Mujer denuncia que funcionarios municipales quemaron su casa en El Espino

Claudia Mendoza vivía en el caserío Arcos de El Espino, en una propiedad a la orilla de la playa, la cual tomó al encontrarla en abandono; después de vivir ahí más de 32 años, asegura que fue desalojada por el jefe de Catastro en ese momento de la alcaldía de Jucuarán, Francisco Guandique, bajo la orden del alcalde Álvaro Rodríguez, quien ahora es el jefe de distrito de Jiquilisco, Usulután.

Este desalojo, que también sufrieron otros habitantes, ocurrió el 16 de septiembre de 2023. Ante lo ocurrido, Mendoza denunció el caso ante la Fiscalía General de la República (FGR). El caso continuó y este lunes se desarrolló la audiencia inicial, en los Juzgados de Paz de Jucuarán.

Este desalojo, que también sufrieron otros habitantes, ocurrió el 16 de septiembre de 2023. Ante lo ocurrido, Mendoza denunció el caso ante la Fiscalía General de la República (FGR). El caso continuó y este lunes se desarrolló la audiencia inicial, en los Juzgados de Paz de Jucuarán.

Mendoza narró que, con amenazas y uso de violencia, fue desalojada de la propiedad. Narró que un grupo de personas llegaron al lugar y comenzaron a machetear las palmas de coco que había sembrado, y a cortarlas con motosierra. Luego prendieron fuego y su casa quedó en cenizas.

Esa acción la consideró "despiadada e injusta" por parte de los exfuncionarios, algo que hasta le generó problemas cardíacos, por la impresión. Tras el suceso, puso denuncia ante la Fiscalía, por "abuso de autoridad".

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En la audiencia del lunes, a ambos señalados les dejaron como medidas "que no pueden salir del país ni tampoco acercarse a mi persona" a 200 metros, explicó la denunciante.

Agregó que no solo ella se ha visto afectada con este caso, pues asegura que tiene conocimiento de familias enteras que han sido desalojadas y que han quedado desamparadas.

"Destruyeron el esfuerzo de 32 años que yo tenía, mi vivienda yo sé que era algo sencillo, que para ellos no tiene validez, pero para mí que soy de escasos recursos, luchadora, es algo que vale mucho lo que destruyeron", dijo Claudia.

Explicó que cuando tenía 8 años, junto a su familia vivieron en la propiedad contigua. Al pasar más de tres décadas, cuando ella formó su familia, decidió usar la propiedad que ahora se encuentra en revisión judicial.

Mencionó que, al investigar la legalidad de la propiedad, aparecía que era de una empresa editorial, que antes la había recibido en donación, pero que "había pasado casi 40 años en el abandono".

"Ya había iniciado el proceso de prescripción, fui por medio de la Procuraduría de Usulután; no lo había hecho antes porque no contaba con recursos para pagar abogado, pero opté por proteger la propiedad del mar", señaló.

Indicó que poco a poco comenzó a invertir en la propiedad, al inicio levantó un muro con rocas sueltas para frenar la marea. Con lo que no contaba Mendoza es que la propiedad sería adquirida antes que ella pudiera culminar con el trámite.

Explicó que de la editorial mencionada "me hicieron llegar un documento, haciéndome constar que yo tengo la posesión de la propiedad por el tiempo (de vivir en ella), que son más de 32 años. Me convocan a una conciliación privada y me ofrecen darme otro terreno a cambio de que yo les diera la posesión de estos dos terrenos", que la empresa editorial había decidido vender.

Claudia explicó que "ellos (la empresa editorial) tenían 5 terrenos aquí en Arcos, uno es donde yo viví pequeña que cuidaban mis padres, y otro donde vivía, el que tomé al hacer mi hogar", detalló la afectada, quien aceptó la oferta del editorial.

Mientras esa decisión se concretaba, Claudia cuenta que recibió la visita del entonces alcalde Rodríguez, quien le ofreció $10,000 para que deshabitara la propiedad, y le dijo que la editorial le había hecho la venta a él. Pero le advirtió -según la afectada- de que o tomaba el dinero que le ofrecía, o nada, dándole un lapso de tiempo para que lo pensara. Ella se negó.

Posteriormente, Mendoza recibió un citatorio en el Juzgado de Paz de Jucuarán, de tipo conciliatorio, donde Rodríguez le ofreció $15,000 y ella dijo que se negó, porque con esa cantidad no podía hacerse de otro terreno para habitar.

Pasó un mes, y entonces ocurrió el desalojo violento. Con el paso del tiempo, Claudia constató que el exalcalde había adquirido los dos terrenos "en combo". La resolución en la audiencia inicial incluyó que a la afectada solo le cancelaran cierta cantidad de dinero por el desalojo, que Mendoza no detalló.

Sin respuesta

Al intentar contactar al funcionario municipal Álvaro Rodríguez a su número telefónico, no respondió a este medio. También se intentó ubicar un contacto para conversar con Guandique, pero no fue posible.