Con 66 votos Nuevas Ideas y sus aliados se aprobó este martes la reforma a la “Ley Especial para la Contratación de Obra Pública con Financiamiento Incluido”, para se aplique a todas las instituciones del Estado y también para servicios que se consideren “esenciales”.
La ley aplicaba para que el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) contratara obras con el financiamiento provenientes de entidades financieras, corporaciones privadas o fondos propios de los contratistas; pero con la reforma podrán hacerlo todas las instituciones de la administración pública.
Se agregó también que se financiarán con otros mecanismos como titularizaciones, constitución de fideicomisos, instrumentos de financiamiento colectivo, “o cualquier otra forma que resulte conveniente a los intereses del Estado”.
Mientras que se considerará como “servicios esenciales” aquellos que estén “directa y estrechamente vinculados a la satisfacción de las necesidades básicas de la población, cuya interrupción o desmejora es susceptible de poner en peligro la vida, la salud, la educación, el bienestar sociales o la seguridad de toda o parte de la población”.
Entre los beneficios que incluye la ley para los contratistas está la exoneración de impuestos desde la firma del contrato hasta la liquidación de la obra o servicio.
Concepto ambiguo
Para diputados de oposición, la definición de “servicios esenciales” resulta ambigua y que podría deberse a la falta de liquidez del gobierno para contratar proyectos y servicios, ya que esa modalidad de contratación carga el financiamiento a la empresa que se contrate.
“Es un concepto ambiguo y que no queda bien definido en la ley, es para ampliar y utilizar este mecanismo de forma recurrente y probablemente de forma injustificada”,
John Wright Sol, diputado de Nuestro Tiempo
Agregó que también hay “incongruencias” en los incentivos fiscales, ya que solo se beneficiará a los contratistas y eso no beneficia a la ciudadanía.
René Portillo Cuadra, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), califica la reforma como una forma de privatización de los servicios.
“Todo indica que se está abriendo una puerta para la privatización, porque prácticamente la flexibilidad que hay al no rendir cuentas, al ocultar la información y reservarla en las instituciones, prácticamente la población no se daría cuenta a quién se le adjudican los contratos”,
René Portillo Cuadra, diputado de ARENA
Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), considera que esta reforma implica más riesgos de corrupción. “Es ir en contra de la transparencia, de los buenos procesos de las compras y cuando ya se ha determinado en otros marcos normativos esquemas como esas sociedades, donde hay una mezcla de público privado, obviamente los riesgos se incrementan”, dijo.
Sobre la definición de servicios esenciales, Guillermo Gallegos, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), considera que se tendrá que definir entre la institución de gobierno y la entidad contratada.