La Cámara Séptima de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República (CCR) inició un juicio de cuentas en agosto de 2021 contra el exministro de Agricultura, Pablo Ánliker, con base en un informe de auditoría que reflejaba falta de respaldo en el uso de $133 millones en compras por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); pero este habría caducado, según reveló una nota del periódico digital El Faro.
Según consigna el medio de comunicación, los jueces de cuentas ya contaban con reparos suficientes para llamar a comparecer al exministro que estuvo en el ramo en los primeros año de gobierno de Nayib Bukele, encargado de las compras de alimentos en medio de la pandemia y confinamiento por Covid-19.
“En 2022 había un proyecto de sentencia en proceso de ser notificado, pero tras la demora en hacerlo efectivo, fue recibido en la Corte de Cuentas un escrito de la defensa de los funcionarios y empleados que pedía la caducidad del juicio”, informó el medio.
Acorde a la Ley de la Corte de Cuentas un juicio caduca pasados dos años y la entidad pierde la potestad de exigir la restitución de los fondos públicos.
Además, el medio expuso que la ausencia de respuesta de la Corte no permite conocer detalles de si Anliker pudo defenderse con documentos o si solamente el juicio caducó sin que el exministro se defendiera con pruebas.
La investigación también detalla que aunque el juicio inició en agosto de 2021, la auditoría en que se basa la acusación contra el exministro Anliker es de febrero de 2021 y para ese entonces la Fiscalía había incluido en la investigación Catedral al funcionario y a al menos ocho empresas mencionadas en el expediente de la CCR.
Desde el inicio de sus funciones, el presidente Bukele expuso que “no le temblaría la mano” para enviar a procesar a cualquiera de sus ministros que cayera en prácticas de corrupción. Aún así, aunque la investigación de El Faro y el gobierno de los Estados Unidos le señaló a Ánliker prácticas de corrupción, este solo fue apartado del gabinete.
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El año pasado, Bukele junto a su gabinete y el fiscal a su lado, le dio la orden a que investigara cualquier caso de corrupción. Él único caso del que la Fiscalía tomó a bien procesar fue contra el excomisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, Cristian Flores.
El caso
El Faro menciona que los $133 millones reclamados a Pablo Ánliker provienen de tres reparos que se conocieron en el juicio; el primer reparo de los pagos a Aroum Group, Marhel Group y Tdx Trading por productos no liquidados. También se incluyó el pago a una empresa “fantasma” panameña, Nice Moon.
El expediente de la Cámara, al que El Faro hace mención, señala que en la compra con Aroum Group Inc por leche en polvo hubo producto que nunca llegó al país.
Con Marhel Group, una empresa mexicana de Mazatlán, Sinaloa, ganó un contrato de $30 millones. El MAG habría pagado $18.8 millones, pero la CCR habría determinado que no habían liquidaciones por dos terceras partes del monto desembolsado.
En julio de 2020, como lo reveló entonces El Diario de Hoy, se señaló al MAG de usar fondos de pago de salarios para compra de granos básicos en Sinaloa, para el paquete de emergencia.
El Faro también menciona que el MAG tampoco contaba con liquidaciones completas de los paquetes de macarrones que compró a la empresa brasileña Tdx Trading, un faltante de $1,320,095.20.
También se dijo que el MAG autorizó un pago de $2.5 millones a Nice Moon S.A para maquilar las canastas de alimentos, pero según los jueces de cuentas, voluntarios del Ejército hicieron el trabajo. Por este reparo, Anliker fue notificado; entre otros hallazgos.