La reciente aprobación de la Ley de minería metálica en El Salvador, anunciada con entusiasmo por el presidente Nayib Bukele a través de sus redes sociales y aprobada de manera express por diputados de la Asamblea Legislativa, ha encendido las alarmas de ambientalistas y de miles de salvadoreños que se oponen a esta medida.
Para habitantes de San Isidro, Cabañas, este tema no solo representa una amenaza ambiental, sino que también revive dolorosos recuerdos de una lucha que ha costado vidas y dejado heridas abiertas en su historia reciente.
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Francisco Pineda, líder de la Asociación Comité Ambiental de Cabañas, ha dedicado décadas a luchar contra la minería en su región. "La utilización de cianuro, la deforestación masiva y la contaminación de las aguas destruirán no solo nuestro entorno, sino también nuestra salud", advierte.
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Las comunidades de San Isidro han luchado contra la minería desde hace muchos años, debido a la intención de la empresa Pacific Rim por explotar una mina en la zona. Esta explotación no se llevó a cabo debido a la prohibición de la minería en el país y la empresa tuvo que pagar más de $8 millones de dólares a El Salvador.
Según Pineda, cuando Pacific Rim presentó los estudios exploratorios, se consideraban al menos 45 kilómetros para realizar la extracción de minerales; el distrito solo cuenta con 78 kilómetros, esto significa que, de retomar los mismos estudios, los habitantes de San Isidro podrían tener un espacio más reducido para vivir.
El líder ambientalista también enfatiza que los efectos de la minería afectarían no solo a San Isidro, sino a comunidades en los alrededores del río Lempa. "No podemos permitir que destruyan nuestro único río potable", enfatiza.
Por su parte, Patricia Pineda, residente del Cantón Llano de la Hacienda, siempre en Cabañas, recuerda el impacto devastador que tuvo la exploración minera hace años en esa zona: "Siempre habrá daños, aunque digan que no utilizarán químicos. La minería siempre deja un legado de contaminación".
Patricia también subraya las preocupaciones sobre el agua, ya que su comunidad depende de nacimientos para consumo y actividades diarias. La situación se complica aún más con las limitadas alternativas económicas en la zona, que incrementan la dependencia de los recursos naturales para subsistir.
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Nery Cortés, otro habitante de la zona, recuerda que su papá le contó cómo sufrió la pérdida de ganado durante la exploración, debido a un presunto derrame químico que contaminó fuentes de agua. "Para nosotros, perder un animal es una pérdida irrecuperable. Tal vez para otras personas que tienen más recursos que uno, no implica mucha pérdida, pero para uno que vive de eso es una pérdida que ya no se puede recuperar ", comenta.
Estos relatos destacan los temores de las comunidades frente a la minería, ahora reforzados por la reciente derogación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica por parte de la Asamblea Legislativa. La derogación pone fin a una de las mayores conquistas sociales de 2017, lograda tras años de movilización y resistencia comunitaria.
Esta ley, considerada un hito mundial por ser la primera en su tipo, fue resultado de un consenso nacional que involucró a ambientalistas, líderes religiosos y académicos. La decisión de revertirla ha sido percibida por muchos como un retroceso en los derechos humanos y ambientales del país.
La reapertura minera no solo amenaza la estabilidad ambiental, sino también la social. Según Pineda, la minería fomenta la migración al despojar a las comunidades de sus recursos. "Sin agua ni tierra, la gente se verá obligada a buscar otras tierras para vivir", afirma.
Las consecuencias
El impacto ambiental de la minería en El Salvador ya ha dejado un legado preocupante. Zonas como San Sebastián, en La Unión, son ejemplos alarmantes de contaminación. Estudios realizados por el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) documentaron cómo los drenajes ácidos de minas abandonadas continúan afectando la calidad del agua, con altos niveles de metales tóxicos como hierro, plomo y manganeso en los ríos y suelos.
La mina San Sebastián, por ejemplo, es conocida por su agua de color naranja debido a la acidez y los metales pesados presentes. Según expertos, esta contaminación no solo destruye ecosistemas, sino que también pone en peligro la salud humana y los recursos hídricos de comunidades enteras.
Los impactos ambientales también se manifiestan en el uso intensivo de químicos como el cianuro, empleado para separar el oro de la roca. Este proceso genera millones de toneladas de desechos tóxicos que contaminan el agua, el suelo y el aire. La experiencia de otros países demuestra que los daños ambientales son, en su mayoría, irreversibles. En El Salvador, un país pequeño con alta densidad poblacional, la capacidad de recuperación de los ecosistemas es aún más limitada.
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Mientras tanto, el gobierno asegura que la minería traerá desarrollo y empleo. Sin embargo, estudios internacionales y locales demuestran que en un país densamente poblado y con recursos hídricos limitados como El Salvador, la minería es insostenible. Francisco Pineda cuestiona estas promesas: "Nos están vendiendo mentiras. Las empresas nunca reportan ganancias reales para evitar impuestos, y lo poco que dejan no compensa los daños".
La recién aprobada Ley de minería metálica tampoco deja claro cómo serían utilizados los recursos generados por la explotación, cuál sería la participación del Estado ni obliga a que estos ingresos se utilicen para reparar el daño ambiental.
Impacto en la salud
Pineda explica también que en su experiencia, la mayor parte de los empleos prometidos no benefician a los residentes locales, ya que trabajar en una mina tiene graves consecuencias a la salud y los salarios no son altos ni tampoco se garantiza un seguro médico para las afectaciones por metales pesados.
Los riesgos a la salud asociados con la minería metálica son significativos. La exposición a químicos como el cianuro y el mercurio puede causar enfermedades graves, incluyendo cáncer, problemas respiratorios y trastornos neurológicos. Además, la contaminación de fuentes de agua con metales pesados puede provocar enfermedades renales y daños irreversibles en los sistemas nervioso y digestivo, afectando especialmente a poblaciones vulnerables como niños y ancianos. A largo plazo, estas sustancias tóxicas se acumulan en el medio ambiente, aumentando el riesgo de afecciones crónicas en las comunidades cercanas a las zonas de extracción.
En este contexto, la sociedad civil se prepara para resistir, como la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, en defensa del agua y el medio ambiente.
En 2009, resistirse a la minería cobró vidas. Los asesinatos de activistas como Marcelo Rivera y Dora Sorto, junto a su hijo no nacido, son recordatorios del alto costo de esta oposición. Estos crímenes marcan un oscuro precedente de violencia y represión. Además, estas tragedias dejaron huellas imborrables en las comunidades afectadas, donde aún prevalece el miedo al enfrentamiento con grandes corporaciones y las autoridades.