El juicio instalado por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque del caso denominado Santa Marta, contra ocho integrantes de la ex guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es un hito histórico en la justicia salvadoreña, sin embargo, se ha visto ensombrecido por las denuncias de un supuesto interés por parte del gobierno salvadoreño de utilizarlo para acallar las voces contra la actividad minera en el país.
Esta es la primera vez que un proceso judicial por un crimen perpetrado en el contexto del conflicto armado avanza hasta llegar a la etapa de vista pública, después que se dejó sin efecto la Ley de Amnistía en 2016.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que los ocho imputados, quienes eran integrantes del grupo guerrillero, son los responsables del secuestro, tortura y posterior asesinato de una persona civil identificada como María Inés Alvarenga, cometido en agosto de 1989, debido a que sospechan que ella era informante del Ejército.
Los procesados por este hecho son: Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio.
“Según la investigación, Inés fue sacada de su vivienda ubicada en el cantón Santa Marta, y fue llevada hacia un campamento de la guerrilla del FMLN, donde fue torturada y luego le quitaron la vida. Además, se estipula que todos los implicados en el asesinato tenían algún grado de mando del pelotón, eran parte de las jefaturas, comandantes de zona y a nivel nacional”, destacó la Fiscalía en un comunicado tras las captura de los sospechosos.
El 17 de enero de 2023, cuando la Fiscalía presentó el requerimiento contra los detenidos informó que serían procesados por los delitos de privación de libertad, asesinato y agrupaciones Ilícitas, sin embargo, al inicio del juicio publicó en su cuenta de X (antes Twitter) que solamente son juzgados por asesinato y agrupaciones ilícitas.
#VistaPública I Este día, se lleva a cabo el juicio en contra de 8 excombatientes de la guerrilla, acusados de asesinar a una mujer en agosto de 1989, en Santa Marta, Cabañas.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 8, 2024
La víctima fue asesinada, durante el conflicto armado, porque la consideraban informante del ejército.… pic.twitter.com/YzOYOq119e
Otros casos no avanzan
Representantes de organizaciones y abogados que buscan justicia para las víctimas de los crímenes del conflicto armado consideran que pese a la importancia del caso se ha visto ensombrecido por denuncias a violaciones al debido proceso.
Además, el interés de investigación y la celeridad con la que ha actuado la Fiscalía contrasta con otros casos de la guerra, donde los principales sospechosos son integrantes de la Fuerza Armada.
“El caso de Santa Marta es el primer caso donde se instala una vista pública relacionada a un hecho del conflicto armado interno…no obstante, está ensombrecido por diversas circunstancias que han sido públicamente denunciadas, entre ellas graves violaciones al debido proceso judicial”, manifestó David Morales.
Morales es abogado querellante, en representación de familiares de las víctimas, en los procesos judiciales por la masacre de El Mozote, perpetrada por la Fuerza Armada en 1981 y la masacre de San Andrés, atribuida a un escuadrón de la muerte, la cual fue perpetrada ese mismo año.
El abogado expuso que los otros casos relacionados al conflicto armado “han tenido un trato desigual por el sistema de justicia salvadoreño, y por el contrario, están sufriendo un retardo injustificado”.
“Por ejemplo, el caso de la masacre San Andrés, cuya vista pública debió haberse instalado en el 2023, pero ha sido sometida a seis suspensiones, la mayoría de ellas por negligencia del sistema de justicia y del sistema penitenciario”, manifestó Morales.
El caso San Andrés es el primero en el que supuestos miembros de un escuadrón de la muerte, enfrentan la justicia. Según la acusación fiscal, los militares José de la Cruz Orellana, Luis Alonso Benavides Polío, José Inés Benavides Martínez y Ángel Aníbal Alvarado Benítez son los responsables de cinco ejecuciones extrajudiciales ejecutadas el 7 de abril de 1981.
Las investigaciones indican que un grupo de hombres vestidos con uniformes militares sacó a las cinco víctimas de sus casas en el caserío La Mascota, cantón San Andrés, y se las llevaron dentro de unos vehículos con rumbo desconocido.
Un día después los cadáveres de las víctimas, que presentaban señales de tortura y lesiones de bala, fueron hallados enterrados a poca profundidad en el cantón Caulotillo, del municipio de El Carmen en el departamento de La Unión.
El Juzgado Primero de Sentencia de San Miguel ha suspendido en seis ocasiones la vista pública entre mayo de 2023 y julio de 2024.
Caso Mozote paralizado
Asimismo Morales explicó que en el proceso judicial contra los responsables de la masacre de El Mozote, está paralizado desde hace tres años “por criterios dilatorios que han sido aplicados por la actual jueza” Mirtala Portillo de Cruz.
En marzo de este año, el abogado denunció en una programa radial que el bloqueo a la justicia en el caso de la masacre El Mozote no permite llevar a término el proceso penal contra los 13 militares imputados como responsables del asesinato de más de 1,000 personas en El Mozote y siete caseríos aledaños.
Una de las acciones señaladas por el abogado que violentan el debido proceso es “un permanente bloqueo del expediente judicial contra la acusación particular”.
El abogado explicó que 2023 estuvieron 10 meses sin tener ningún tipo de acceso al expediente, ni copias. “No existen razones válidas para que cualquiera de las partes técnicas, en cualquier caso, no tengan acceso al expediente en cualquier proceso judicial” enfatizó.
Por otra parte, dijo que se están tomando decisiones en torno al proceso sin que medie una resolución fundamentada por el Tribunal o la jueza, quien ordenó una reestructuración del expediente el cual ya tenía casi 200 piezas (cerca de 40,000 folios) de información procesada, sistematizada y ordenada por ambas partes, que les llevó siete años.
“De la noche a la mañana se decide sin mediar una resolución reorganizar el expediente (...) y después de este periodo de meses cuando logramos tener acceso al expediente nos damos cuenta que tiene 55 piezas menos” explicó.
Además, dijo que la jueza ha planteado otras diligencias que pudieran retrasar la investigación de forma indefinida, por ejemplo, investigar a los 1,200 soldados que integraban el Batallón Atlacatl de 1981.
El proceso judicial contra los responsables de la matanza de El Mozote, inició en 1990 bajo el Código Penal de 1974, pero luego debido a la Ley de Amnistía estuvo cerrada por 23 años.
Oscar Pérez, director de la Fundación de la comunicación para el Desarrollo (Comunicándonos) manifestó que espera que así como el sistema judicial funciona para el caso Santa Marta “a pesar que tiene muchas vueltas”, espera que la Fiscalía le de tratamiento jurídico a más de 200 demandas de verdad de justicia que han sido presentadas ante esta institución.
“Hay más de 200 demandas de verdad y justicia donde las víctimas están exigiendo que se lleve a juicio a los victimarios, pero vemos que eso no camina mucho, porque son muy pocos los casos judicializados”, declaró.
La Fundación Comunicándonos es querellante, en representación de los familiares de las víctimas, en el proceso contra altos jefes militares por el asesinato de cuatro periodistas holandeses cometido el 17 de marzo de 1982.
“La exigencia nuestra es que el caso de los periodistas también avance hasta la etapa de juicio y se de una sentencia ejemplarizante, sobre todo para mandarle un mensaje a aquellos que hostigan, asesinan y maltratan a periodistas, como para aquellos violadores de derechos humanos”, expresó Pérez.
El 22 de agosto de este año, la fundación informó que el Juzgado de Dulce Nombre de María envió a juicio al exministro de Defensa, José Guillermo García; al exdirector de la Policía de Hacienda, Francisco Antonio Morán y a Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería, con sede en El Paraíso.
Los acusados son señalados de ser responsables del asesinato de los periodistas Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willsemsen y Hans ter Laag, durante una emboscada realizada por el Batallón Atonal, en el municipio de Santa Rita, Chalatenango.
Denuncian irregularidades
Luego de la captura de los ocho ex combatientes por el caso Santa Marta, organizaciones sociales y ambientales denunciaron que había un interés distinto al de hacer justicia por parte de la Fiscalía.
Según la denuncia de diferentes organizaciones se trataría de una supuesta persecución debido a que luego de los Acuerdos de Paz, las personas señaladas en este caso, se habían convertido en líderes comunitarios, cuya lucha más relevante es contra la minería en la zona de Cabañas.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han pedido una "resolución absolutoria" debido a que consideran que la defensa de los imputados "ha demostrado que no existen pruebas reales" de que ellos hayan asesinado a María Inés Alvarenga.
El 7 de octubre, en vísperas del inicio del juicio contra los exguerrilleros, representante del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes), el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), el Movimiento Universitario Pensamiento Crítico y el Foro del Agua dijeron que es preocupante que el caso no haya sido desestimado por los tribunales de justicia y aseguran que hay una "evidente debilidad probatoria de la Fiscalía que basa su acusación en el relato contradictorio de un testigo protegido".
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— COFAPPES (@cofappes) October 6, 2024
Reserva del caso
Pese a la relevancia del caso, al ser un proceso sin precedentes, el juzgado impuso reserva total al proceso por petición de la Fiscalía, la cual hasta ahora no ha explicado públicamente en qué se basó la petición.
La reserva total implica restricciones a la prensa para la cobertura de las diligencias judiciales y los periodistas no pueden ingresar a las audiencias.
Gabriel Labrador, ex relator de la libertad de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), considera que este tipo de reservas demuestra que las autoridades de justicia ocupan la institucionalidad a conveniencia.
“Se utilizan los formalismos, a veces, de manera excesiva, cuando le conviene a la institucionalidad y al gobierno, en este caso”, señaló.
Labrador recordó que ha habido serios cuestionamientos sobre la robustez de las pruebas, si el testigo es idóneo y por qué se está persiguiendo a los imputados en el caso de Santa Marta y por tanto resulta conveniente para el gobierno y la Fiscalía de turno ocultar la manera en que se está procediendo.
“La reserva solo tiene sentido si lo vemos desde esa óptica, que en realidad no quieren apertura, que no quieren que se sepa y esto refleja que Fiscalía, en realidad, actúa con una justicia selectiva”, manifestó.