Nayib Bukele ha tomado licencia para buscar la reelección presidencial, dejando a Claudia Juana Rodríguez de Guevara como designada presidencial durante los próximos seis meses.
Ante este escenario, el abogado constitucionalista Bertrand Galindo explicó esta mañana en Frente a Frente, que la designada presidencial no asume simplemente la responsabilidad de un despacho, sino que se convierte en la máxima autoridad del país durante el periodo de la licencia presidencial.
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Bertrand Galindo, reconocido jurista y experto en derecho constitucional, desglosó las funciones que recaen ahora sobre Rodríguez de Guevara, quien, además de ser una figura de confianza cercana al presidente Bukele, también tiene un papel clave en las finanzas del gobierno. Su designación representa un cambio significativo en la dinámica gubernamental. "En el gobierno hay un momento de transición, donde ministros están entendiendo el alcance o a quien le reportan", afirmó.
El abogado explicó que la licencia presidencial busca dos objetivos, de acuerdo a lo establecido por la Sala impuesta. En primer lugar, pretende separar al presidente de sus funciones seis meses antes y que deje de ser funcionario en campaña. La licencia fue otorgada por la Asamblea Legislativa del 1 de diciembre 2023 al 1 de mayo 2024, para que Bukele busque la reelección presidencial, a pesar de la prohibición constitucional. También fue aprobada para el vicepresidentee, Félix Ulloa.
Galindo subrayó que, a diferencia de otras situaciones en las que se nombra a un encargado de despacho o es el vicepresidente a quien se designa, en este caso, Rodríguez de Guevara está sustituyendo al presidente en sus funciones, es decir, que Bukele cede todas sus facultades y responsabilidades constitucionales durante estos seis meses.
"Es importante tener muy claro que, con la licencia, el presidente Bukele se separó de todas sus funciones constitucionales. La Policía, el Ejército, la política exterior del país, el Consejo de Ministros; ninguno de estos ámbitos está bajo la dirección del presidente en estos seis meses, sino de la designada presidencial", puntualizó Galindo, y resume que la designación no implica simplemente un cambio de titular en el Ejecutivo, sino una transferencia total de poder durante el periodo de licencia.
Bertrand Galindo también señaló que la juramentación de la designada a la Presidencia debía haberse realizado como presidente en funciones.
En ese sentido, el artículo 235 de la Constitución establece que “todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución”.
Por tal razón, en donde el procedimiento aparentemente no se ha cumplido, el jurista Enrique Anaya considera que dicho nombramiento no siguió los parámetros constitucionales y la funcionaria podría incurrir en delitos al ejercer, pues su elección no resultó de una terna ni se juramentó formalmente como manda la Carta Magna.