La organización internacional defensora de Derechos Humanos Front Line Defenders mostró su preocupación por la situación de salud de los ambientalistas de la comunidad Santa Marta y la falta de respuesta a dos recursos de apelación.
"La falta de respuesta a los recursos presentados por la defensa legal, sumado a la falta de atención médica adecuada, afecta el estado de salud de los defensores tanto física como mentalmente", expresó esa organización.
El Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque notificó el pasado 2 de julio a los imputados que el juicio en su contra sería postergado hasta el 8 de octubre del presente año.
La Fiscalía acusa a Alejandro Laínez García, Miguel Ángel Gámez, Pedro Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Rivas Ortega por el asesinato de una mujer que fue torturada y ejecutada durante el conflicto armado, cuando ellos eran parte del grupo guerrillero FMLN.
Sin embargo, organizaciones sociales han denunciado que se trata de una persecución, por el trabajo que realizan en defensa del medioambiente, luego de la firma de los Acuerdos de Paz.
"Front Line Defenders considera que esto continúa siendo una forma de represalia a su labor de defensa del medio ambiente y territorio comunitario, especialmente por el trabajo que realizaron frente a los efectos adversos de la minería metálica en el país", señaló.
Asimismo la organización expuso que la defensa legal de los ambientalistas ha presentado dos recursos de apelaciones que hasta la fecha no han sido resueltos.
Por otra parte, aseguró que los familiares han denunciado que la Policía Nacional Civil (PNC) en varias ocasiones no ha cumplido con la orden judicial de trasladar a los imputados a un centro de salud.
Los ambientalistas se encuentran bajo arresto domiciliario desde septiembre de 2023, luego vivieron bajo preocupantes condiciones de hacinamiento.
“Las enfermedades crónicas que ya padecían previo a la detención se han agravado y han desarrollado otros padecimientos que afectan su salud física y mental”, recalcó la organización.