El edificio que alberga la casa matriz de la Asociación Cooperativa Santa Victoria, de Responsabilidad Limitada (COSAVI, de R.L.), un inmueble en la esquina surponiente formada por el Paseo General Escalón, dos inmuebles en Santa Ana y un local en un centro comercial de Antiguo Cuscatlán fueron embargados el pasado mes de septiembre, por orden del Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil de San Salvador.
Al menos en un caso, documentos judiciales del proceso judicial que se depura contra COSAVI y más de una treintena de personas más, acusadas de defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos y agrupaciones ilícitas, indican que se trató de recuperar dinero puesto en depósitos a plazo fijo por una persona natural, quien recurrió a la vía civil para recuperar su dinero.
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Otra persona jurídica (empresa de seguros) buscaba recuperar dinero a través de la vía civil. En conjunto, al menos a cinco inmuebles les habían trabado embargo con ese propósito. Esto sucedió el 9 de septiembre anterior, a pesar de la existencia de un proceso penal a través del cual se ha inmovilizado bienes de la cooperativa y de personas que ejercieron funciones en los organismos de dirección y vigilancia de la misma entidad.
La suma en total por la que al menos cinco inmuebles fueron embargados ascendía a 3.3 millones, de los cuales 2.1 millones eran reclamados por una persona natural y 1.2 millones por una persona jurídica, según consta en los documentos judiciales compartidos a este períodico.
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Los inmuebles a los que el juzgado mercantil y civil ordenó embargar fueron un local ubicado en un centro comercial de Santa Tecla, dos terrenos en el barrio Santa Lucía, en la ciudad y departamento de Santa Ana, el local ubicado sobre la calle Gabriela Mistral y la 29 Avenida Norte de San Salvador, donde funciona la sede central de la cooperativa investigada.
Y un quinto inmueble en la colonia escalón que en los documentos es denominado como Torre COSAVI Business Center, que está en una esquina de la 79 avenida Sur y Paseo General Escalón, de San Salvador.
Orden de desembargo
No obstante la orden de embargo emitida el 9 de septiembre por el Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil de San Salvador, el 25 de ese mismo mes, el Juzgado Sexto contra Crimen Organizado ante el cual se ventila el proceso penal, ordenó a las autoridades del Centro Nacional de Registros, al Registro Público de Vehículos y a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), dejar sin efecto los embargos a los cinco inmuebles y no hacer efectiva ninguna orden de embargo o medida cautelar en bienes de COSAVI.
El fundamento para suspender el proceso ejecutivo (y dejar sin efecto los embargos antes mencionados), en el el Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil de San Salvador fue que existía “prejudicialidad penal”, es decir, que mientras no haya una resolución del proceso penal que se realiza contra COSAVI y sus exdirectivos, no se puede continuar con el juicio ejecutivo, según explicaron abogados consultados.
De acuerdo con documentos judiciales a los que se ha tenido acceso, al menos en uno de los procesos ejecutivos, la persona interesada buscaba recuperar su dinero que tenía en COSAVI en depósitos a plazo fijo vencidos a través de un juicio ejecutivo mercantil, mientras que la mayoría de afectados está esperando que la SSF habilite entrega de dinero a quienes tienen más de $25,0000.
Este jueves, un grupo de afectados se concentró en las proximidades de la SSF, para exigir que se habilite una capa más, pues hace ya un mes que esa entidad habilitó la entrega de dinero para los afectados que tenían $25,000 o menos.
La defraudación financiera de COSAVI, que según la Fiscalía General de la República (FGR) asciende a los 35 millones de dólares, ha afectado a más de 10 mil socios y ahorrantes. Según la última memoria de labores de esa cooperativa, la del 2023, eran 10,317 socios.
Muchos de los afectados son personas que estaban jubiladas o salvadoreños que retornaron de Estados Unidos después de trabajar toda su vida, para lograr un retiro digno; en la manifestación de este jueves frente a la SSF, muchos expresaron que no tenían dinero ni para comprar sus medicamentos para tratar sus enfermedades.
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Después de la conferencia que el 9 de mayo anterior hicieron en conjunto la Fiscalía y la SSF, donde expresaron que había suficientes fondos para honrar todos los compromisos adquiridos por COSAVI, la Fiscalía no ha vuelto a informar cómo va la investigación, en tanto que la SSF se ha limitado a informar sobre los grupos a quienes se les ha ido devolviendo el dinero que tenían en la cooperativa.
Desde el pasado 17 de septiembre cuando informó que se entregaría el dinero a afectados que tuvieran $25,000 o menos, no ha vuelto a hacer más anuncios.