El Juzgado Primero de Sentencia de San Miguel suspendió ayer por cuarta vez el juicio contra cuatro supuestos integrantes de los “Escuadrones de la Muerte” acusados de secuestrar, torturar y asesinar a cinco personas civiles en el cantón San Andrés, municipio de San Miguel, en 1981.
“Por cuarta ocasión ha sido suspendida la vista pública contra los acusados de perpetrar cinco ejecuciones extrajudiciales como un escuadrón de la muerte en el cantón San Andrés. El sistema judicial sigue fallando, sigue sin dar acceso a las víctimas a la justicia en este caso que se configura un crimen de guerra y de lesa humanidad” declaró David Morales, Jefe de Justicia Transicional de Cristosal.
Según la acusación fiscal, los militares José de la Cruz Orellana, Luis Alonso Benavides Polío, José Inés Benavides Martínez y Ángel Aníbal Alvarado Benítez son los responsables materiales del crimen.
Morales explicó que esta vez nuevamente falló el apoyó técnico de la dirección de desarrollo tecnológico de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que no tuvo la capacidad de garantizar la comparecencia virtual de uno de los imputados.
El abogado también señaló como “negligencia extrema” por parte de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) que tampoco garantizó la presencia física del procesado en la diligencia judicial.
“Juzgar criminales de guerra parece que no interesa al actual sistema de justicia, a las actuales autoridades de gobierno, concretamente de la Dirección de Centros Penales” manifestó Morales.
El caso denominado San Andrés es el primero contra un escuadrón de la muerte que ha llegado a la etapa de vista pública, desde que se firmaron los Acuerdos de Paz.
El 15 de enero de 2024 el juicio fue suspendido debido a la petición de uno de los defensores argumentando que uno testigos presentados por la defensa se encuentran fuera del país. Además, falló el apoyó técnico y no lograron la presencia virtual de uno de los procesados.
El 15 de mayo de 2023 la vista pública fue suspendida por la ausencia de tres abogados defensores. El 15 de agosto de 2023 no se realizó debido a que en el mismo tribunal había otra audiencia en curso a la misma hora.
“Esto muestra el estado de la justicia actual en El Salvador, una justicia lenta, deteriorada, que en su infuncionalidad sigue garantizando impunidad a criminales de guerra, mientras que las víctimas directas, los y las familiares sobrevivientes siguen sin acceso a la justicia” lamentó Morales.
El hecho
La Fiscalía señala que el 7 de abril de 1981 un grupo de hombres vestidos con uniformes militares sacó a las cinco víctimas de sus casas en el caserío La Mascota, cantón San Andrés, y se las llevaron dentro de unos vehículos con rumbo desconocido.
Un día después los cadáveres de las víctimas fueron hallados enterrados a poca profundidad con señales de tortura y lesiones de bala en el cantón Caulotillo, del municipio de El Carmen en el departamento de La Unión.
Las víctimas fueron identificadas como: Ángel María Chávez Benavides, María Verónica Ernestina Aguilar de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Antonio Magaña Castellón y Rogelio de la Cruz Magaña Castellón.
Unas horas antes del secuestro, los socios y directivos de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El Milagro, se habían reunido en la casa del presidente de esa cooperativa, Ángel María Chávez Benavides.
En la reunión cada uno entregó su aportación económica mensual para el pago de un crédito. El dinero recaudado ascendía a unos 20,000 colones, el cual fue resguardado en la vivienda de Chávez Benavides.
Esa tarde estuvo presente Luis Alonso Benavides, quien era ajeno a la cooperativa, pero observó todo lo que ocurría y quienes habían asistido.
En la comunidad Benavides era conocido como miembro de Orden (grupo paramilitar) y lo tildaban de “oreja”, debido a que se encargaba de llevar información a los militares de la Sección Dos (de inteligencia) de la Tercera Brigada de Infantería, sobre los sospechosos de ser subversivos.
Según testigos, los sujetos que realizaron el secuestro de las víctimas portaban gorros navarone y pañoletas, pero otros andaban el rostro descubierto y escarapelas de la sección dos.
En el ataque los militares se llevaron un revólver, el dinero en efectivo que había sido recogido para pagar la deuda al banco y una máquina de escribir. Hasta el momento, la Fiscalía no ha acusado a ningún jefe militar como autor intelectual del hecho.