El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador ratificó la captura del expresidente Alfredo Félix Cristiani Burkard y cuatro imputados ausentes, procesados por la masacre de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, y sus dos colaboradoras, cometido en 1989 en el contexto del conflicto armado interno.
Además, pidió que se emita la difusión roja.
Asimismo envió a juicio a los 11 señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) como autores intelectuales de la ejecución de los religiosos y sus colaboradoras.
Por otra parte, el juez explicó que considera que existe probabilidad que se trate de un crimen de lesa humanidad.
El exmandatario y los militares de alto rango: Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera, Rafael Humberto Larios López, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López López, Joaquín Arnoldo Cerna Flores e Inocente Orlando Montano Morales seguirán procesados por los delitos de asesinato y actos de terrorismo.
Carlos Camilo Hernández solamente por el delito de asesinato y fue absuelto por actos de terrorrismo.
Mientras que el ex asesor jurídico de la Fuerza Armada, Rodolfo Antonio Parker Soto, y los exmilitares Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía siguen por los delitos de fraude procesal y encubrimiento personal.
En el caso de Montano Morales ya cumple una condena de más de 133 años de prisión en España, por el asesinato de los cinco sacerdotes españoles.
Los argumentos
La acusación fiscal señala que la madrugada del 16 de noviembre de 1989, un comando élite de la Fuerza Armada ingresó al campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) para ejecutar a los sacerdotes y a sus colaboradoras, para lo que utilizaron fusiles M16 y un AK 47, en medio de la mayor ofensiva guerrillera denominada “Hasta el tope”.
La representación fiscal dijo que a la matanza le precedieron dos actividades que demuestran que hubo planificación y la aprobación del alto mando de la Fuerza Armada y de su comandante en jefe.
El primero fue un cateo militar dentro de las instalaciones del centro universitario el 13 de noviembre, según la Fiscalía, con la finalidad de ubicar el dormitorio de los religiosos.
En un segundo hecho, la noche previo a la matanza, altos mandos militares se reunieron para planificar acciones de contrainsurgencia a la ofensiva final, donde se ordenó matar a toda persona relacionada al grupo insurgente y aquellos que no eran combatientes, pero que la Fuerza Armada los había perfilado como personas relacionadas a la guerrilla como sindicalistas, religiosos, dirigentes y colaboradores. Luego el plan fue avalado por el presidente.
Los fiscales expusieron que el fusil AK 47 era utilizado por los guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), por lo que en la ejecución de los religiosos fue usado como una coartada.
Por otra parte, alegaron que hubo otro grupo de militares junto a Parker Soto quienes realizaron acciones para encubrir el hecho y a los responsables y borraron evidencias, ordenando el cambio de cañones y cerrojos, previo a las pruebas balísticas.
En contraste la defensa, expuso que las personas procesadas no tenían la potestad de ordenar una acción de ese tipo, sino solamente el jefe del Estado Mayor Conjunto, en ese momento, René Emilio Ponce Torres, ya fallecido.