A lo largo de los últimos años el ahora ex juez ambiental de San Miguel, Elí Díaz Álvarez, conoció sobre polémicos casos en la zona Oriente de El Salvador, y la mayoría de sus resoluciones fueron ejemplarizantes.
1-. Destaca entre sus más recientes decisiones el extenso listado de medidas cautelares dictadas para el municipio de Santa Rosa de Lima, La Unión, y otras instituciones gubernamentales.
La resolución fue conocida a inicios de este julio, y como objetivo tuvo disminuir la contaminación de los ríos, quebradas, calles, y espacios públicos generada por la acumulación de la basura y las aguas sucias.
En total fueron decretó 36 medidas cautelares y una recomendación en contra de la municipalidad de Santa Rosa de Lima y otras instituciones gubernamentales, las emitidas por Díaz Álvarez.
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Previo a la decisión del tribunal, el juez recorrió el municipio y encontró basureros a cielo abierto, las aguas servidas corriendo por las calles, e institución de gobierno tirando todas las aguas negras y servidas al río.
2.- A finales del mismo mes de julio, el juez Díaz Álvarez volvió a sentar precedente, en ese momento fue por la borda construida en el río Goascorán, la misma afectaba a comunidades vecinas.
Las bordas son líneas de arena construidas con una altura que evita que cuando el caudal del río aumenta, el agua se desborde hacia un determinado lugar.
La borda estaba en el sector del cantón Piedra Blanca, municipio de Pasaquina, y fue construida a solicitud de la municipalidad local.
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“El problema es que el Ministerio de Obras Públicas de El Salvador, prácticamente, se introdujo al río sin ningún permiso del Ministerio de Medio Ambiente, en una forma no técnica y construyeron un remedo de borda, y lo construyeron a la mitad del cauce del río, eso significa que tapan el poquito de agua que va aguas abajo y quitan el cauce natural”, dijo el juez Álvarez, en aquel momento.
También expresó que la borda debe construirse a la orilla de los terrenos que colindan con el río y no dentro del cauce.
El peso de la denuncia de las comunidades salvadoreñas en la zona fronteriza con Honduras, sobre el cambio del cauce del río Goascorán y el impacto de ello para los habitantes, llevó a funcionarios municipales de ambos países, de Gobernación, al juez ambiental, representantes de Cancillería y a las comunidad a revisar, la construcción en el lugar.
Las comunidades denunciantes explicaron que las bordas fueron construidas en medio del río para proteger terrenos privados a un costado del cauce.
La borda hecha con maquinaria de Obras Públicas, según lo expresado ayer en la reunión, está 50 metros hacia dentro del cauce; según estimaciones del juez ambiental para el oriente del país, Elí Álvarez.
3.- San Miguel estaba "sucio" y por eso el juez Díaz Álvarez ordenó que alcaldía hiciera "limpieza general"
En febrero de este año, el juez Díaz Álvarez ordenó que la alcaldía de San Miguel cumpliera 30 medidas cautelares relacionadas al medio ambiente, pues la ciudad estaba “sucia”.
“Se les ha ordenado hacer un plan de limpieza general del municipio, que contemplen cantones, caseríos, colonias, quebradas, ríos y cementerios, porque pertenecen al municipio”, explicó el juez Díaz Álvarez, en aquel entonces.
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Además, el juez ordenó la creación de un Comité Ambiental ampliado, de ordenanzas municipales, de un grupo de bomberos forestales, una campaña de limpieza permanente, así como la creación y fortalecimiento de una escuela ambiental.
4.- Cuando el juez ambiental obligó a dos alcaldes a mantener limpio la laguna El Jocotal, San Miguel
Corría septiembre de 2019, cuando el juez Díaz Álvarez decidió crear un comité ambiental con los habitantes de los alrededores de ese espejo de agua, además obligó s dos alcaldes a mantener limpia la zona.
“Una vez al mes yo vendré a dar las clases a la escuela ambiental que se va a formar, y se les va a obligar a los alcaldes de El Tránsito y San Miguel mantener limpio este lugar. Pero también se le va ordenar a la comunidad porque son ellos los primeros. Es una zona turística y a un lugar sucio nadie quiere ir”, señaló el juzgador.
En esa mesa, incluso, podía discutir la posibilidad de imponer multas de hasta $11 a quienes ensucien la laguna, dijeron los participantes en el comité de ciudadanos que vigilarán la limpieza del lugar.
5.- El llamado de atención para el fiscal por "delincuentes ambientales"
A finales de marzo, el juez Díaz Álvarez llamó la atención al fiscal general, y le advirtió que las quemas y los incendios forestales también son un delito tipificado en el artículo 265 del Código Penal, por ello realiza un enérgico llamado a las diferentes instituciones del estado desde la Presidencia de la República, pasando por la Fiscal General de la República y los ministerios hasta los alcaldes.
En ese momento, el personal de Bomberos y Protección Civil había atendido en San Miguel 20 incendios forestales y 54 en maleza seca; en Usulután 26 incendios en maleza seca, y 4 forestales, en La Unión 92 entre forestales y maleza seca, y en Morazán (de enero al 28 febrero) ocho forestales y 40 en maleza.
“Los incendios están de moda y hay que actuar. Se le hace un llamado al Fiscal General de la República que actúe en todo el país contra los delincuentes ambientales, le hago un llamado a todas las personas naturales y jurídicas, a todos los cañeros que están cometiendo el delito, por favor aprendamos a cosechar en verde”, dijo el juez, durante una conferencia de prensa.