Familiares de reos encarcelados en los centros penales de El Salvador han denunciado una red de corrupción en la que custodios y empleados de la Dirección de Centros Penales estarían cobrando hasta $1,500 por permitirles ver a sus parientes, según una publicación del sitio web Infobae.
La publicación relata el caso de Sandra, que pudo ver a su hermano después de varias semanas sin saber de él. La segunda semana de marzo, la mujer logró entrar al Centro Penal La Esperanza, una de las cárceles más grandes de El Salvador, para llevar comida, medicinas y un poco de conversación a su familiar, un joven detenido por la policía salvadoreña bajo acusaciones de asociaciones ilícitas y de pertenecer a la pandilla MS13.
No fueron un juez bondadoso o un custodio descuidado los que permitieron la visita de Sandra: la mujer pagó 1,500 dólares a una red de corrupción que se ha formado en la cárcel salvadoreña desde que el gobierno de Nayib Bukele decretó el régimen de excepción en marzo de 2022, según relató ella misma a Infobae.
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“Le hizo bien la visita que le hice, su rostro era completamente diferente, era otra persona, literalmente”, comentó Sandra (todos los nombres de reos y sus familiares entrevistados para esta historia se han cambiado por petición de ellos para evitar represalias) en una conversación.
Sandra entró a la cárcel luego de pagar los $1,500 a un empleado de la Dirección General de Centros Penales. El trato era que, a cambio del dinero, le permitirían una visita de dos horas. “Hasta me pude quedar más tiempo porque se olvidaron un rato de mí y no me cobraron más”, contó Sandra.
Cuando entró ver a su familiar en Mariona -como en El Salvador se conoce al Centro Penal La Esperanza por el nombre de la población aledaña a la cárcel-, Sandra le llevó vitaminas en una bebida. “La salud de él va de mal en peor. Me contó que una vez se había desmayado, que no lo llevaron a la clínica ni le dijeron nada. Él solo recuerda que oyó que alguien dijo que estaba convulsionando… sentía un dolor de estómago, presión en el corazón y luego se quedó en blanco…”, explicó la mujer.
El hermano sobrevivió. Lo dejaron en la celda hacinada en la que lo metieron desde que llegó a finales de 2022. Ahí languideció hasta que Sandra entró en contacto con la red del gobierno salvadoreño que, según esta denuncia, cobra por permitir visitas a los presos del régimen de excepción.
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Infobae habló con las familias de otros tres jóvenes presos en Mariona, con tres abogados defensores que conocen casos similares, y tuvo a la vista expedientes judiciales que confirman los testimonios de los presos. Además, se confirmó la información con un alto oficial de la Policía Nacional Civil (PNC) quien está al tanto de la existencia de la red y habló desde el anonimato para poder revelar información que de otra forma no vería la luz. Se intentó contactar a las autoridades salvadoreñas para conocer su versión, pero, como suele ocurrir con el gobierno de Nayib Bukele en casos de denuncias de corrupción, no hubo respuesta.
“No son custodios los que andan en eso, es una red más grande que incluye a administrativos de la Dirección General de Centros Penales y hasta fiscales”, aseguró el jefe policial.
En algún momento a finales del año pasado, Sandra y otros familiares de presos se reunieron frente a la cárcel de Mariona para intentar averiguar el paradero de sus parientes. Como ha ocurrido desde que Bukele decretó régimen de excepción en marzo de 2022, los familiares se quedaron esperando en las puertas de la cárcel sin que nadie les diera información.
Pasado un tiempo, y tras volver una y otra vez a Mariona, los familiares de los reos empezaron a formar grupos de mensajería por la plataforma WhatsApp. Fue en uno de esos grupos que Sandra leyó por primera vez el nombre de un contacto que, según decían otros parientes de presos, podía arreglar visitas de dos horas. Sandra consiguió un número de teléfono al que hablar y arregló una cita en Metrocentro, el centro comercial más grande y antiguo de San Salvador. Ahí, en un restaurante de comida rápida, entregó $1,500; quien recibió el dinero le dio una fecha para volver al penal y le dio las señas de cómo entrar a ver a su hermano. Antes de irse, el hombre hizo otra oferta.
El contacto de Sandra ofreció, por otros $2,000, modificar las actas policiales y los informes ingresados al sistema informático de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) para retirar referencias a cualquier vinculación entre su hermano y las pandillas. Por los dos mil dólares, dijo el contacto, se podía “desvincular” al hermano de Sandra.