El último informe la Iniciativa para la Transparencia de la Infraestructura (CoST, por sus siglas en inglés) revela que las entidades nacionales encargadas de ejecutar obras no cumplen ni la mitad de los indicadores de transparencia y divulgación de información de los proyectos.
De un máximo de 100 puntos posibles, la calificación promedio nacional alcanzó 36.77 puntos. No obstante, CoST lo califica como “oportunidades para mejorar la transparencia en la obra pública”.
CoST presentó a mediados de junio de 2024 el Índice de Transparencia en Infraestructura (ITI), que es un instrumento que mide qué tanto cumplen las instituciones con poner a disposición de la ciudadanía la información sobre proyectos millonarios y la calidad de los procesos para mejorar la participación y la rendición de cuentas.
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La puntuación del país está por debajo de los ITI de otros países de la región, que son los de Honduras 2021 (62 puntos), Costa Rica 2021 y 2023 (48 y 53 puntos, respectivamente) y Panamá 2023 (48 puntos). Otros países que aplican el ITI fueron Ucrania 2021 (62 puntos) y Afganistán 2021 (50 puntos).
Por debajo de la puntuación de El Salvador está el ITI de Indonesia 2023 (31 puntos), Ecuador 2023 (28 puntos), Ghana 2021 (22 puntos) y Uganda 2021 (21 puntos).
Aspectos evaluados
El ITI tiene en total 94 indicadores distribuidos en 16 subvariables, cinco variables y cuatro dimensiones principales: Ambiente facilitador, Capacidades y procesos, Participación ciudadana y Divulgación de información.
La primera dimensión, del ambiente facilitador, tiene una puntuación de 54.8; la de capacidades y procesos 14.17, la de participación ciudadana es la más baja, con 11.74 y la de divulgación de la información es la más alta, con 56.9 puntos.
El aspecto más fuerte para El Salvador en la dimensión uno es la subvariable del marco regulatorio, que evalúa la existencia de una regulación nacional sobre acceso a la información pública pertinente para el sector de infraestructura, donde se alcanzó el puntaje máximo.
Mientras que en la segunda dimensión, en la subvariable de facilitadores y barreras para divulgar información se encontró que no se desarrollan programas de capacitación para divulgar información o un proceso que sensibilice al personal de una entidad sobre el acceso a la información pública.
“Las capacidades y procesos y la participación ciudadana son el componente más débil debido a la baja participación que se tuvo para completar las encuestas que limitó la cantidad de información para la evaluación”, indica el informe.
En la dimensión de participación ciudadana no se observó el uso que den los ciudadanos a la información pública de los proyectos ni procesos de consulta.
“De acuerdo con la información recolectada en las encuestas, no se genera retroalimentación al público sobre cómo se han utilizado los aportes de los ciudadanos para mejorar o generar cambios en los proyectos de infraestructura que beneficien a la población”, dice el ITI.
En la dimensión de divulgación de información se identificó la inexistencia de documentos que identifiquen, evalúen y describan los impactos ambientales producto de los proyectos o impactos para asentamientos poblacionales.
Únicamente en ocho de los 43 proyectos evaluados se publicó detalles del número de empresas que participaron con una oferta en el proceso de contratación de la obra.
“Los aspectos que requieren más atención son los relacionados a la ejecución del contrato de construcción, pues con frecuencia se verificó cambios en el precio del contrato sin un documento que lo respalde o justifique “, dice CoST.
Proyectos e instituciones
Para elaborar el ITI en El Salvador se tomó en cuenta la ejecución de proyectos de infraestructura pública en el período del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023. El Equipo evaluador realizó una recopilación de datos y evidencias entre el 7 de febrero y el 30 de abril de 2024.
De los 43 proyectos evaluados, 22 obtuvieron una calificación superior a 60 puntos. El proyecto mejor evaluado fue la Construcción de complejo habitacional La Bretaña, en San Martín, a cargo del Ministerio de Vivienda, con 92.9 puntos.
En segundo y tercer lugar están los proyectos Rehabilitación de sistemas de drenaje de aguas lluvias, Colonia Santa Lucía, Ilopango, del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Adecuación de instalaciones de la Unidad Médica de Santa Tecla del Instituto salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Y en el otro extremo, el proyecto con la puntuación más baja fue el de Construcción de obras complementarias del proyecto de mejoramiento y acondicionamiento del Centro Recreativo Puerta del Diablo, del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), con 0 puntos.
La inversión total ejecutada en el periodo de evaluación asciende a $473,809,728. De los cuales $97,566,279 fueron ejecutados por ministerios del gobierno, $320,200,128 de instituciones autónomas, $53,645,274 de empresa pública y $2,398,045 de otras instituciones.
El informe señala “una relación inversa” entre la cantidad de información que se divulga y los montos para ejecutar obras públicas.
“Es decir, que mientras mayor es el presupuesto que se ejecuta, menor es la cantidad de información que se publica, pues no se tuvo a disposición la información necesaria para validar los indicadores relacionados a buenas prácticas de divulgación”, advierte el documento.
De 31 instituciones públicas que ejecutaron proyectos de infraestructura pública, solo 23 lo hicieron en el periodo evaluado, que fueron diez ministerios, nueve entidades autónomas, dos empresas públicas/autónomas y dos de otro tipo.
Las categorías de las obras ejecutadas son: educación, salud, energía, comunicaciones, agua y residuos, gobernanza, economía, cultura, deportes y recreación, transporte, vivienda, municipal.
Para la identificación de todas las instituciones en El Salvador, se realizó una investigación comparativa en los Portales de Transparencia y COMPRASAL.
Las diez instituciones que obtuvieron los mayores puntajes en el ITI son: Ministerio de Obras Públicas (79.83), Corporación Salvadoreña de Turismo (60.41), Ministerio de Hacienda (60.41), Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (58.41), Ministerio de Vivienda (37.16), Ministerio de Turismo (32.08), Ministerio de Cultura (30.65), Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (29.24), Comité Organizador de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe (28.96) y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (28.72).
Una de las recomendaciones de CoST es estandarizar la información que se publica en las plataformas nacionales existentes utilizando herramientas que lo faciliten, en todos los procesos de construcción de obra pública, incluyendo a todas las instituciones del sector público para facilitar el acceso, la comprensión y la comparabilidad de la información.