Varios usuarios de las redes sociales han hecho eco de la frase expresada por el diputado oficialista Walter Alemán, “el que nada debe nada teme”, esto en el marco de la aplicación del régimen de excepción que ya lleva 20 días de vigencia en El Salvador.
Alemán publicó esa frase en su cuenta de Twitter este 14 de abril. De inmediato surgieron reclamos hacia él recordándole que en agosto de 2020 instó también en esa red social a retirar el fuero constitucional a todos los funcionarios públicos.
En ese entonces Alemán aspiraba a ser diputado. “En nuestro país, con una democracia y un sistema de justicia tan débil, es urgente el eliminar el fuero a los funcionarios públicos, todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes, el que nada debe nada teme”, escribió el 29 de agosto de 2020.
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Desde el 1 de mayo de 2021, Alemán ya funge como parlamentario de Nuevas Ideas; sin embargo, ahora que tiene la potestad de presentar una iniciativa de ley y los votos suficientes dentro de su partido para que los diputados ya no gocen de inmunidad, ni Alemán ni ningún otro legislador del presidente Nayib Bukele han vuelto a tocar el tema.
“¿Cómo decía en 2020 diputado? ¿Cómo era? El que nada debe nada teme ¿ya no fue urgencia eliminar el fuero?”, escribió un usuario de Twitter colgando en su publicación el tuit de Alemán de agosto de 2020.
“Si es cierto que el que nada debe, nada teme ¿por qué le tiemblan a la lista Engel y no autorizan las deportaciones de los pandilleros requeridos por los EE.UU? un satoshi de coherencia”, escribió también el historiador Carlos Cañas Dinarte.
Mientras que otros cibernautas asocian la frase “el que nada debe nada teme” con otras circunstancias que el gobierno de Bukele ha venido haciendo desde que llegó al poder, por ejemplo, el haber puesto reserva de 7 años a la información de todas las compras realizadas durante la pandemia; no extraditar a los pandilleros reclamados por Estados Unidos, eliminar la CICIES, anular la unidad de la Fiscalía que investigó casos de corrupción del actual gobierno y depurar a los jueces independientes, entre otros.
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“El que nada debe nada teme, sí, claro, por eso desmantelaron la CICIES”, escribió en su cuenta de Twitter la abogada Ruth Eleonora López, jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal.
Al respecto, Bukele decidió en junio de 2021 romper el convenio de cooperación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). El acuerdo para su creación con la Organización de Estados Americanos (OEA) había sido firmado en noviembre de 2019. El mandatario argumentó que había perdido la confianza en esa organización por las supuestas intenciones de dicho organismo de contratar como asesor al ex alcalde de ARENA por San Salvador, Ernesto Muyshondt.
“Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”, expresó Bukele en conferencia de prensa en junio de 2021.
Poco después de anular la CICIES, el ex alcalde fue apresado bajo los cargos de fraude electoral, negociaciones con las pandillas y apropiación indebida de retenciones tributarias.
De acuerdo a Muyshondt su caso solo fue la excusa del presidente Bukele para romper con la CICIES y seguir blindando a los funcionarios públicos señalados de malos manejos de fondos durante la pandemia. “Solo buscaban una excusa para seguir haciendo la corrupción que han estado haciendo”, señaló el ex alcalde cuando fue capturado.
La embajada de Estados Unidos en El Salvador lamentó en un tuit que el gobierno anulara la CICIES. “La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad”, publicó la embajada en Twitter.
En abril de 2021, el ex comisionado de la CICIES, Ronald Ochaeta, aseguró que se encontraban dando seguimiento junto a la Fiscalía a 12 casos de “posibles ilícitos” en cinco carteras del Estado en cuanto al uso de fondos públicos usados durante la pandemia.
“A la fecha hemos brindado 25 asistencias a la Fiscalía, hemos auditado el 81% de los gastos destinados a la pandemia y venimos coadyuvando a investigar siete casos integrales a solicitud del fiscal general, entre otras asistencias especializadas”, expresó Ochaeta durante una declaración a la prensa, con motivo de la visita del enviado especial para el Triángulo Norte del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga.
El ex fiscal Raúl Melara mencionó que eran 12 en total los expedientes que tenía la Fiscalía en indagaciones de posibles actos de corrupción. También el ex funcionario informó en junio de 2020 que había abierto investigaciones en contra de varios ex funcionarios y funcionarios del gobierno actual salpicados en compras irregulares en el marco de la pandemia por Covid-19.
Entre ellos, el ex presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), Jorge Aguilar Zarco, quien a través de su empresa INSEMA vendió protectores faciales al Ministerio de Salud por $250,000, por un precio mayor al que la empresa suele ofrecerlas, según reveló una investigación de la red de periodismo “Salud con Lupa”, del 17 de junio de 2020. En esa fecha, la orden de compra se encontraba en la página de Comprasal, según corroboró El Diario de Hoy.
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Pocos días después de conocerse el caso, Aguilar fue destituido por Bukele con la promesa que pediría dos auditorías: una a la Corte de Cuentas de la República y otra a la CICIES. “Si las auditorías encuentran algún indicio de corrupción, yo mismo enviaré la denuncia a la Fiscalía, para que sean procesados los responsables”, afirmó en ese entonces el mandatario salvadoreño.
El ex fiscal Melara también investigaba a dos socios de la empresa (SYGM S.A. de C.V.), compañía que vendió 300,000 protectores faciales “sobrevalorados” al Ministerio de Salud por $750,000.
Los dos socios de la empresa en mención también ocupaban altos cargos en la empresa SCI Audit Tax Advisory, de la cual el actual ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, era socio, fundador y director, según consta en las hojas de vida publicadas por el Ministerio de Hacienda y por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), reza la publicación de El Diario de Hoy de junio de 2020.
Todas estas compras se hicieron con recursos del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid).
Reserva por 7 años a la información pública
Los resultados de los 12 casos de posible corrupción gubernamental que la CICIES puso aviso en la Fiscalía se desconocen. El gobierno de Bukele además de eliminar a la CICIES, también destituyó al ex fiscal Raúl Melara cuando la bancada oficialista tomó posesión de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 2021 e impuso en el cargo para terminar su periodo a Rodolfo Delgado, quien fue reelecto el 22 de diciembre de 2021 para otros tres años más.
“El que nada debe nada teme, ajá, por eso impusieron como fiscal a Rodolfo Delgado y cerraron la investigación del caso Catedral”, cuestionó un usuario de Twitter.
Previo a ese movimiento el gobierno de Bukele ya había puesto candado desde 2020 a toda la información relativa a la pandemia, especialmente a los datos vinculados al manejo hospitalario, compras de alimentos e informes de la Policía vinculados al Covid-19.
El caso más emblemático fue el del Ministerio de Salud que puso bajo reserva durante 7 años un total de 49 sistemas informáticos, que no incluyen únicamente información sobre la atención de la pandemia.
Entre estos se ocultó toda la información sobre los centros de contención instalados por el gobierno. En el periodo más álgido de la crisis sanitaria estos lugares fueron escenario de violaciones a los derechos humanos, según denuncias de la ciudadanía, desde las detenciones por violar la cuarentena obligatoria y el trato que recibían en los centros de contención los supuestos portadores del virus.
También se puso bajo reserva el sistema que registra las altas hospitalarias, defunciones y nacimientos, además del sistema de vigilancia epidemiológica semanal y resultados de laboratorio.
La disposición se dio luego que la Fiscalía allanó varias sedes del gobierno para indagar posibles casos de corrupción relacionados a la crisis sanitaria.
La Asamblea Legislativa también colocó bajo la alfombra durante 7 años la información pública de los viajes que realizan los diputados, los gastos, compras y contrataciones de personal, a pesar que la bancada oficialista enarboló que serían transparentes en su gestión.
“El que nada debe nada teme. Quiten todas las reservas que existen sobre información pública de la Asamblea Legislativa”, comentó la abogada Erika Saldaña en su cuenta de Twitter.
“El que nada debe nada teme dicen los diputados oficialistas, pero en su gestión le pusieron 7 años de reserva a la información pública sobre la contratación de personal porque tienen a todos sus familiares recibiendo salarios de a saber cuánto en la Asamblea Legislativa”, reclamó Ingrid Escobar, sindicalista despedida del Congreso tras sus denuncias de despidos “injustificados” en la Asamblea para contratar a allegados al partido Nuevas Ideas, a sus aliados y al gobierno.