El gobierno pretende que unos 5,000 trabajadores del Órgano Ejecutivo y entidades descentralizadas no empresariales y autónomas que están pensionados o jubilados, pero que aún siguen laborando, se acojan al decreto de “retiro voluntario”, que fue avalado ayer por los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.
Los parlamentarios emitieron dictamen favorable para la propuesta de “Ley Transitoria de Compensación Económica por Retiro Voluntario de Servidores Públicos Jubilados o Pensionados del Órgano Ejecutivo, entidades descentralizadas no empresariales y entidades autónomas”, enviada a la Asamblea el pasado 11 de mayo. La petición fue avalada en una sola sesión de la Comisión de Hacienda.
El director general del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Carlos Salazar, llegó ayer a la comisión a explicar a los diputados que prevén que unos 5,000 trabajadores del sector público que siguen laborando a pesar de estar pensionados o jubilados, se acojan al beneficio de la compensación, estipulada en la iniciativa de ley hasta en un máximo de $25,000.
La medida abarca a los trabajadores jubilados o pensionados que estén bajo Ley de Salarios o por contrato. No aplicará para empleados de los Órganos Legislativo y del Judicial, ni al personal militar.
Quienes se acojan a este beneficio no podrán volver a laborar en el sector público, ya sea por el régimen de Ley de Salario o contrato, durante el periodo de 10 años, contados a partir de la fecha de interposición de su renuncia.
El pago de la misma estará exenta del pago del Impuesto sobre la Renta y gozará del beneficio de la inembargabilidad.
“Son más de 5,000 personas que estarían siendo beneficiadas, si todas eligen acogerse al decreto. Sólo aplica para jubilados o los pensionados que aún trabajan en el sector público y decidan retirarse voluntariamente. El pago se realizará en dos cuotas iguales, equivalentes a la mitad del monto total a percibir y el tiempo a transcurrir entre una compensación y otra no será superior a los 30 días”, explicó el funcionario.
El financiamiento para pagar estas retribuciones vendrá de las mismas instituciones en donde laboran los empleados que decidan acogerse al “retiro voluntario”.
De acuerdo con lo informado por Salazar, las plazas quedarán congeladas, por lo que cada entidad deberá echar mano de esos recursos disponibles para pagar la compensación de los empleados que ostentaban ese puesto laboral. A menos que no le alcance, el Ministerio de Hacienda deberá buscar el financiamiento para honrar el pago de la compensación; sin embargo, no supo identificar de qué partida podrían salir los fondos.
“La idea es que esas plazas también sirvan como una fuente de financiamiento en un momento determinado; no obstante, el Ministerio de Hacienda va a gestionar los fondos necesarios para pagar la compensación. El Ministerio de Hacienda tendrá la obligación de cumplir, deberemos buscar la fuente necesaria para financiar eso”, aseveró Salazar.
En el caso de las personas que estén tramitando su pensión no tendrán limitante; también si el pensionado observa que dentro de su institución existe otro mecanismo de retiro voluntario que le beneficie más, puede acogerse a ese, pero no a los dos al mismo tiempo, solo a uno, reiteró Salazar.
Ejemplificó que lo anterior podría darse en el caso de que alguien gane al mes $1,000, la iniciativa de ley dice que se tomará en cuenta el último salario devengado y será uno por cada año laborado, para el caso en mención le correspondería recibir $30,000, pero según el dictamen acordado ayer, el beneficio no podrá exceder de $25,000, por lo que el trabajador deberá decidir si le sale mejor adherirse a otro plan de retiro institucional, si es que existe en la entidad en donde labore. La compensación se pagará en dos cuotas en un lapso de dos meses.
Los diputados esperan aprobar el dictamen en la plenaria de hoy y entraría en vigencia ocho días después de que el Ejecutivo lo mande a publicar en el Diario Oficial.
Al respecto, Salazar explicó que, si se aprueba en mayo, los trabajadores tendrían de plazo hasta octubre o noviembre de este año para aplicar al beneficio.
Las personas que deseen retirarse deberán presentar su renuncia al cargo con las formalidades señaladas en el Art. 30-A de la Ley del Servicio Civil, con clara expresión de su voluntad de acogerse a la compensación económica que regula la iniciativa de ley, debiendo ser presentada en un plazo que no exceda los 30 días previos a la caducidad de la ley.
La renuncia deberá presentarse al área de Recursos Humanos de cada entidad y ésta se tendrá por aceptada, sin que medie aceptación expresa de cada institución o entidad.
La calidad de jubilado o pensionado será acreditada por el interesado mediante la presentación de copia certificada o constancia de la resolución emitida por la instancia correspondiente.
El gobierno no tiene liquidez
Para la diputada del FMLN, Marleni Funes, es contradictorio lo que la Asamblea acordó ayer, ya que por un lado quieren quitar plazas, pero por el otro engrosan a otras instituciones recién creadas como la Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC), con más personal, incluso, devengando jugosos salarios de entre $1,800 hasta en más de $2,300. (Ver nota aparte).
Añadió que el movimiento efectuado por el gobierno de “obligar a los trabajadores a retirarse” responde más a un tema de falta de liquidez (dinero) y de desorden presupuestario.
“Esto tiene que ver con la falta de liquidez que tiene el Estado, es difícil creerles que congelarán plazas, además ¿cómo funcionará el Estado al retirarse esas personas? ¿se crearán plazas ad honorem? Que en realidad sí cobran un salario, puede ser falta de liquidez, tiene que ver con el manejo irresponsable de los recursos”, afirmó Funes.
Desde que entró la bancada oficialista a la Asamblea el 1 de mayo de 2021, ha sido recurrente aprobar decretos con la finalidad de hacer que los trabajadores de instituciones del gobierno se adhieran a un plan de supuesto “retiro voluntario”.
En diciembre del año pasado, la Asamblea aprobó el “retiro voluntario” para trabajadores del Ministerio de Seguridad, de Migración y de la Unidad Técnica del sector Justicia. Las condiciones son similares a las que han impuesto a los pensionados que deseen acogerse al beneficio de hasta $25,000 que se espera sea aprobado ahora, y es que quienes acepten, no podrán volver a trabajar en ninguna institución del Estado.
En enero de 2022 los diputados aprobaron otorgar $27,000 de compensación para 2,000 empleados del Órgano Judicial que estuvieran en edad de retiro.
Esto fue calificado por la oposición política como el segundo golpe a la democracia del oficialismo en contra del Órgano Judicial. La primera fue la destitución “ilegal” de los magistrados de la Sala de lo Constitucional.