El decreto legislativo que permite juzgar a los detenidos en grupo es una medida populista y permitirá la condena de personas inocentes, aseguran personas relacionadas a la defensa de los derechos humanos.
Salvador Ruiz, representante del Comité de Familiares de Víctimas del Régimen de Excepción en el Bajo Lempa, considera que el decreto es una medida populista bien montada cuyo precio lo pagan las familias más pobres.
“Yo creo que si seguimos con la misma retórica del Ejecutivo y que esta medida nosotros siempre hemos dicho que es una medida populista, bien montada cuyo precio lo pagan las familias más pobres (…) van a terminar condenando a gente inocente”, expresó.
Ruiz explicó que el juzgar en grupo es una acción planificada, pues el comité ha documentado varios casos en los que en las actas policiales aseguran que las personas han sido detenidas en grupo, pero los testimonios de los familiares y de los vecinos prueban que fueron sacados de su casa, algunos en la noche o la madrugada.
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“Desde las redadas, no dicen que lo fueron a sacar a sus casas, sino que los hallan agrupados en una determinada comunidad, desde ahí los han ido agrupando, o sea que es una cosa que han venido planificando desde ya ratos”, aseguró.
Por su parte, Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, denomina este decreto como “criminal” porque a las personas ya no se les juzgará por sus acciones individuales, sino que se van a colectivizar los procesos.
Escobar además critica el tiempo que las personas consideradas sospechosas pasarán en prisión, por cuatro años, antes de ser encontradas culpables o inocentes.
“El término que le dan a la Fiscalía previo a una imputación es de dos años y eso es muy grave, porque estas personas capturadas van a ser investigadas por dos años antes de imputárseles un delito (…) el término de instrucción, dos años más, lo cual significa que van a ser cuatro años antes que se les declare inocentes o culpables”, expuso.
“Viendo la cantidad de personas inocentes que han capturado es preocupante porque el término de instrucción va hasta agosto de 2025”, agregó.
Más señalamientos
Por otra parte, Escobar ve sumamente grave el hecho que las personas pueden ser asociadas a una estructura delictiva, solo por el hecho de vivir en un territorio que estaba dominado por una pandilla.
“Solo por el hecho de vivir en Alta Vista, si a usted lo denunciaron anónimamente ya es de la 18, si lo capturan en Jardines del Pepeto usted es de la MS. Eso es grave y lo dice el decreto 803”, manifestó.
Ese decreto aprobado por la Asamblea Legislativa, el 26 de julio, permite a la Fiscalía General de la República (FGR) agrupar por estructura criminal o clica a las personas detenidas en el régimen de excepción, tanto los pandilleros como los supuestos colaboradores y ampliar los plazos de investigación dos años más del tiempo establecidos en la ley.
El 30 de agosto, la organización Justicia Social y Controlaría Ciudadana con el apoyo del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) y el Socorro Jurídico Humanitario, solicitaron a la Corte una revisión del decreto, debido a que plantearon que permitirá condenar de forma masiva a los capturados, incluyendo a personas inocentes, pero además viola el principio de retroactividad.
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Asimismo, un informe presentado en septiembre por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por su siglas en Inglés) señaló los vacíos legales de este decreto.
La DPLF planteó que “la ampliación de forma vaga de los criterios” que se utilizan para determinar si una persona pertenece a un grupo criminal puede generar injusticias contra los detenidos.
“Existe el riesgo de que las personas sean indebidamente vinculadas a agrupaciones ilícitas, debido a interpretaciones amplias de estas normas”, expone el documento.
Personas liberadas en riesgo
Ruiz considera que el decreto 803 es un riesgo para las personas que han sido liberadas bajo medidas alternas a la prisión, porque si el fiscal las incluye en un grupo podrían ser capturadas nuevamente.
“Se presentan a firmar y ahí pueden ser inmediatamente detenidos, si han sido vinculados a una clica, entonces tener medidas sustitutivas no es garantía de de de que tiene una libertad definitiva”, advierte.