A juicio de Juan Pappier, investigador sénior de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), aún hay cosas que la comunidad internacional puede hacer para defender la democracia en El Salvador.
Asimismo, el experto invita a que sean más voces las que se pronuncien y tomen acciones por el descalabro democrático que propicia Nayib Bukele y sus funcionarios.
“Aquí es importantísimo que las expresiones de preocupación o críticas a la situación de derechos humanos en El Salvador sean multilaterales y coordinadas”, sostiene el experto y explica que haría bien pronunciamientos contundentes “que provengan de Estados Unidos, de la Unión Europea, de gobiernos en América Latina y de Centroamérica también”.
De no hacerlo, advierte Pappier, “podemos estar pronto frente a algo que directamente sea una dictadura”.
Esto, por la consolidación del poder en manos de Nayib Bukele, por la politización de los cuerpos de seguridad, la captura del aparato judicial, la mordaza a medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil críticas del oficialismo, entre otras medidas.
Mensaje a los empresarios
El investigador de HRW también dedicó unas palabras a quienes piensan invertir en El Salvador y a las entidades crediticias internacionales.
“Es también importante que el sector empresario, del Bitcoin y que los organismos multilaterales de crédito tengan claro el deterioro del Estado de derecho en el país”, dijo el experto.
Para las instituciones crediticias, afirmó que es clave “que tengan claro que en un país como El Salvador de hoy hay poquísimas garantías de que si uno le presta dinero, ese dinero no va a irse a la corrupción”.
Agregó que “en un país sin instituciones democráticas que puedan surgir de contrapeso y con transparencia limitada a las decisiones tomadas por el presidente, las salvaguardas para prevenir la corrupción son muy bajas”.
De hecho, el gobierno de Nayib Bukele ha debilitado el aparataje de rendición de cuentas y de control al Ejecutivo. Asimismo, ha desmantelado el sistema de acceso a la información pública, con reformas que debilitan la ley y una captura del instituto garante de la transparencia.
Finalmente, a los empresarios les dijo: “en un país donde el presidente controla todos los poderes y lo hace desde su cuenta de Twitter, la certeza, las garantías básicas, la seguridad jurídica es escasa. Deben tenerlo en cuenta si invierten en El Salvador”.