Cristosal presentó la primera fase de informe "Sociedad civil en alerta: investigación sobre afectaciones al derecho de organización", en el que participaron 71 organizaciones, asociaciones, redes y colectivos de la sociedad civil, el cual revela patrones de acoso y hostigamiento hacia los espacios cívicos.
Los hallazgos señalan vulneraciones a los derechos de libre expresión, de asociación y de participación por medio de varios patrones: amenazas contra la vida y seguridad personal, acoso y ciberacoso, obstrucción de participación en marchas o manifestaciones, acoso sexual, criminalización, dificultades de inscripción de personería jurídica, acoso administrativo a través de la instrumentalización del Estado y censura.
Rina Montti, directora de investigación en Cristosal, comentó que el patrón de la amenaza contra la vida y la seguridad está presente a partir del régimen de excepción que lleva 20 meses vigente.
“Que básicamente se utiliza como una herramienta, el régimen de excepción, para poder amedrentar o intimidar a las organizaciones a que continúen ejerciendo su trabajo comunitario”,
Rina Montti, directora de investigación de Cristosal
Otras vulneraciones tienen que ver con ataques a la libertad e integridad personal de miembros de organizaciones, cierre de espacios de articulación con instituciones públicas, como las mesas de trabajo con instituciones, ministerio Público y alcaldías; limitación de acceso a la información y espionaje e intervenciones de dispositivos electrónicos.
“Y esto tiene vínculo con la censura, hay mucho temor de las personas poder hablar por estos mecanismos, incluso hay algunas organizaciones que nos mencionaron que han tenido que invertir dinero para poder tener software especializados para poder tener más control y privacidad de lo que se converse”, expresó.
Agregó que muchas de las organizaciones trabajan con víctimas de diferentes tipos de violencias y se pone en riesgo su información, la cual es sensible. Y eso también incidiría en dejar de usar redes sociales.
Además, señala que las organizaciones tienen un “desgaste” por obstáculos que ponen las instituciones para poder inscribir organizaciones nuevas, particularmente de jóvenes; así como acoso administrativo de parte del Ministerio de Hacienda en observar documentación tributaria ya realizada.
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“También ha sido bastante frecuente encontrar casos de censura, es decir, que se les prohíbe a las organizaciones, sobre todo algunas que tienen algún vínculo con el Estado, que de continuar mostrándose críticas ante una situación ya sea de gobiernos locales o de gobierno central, pueden tener consecuencias en cuanto a su operación”, dijo Montti.
Señala la narrativa de descalificación hacia las organizaciones es ejercida no solo por usuarios de redes sociales, sino que de parte de funcionarios públicos.
En el derecho a la participación, destacan la cantidad de retenes policiales y militares para impedir que las personas de organizaciones participen en marchas o aumento de presencia de fuerzas de seguridad que llegan a tomar fotografías de los manifestantes.
Vulneraciones a sectores
Como parte del estudio, se abordaron organizaciones de sectores de mujeres, de educación, salud, medio ambiente, organizaciones comunitarias y juventudes.
El estudio destaca que hay un aumento del discurso de odio hacia las organizaciones críticas, que se recrudece contra las mujeres. “Usualmente tiene una connotación sexual y obviamente son de corte difamatorio y hay mucha más saña en la interposición de los mensajes, sobre todo en la redes sociales”, dijo Montti.
Las organizaciones de medio ambiente reportaron que existe una criminalización de defensores de medio ambiente, ataques a la reputación, autocensura, intimidación y corrupción. Estos últimos con base a intereses de desalojar zonas para explotar recursos o hacer proyectos.
Salvador Novellino, del equipo defensor de derechos humanos de Cristosal, también explicó el cierre de espacios progresivos y aumento de ataques que ha tenido la organización, no solo en ataques de desprestigio, sino en acoso administrativo de parte de los Ministerios de Gobernación y Hacienda desde diciembre de 2023 con el rechazo del registro de los estados financieros.
Participó también el presentación Carolina Jiménez, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), quien expresó la preocupación a nivel internacional por la situación democrática salvadoreña y de derechos humanos. “Nos preocupa, número uno, porque son políticas que violan derechos humanos de ustedes, de las y los salvadoreños; y número dos, porque desgraciadamente esas políticas se han venido discutiendo en América Latina como un modelo a seguir”, dijo.
Indicó que se promueve más la propaganda gubernamental y no los casos de las personas víctimas de vulneraciones a derechos.