El Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, ordenó la detención provisional contra los exdiputados Luis Roberto Angulo Samayoa, Rubén Ignacio Zamora Rivas, Raúl Manuel Somoza Alfaro y Raúl Antonio Peña Flores, y el expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani.
Todos ellos tuvieron un papel clave en la ejecución de los acuerdos que pusieron fin a la guerra de 12 años en El Salvador en 1992. Sin embargo, ahora los acusan del supuesto delito de “encubrimiento personal” de los imputados vinculados a la masacre de El Mozote y lugares aledaños, ocurrida en 1981, que se sanciona con pena de entre seis meses a seis años de prisión.
Es decir, ahora se les criminaliza por la aprobación de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, emitida el 30 de marzo de 1993, que fue respaldada por la comunidad internacional que contribuyó a la pacificación de El Salvador.
A todos les señala que “en su calidad de miembros de la junta directiva de la Asamblea Legislativa de El Salvador, con La resolución, emitida el 22 de diciembre de 2023, menciona también a otros exdiputados: Ciro Cruz Zepeda Peña, Mercedes Gloria Salguero Gross, René Flores Aquino, Ernesto Taufik Kury Aspridis, todos ya fallecidos; y Reynaldo Quintanilla Prado, de quien no se pide la captura.
A todos les señala que “en su calidad de miembros de la junta directiva de la Asamblea Legislativa de El Salvador, con conocimiento de haberse perpetrado un delito y aunque sin concierto previo, ayudaron” a los imputados de perpetrar la masacre “a eludir la acción de la autoridad”.
La resolución de la jueza declara que al ser la masacre de El Mozote un delito de Lesa Humanidad no prescribe (nunca cesa su persecución), por lo que tampoco prescribiría la acción penal por encubrimiento personal atribuido a los señalados.
El Diario de Hoy buscó reacciones de Zamora, pero no respondió a las llamadas a su teléfono. Cabe destacar que Zamora ha sido crítico del gobierno de Nayib Bukele y es parte del movimiento Resistencia Ciudadana, uno de los que más ha señalado la inconstitucionalidad de la candidatura a la reelección de Bukele.
Unos sí y otros no: Sin incluir otros directivos ni mocionantes
El periodista Gabriel Labrador, de El Faro, señaló en sus redes sociales que, aunque la resolución relaciona a la junta directiva de la Asamblea Legislativa cuando se aprobó la ley en 1993, no incluye a tres secretarios: Silvia Guadalupe Barrientos Escobar, José Rafael Machuca Zelaya (PCN) y René Mario Figueroa Figueroa, este último fue funcionario en la administración de Antonio Saca.
“¿Por qué tampoco aparece con orden de captura la exdiputada Sivia Guadalupe Barrientos Escobar que fungía como secretaria en la directiva de marzo de 1993? ¿Tiene algo que ver con que ella después fue jueza hasta el 2021 cuando fue obligada a renunciar por tener más de 60 años?”, cuestiona Labrador.
En cambio, dice el comunicador, el Juzgado coloca a Raúl Antonio Peña Flores, René Flores Aquino y Ernesto Taufik Kury Aspridis, quienes no eran parte de la junta directiva.
“Esos tres diputados sí eran directivos un año antes, cuando la Asamblea aprobó la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, ley que NO es la que está cuestionando con sus órdenes de captura. ¿La jueza sabe eso?”, preguntó Labrador. Tampoco menciona a otros mocionantes de la ley: Rafael Antonio Morán Orellana, Carlos Remberto González, José Roque Calles Amaya, Marcos Alfredo Valladares, Carlos René Calderón y Julio Angel Sorto.
El abogado José Marinero, por su parte, lo calificó como persecución política en redes sociales. “Evidente persecución política. En su ya conocida pantomima, el régimen se escudará en la mentira de que la “justicia” es la que ha decidido”, dijo.
La resolución señala que Zepeda Peña, Salguero Gross, Flores Aquino y Kury Aspridis ya fallecieron, por lo que podría considerarse extinguida la acción penal en su contra; pero el Estado podría exigirles una indemnización a las familias como herederos.
Familia aclara que Zamora fue crítico de la amnistía de 1993
Fue el sábado 20 de marzo de 1993 a las 5:45 p.m. que con 47 votos de ARENA, PCN y el Movimiento Auténtico Cristiano (MAC) le dieron vida al decreto 486 de la Ley de Amnistía. En esa plenaria, el PDC no votó y la Convergencia Democrática, de la que era diputado Rubén Zamora, se retiró del pleno, al no estar de acuerdo con la Ley.
“El gobierno de Nayib Bukele lleva más de tres años investigando a mi padre Rubén Zamora Rivas y no han podido encontrarle nada… Cobardemente quieren encarcelarlo por un delito que no existe. Mi padre no firmó la amnistía y siempre tuvo una postura crítica hacia ella”, escribió en redes sociales Marcela Zamora, hija de Rubén Zamora.
“Esto es persecución política de parte del gobierno de Nayib Bukele”, denunció.
También se pronunció en redes sociales otra hija del político, Lucía Zamora, condenando el hecho. “Me duele mi alma y mi corazón, este gobierno ha pasado investigando a mi padre desde hace más de 3 años y no le han encontrado NADA. Hoy, este gobierno corrupto, sin escrúpulos, sin ética, se inventa que la ley de Amnistía General para la Consolidación de la paz del año 1992 (sic), es una ley que encubrió delitos de lesa humanidad, por tanto los que promulgaron y sancionaron la ley, cometieron delito de encubrimiento de delitos de lesa humanidad y por tanto, esos delitos no prescriben”, expresó.
Agregó que su padre fue torturado en tres ocasiones por la anterior Guardia Nacional en la época de la guerra. “En la época de la paz fue Embajador de El Salvador en India, Estados Unidos, y para Naciones Unidas. Dios santo, si les costó inventarse algo en contra de mi padre”, dijo.