El Tribunal de Sentencia de San Vicente ordenó la captura de seis exintegrantes de la guerrilla procesados por el asesinato de una mujer, cometido en 1989 en el contexto del conflicto armado (1980-1992).
Los imputados declarados en rebeldía son: Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García y Saúl Agustín Rivas Ortega.
La oficina de prensa de los centros judiciales informó ayer que la resolución se basó en los criterios establecidos en el Código Procesal Penal para decretar la rebeldía, luego de que los procesados no justificaran su incomparecencia a la repetición del juicio que estaba programado para el pasado 3 de febrero.
En noviembre del año pasado, la Cámara de lo Penal de Cojutepeque anuló el fallo emitido el 18 de octubre por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque en el que los acusados fueron sobreseídos y ordenó repetir el juicio.
El tribunal señala que desde que los imputados no se presentaron a la repetición de la vista pública se agotaron todos los mecanismos de notificación, pero los procesados no justificaron su ausencia.
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El 3 de febrero, en un comunicado publicado en redes sociales los procesados, que luego de los Acuerdos de Paz se dedicaron a la defensa del medio ambiente, informaron que no se presentaron como "una acción de resistencia contra los abusos y arbitrariedad judicial".
“A través de la presente informamos que hemos decidido no prestarnos a seguir el juego de los magistrados de Cámara de Cojutepeque y el Gobierno de la manipulación de este caso ya que no existe garantía de un juicio justo y legal y exponernos a una decisión política arriesgando nuestras vidas”, se lee en el comunicado publicado por la Asociación ADES Santa Marta.
#LibertadParaLos5 #SantaMartaNoEstaSola #SiALaVida #NoALaMineria | Líderes ambientalistas de Santa Marta y ADES llaman a incrementar la lucha contra la reactivación de la minería metálica. pic.twitter.com/gSrupAh8za
— ADES Santa Marta (@ades_sm) February 3, 2025
La repetición del juicio ha sido programada, por segunda ocasión, para el próximo 9 de abril, donde está previsto que el exmagistrado Eugenio Chicas, quien se encuentra en prisión, declare como testigo de la defensa.
El Órgano Judicial asegura que ya envió la orden a la Policía Nacional Civil y a la Dirección General de Centros Penales “para garantizar la comparecencia de Eugenio Chicas, en calidad de testigo de descargo”.
Diversas organizaciones sociales han denunciado que la acusación por parte de la Fiscalía se trata de una maniobra política, debido a las acciones realizadas en los últimos años por los imputados en rechazo de la minería en el país.
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