectáreas, se ubica en la cuenca del río San Sebastián, una vertiente del río Santa Rosa.
"Esta hidrografía genera escurrimientos que se concentran en el cauce principal del río Santa Rosa y se mezclan con flujos y drenajes ácidos provenientes del río San Sebastián, aproximadamente 2.5 kilómetros antes de su ingreso a la ciudad de Santa Rosa de Lima", consigna el informe.
Posteriormente, confluye con el río Pasaquina, el cual desemboca en el río Goascorán.
El informe también refiere de estudios anteriores que indicaron una alta presencia de metales pesados en el río y zona aledaña de San Sebastián, lo que afecta la calidad de agua y la disponibilidad de la misma aún décadas después que finalizó la actividad minera.
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"La explotación minera de San Sebastián no solamente ha impactado severamente sobre la calidad y disponibilidad de las aguas, sino que además se ha llevado a cabo precisamente en la región de mayor afectación por sequía en el país, agravando aún más la escasa disponibilidad de agua que ya existe", dijo la PDDH en 2016.
Elementos históricos
Menciona el informe que la minería en San Sebastián se remonta a 1904 y se hizo más intensa entre 1935 y 1953. En 1969 la mina se convirtió en Minerales San Sebastián y continuó operaciones hasta 1978, cuando cerró a consecuencia del conflicto armado y conflictos laborales.
Reanudó sus operaciones en 1985 y en 1987 la Commerce Group Corporation (CGC) y la San Sebastián Gold Mines Inc. entraron en una empresa conjunta registrada en Wisconsin, Estados Unidos, siendo la década de los 90 la de mayor actividad minera.
El informe señala que con datos proporcionados a la fecha, el terreno de la minera tenía una extensión de 2,078.061 metros cuadrados.
Para 2006 se le revocaron los permisos de la mina de oro y la planta refinadora San Cristóbal, lo que derivó en demandas judiciales en El Salvador y a nivel internacional que no prosperaron para la compañía.
El nombre de la compañía y algunos implementos de trabajo aún son visibles en la mina, así como elementos contaminantes de los químicos que se usaron para la extracción del oro.