“Hay un deterioro aceleradísimo de desprotección de los derechos fundamentales de la ciudadanía a partir del 1 de enero de 2021”, dice sin ambages el presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, José Marinero, al hacer balance del primer año del golpe al órgano judicial.
El abogado explica cómo al no contar con magistrados independientes, sino que alineados con el proyecto político del presidente Nayib Bukele se corre el riesgo de que la justicia se vuelva política y no técnica, amparada en las leyes.
Marinero reconoce que antes de la administración Bukele, el órgano judicial tenía deficiencias, pero asegura que pese a las fallas tenía una garantía mínima de funcionamiento imparcial, como verdadero árbitro técnico.
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“Uno puede criticar el funcionamiento de la justicia con anterioridad y había corrupción y problemas de eficiencia, pero había alguna perspectiva que siguiendo los procesos usted podía defender sus derechos eventualmente, pero eso ha dejado de existir porque los jueces están plegados en su gran mayoría a los designios del órgano Ejecutivo”, dijo Marinero.
En ese sentido, el presidente de DTJ asegura que la justicia en El Salvador, entendida como acceso a juicios justos, ha quedado degradada no a aspectos legales y técnicos, sino de tráfico de influencias.
“Desapareció una de las garantías centrales del estado de derecho, que un tercero conozca de una controversia en la que está involucrado el estado. Si usted se enfrenta al estado lleva las de perder porque tiene al fiscal, a los jueces, o sea que a usted le den justicia se convierte en un favor. Se convierte en concesión del poder político hacia usted. La justicia dejó de ser un derecho y se convierte en una gracia, en una concesión del poder de turno”, sentencia el jurista.