El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (OUDH) señaló este martes 26 de julio que 19 instituciones del Estado reprobaron una evaluación en cuanto al nivel de cumplimiento de información oficiosa (publicada sin que sea solicitada por un ciudadano) que les exige la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
El Observatorio hizo un diagnóstico respecto a la publicación de información oficiosa colocada en los portales de transparencia de estas instituciones públicas durante el año 2021. Entre estas se encuentran, 14 entidades del Órgano Ejecutivo, 1 del Legislativo, 1 del Judicial y 3 del Ministerio Público.
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Tras finalizar el estudio surgió como resultado una nota promedio de 1.41. Esto en escala del 1 al 10.
Las instituciones del Órgano Ejecutivo fueron las que mejor resultado obtuvieron, con una nota promedio de 4.18 (en escala del 1 al 10), mientras que la Asamblea Legislativa fue la peor evaluada con una calificación de 0.29. El órgano Judicial obtuvo 0.33 y el ministerio público 0.86.
Un dato importante es que la institución del gobierno con nota más baja fue ministerio de Turismo, seguido del ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
“Llama la atención que ninguna entidad puede llegar ni siquiera a la mitad de lo esperado con la información que tiene que poder a disposición para la población”, dijo Carla Quinteros, investigadora del OUDH.
Además, explicó que, para hacer tal diagnóstico, el observatorio evaluó el cumplimiento de las instituciones en relación a los lineamientos que establece el artículo 10 de la LAIP que les obliga a publicar la información en sus portales de transparencia sin que sea solicitada por un ciudadano.
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La investigadora concluyó que en el país “estamos en una fase muy dura”, respecto al acceso a la información pública debido a que ha habido una cooptación del IAIP, por la remoción de los comisionados y la ex comisionada Liduvina Escobar, así como los intentos de reformas a la LAIP para limitar y restringir más este derecho.
En El Salvador “no hay acceso a la información. Los periodistas no pueden realizar notas de investigación y la gente no está realmente consciente de lo que está sucediendo en el país, por tanto, no pueden exigir o ver cómo el Estado está desarrollando sus obligaciones”, concluyó.