Este viernes finaliza el primer periodo de gobierno de Nayib Bukele, quien asume su segundo mandato consecutivo el 1 de junio, y uno de sus principales “legados” sería la desarticulación de la institucionalidad del país y una visión de gobierno autocrática, de acuerdo con algunas voces críticas.
Contar con una mayoría en el Órgano Legislativo y una Corte Suprema de Justicia afín, así como el control de instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), fue parte de la concentración de poder en este quinquenio.
El abogado José Marinero señaló que esa concentración de poder todavía es aplaudida por buena parte de la ciudadanía. “Sin embargo, creo que cuando en un tiempo esas personas que por hoy le apoyan vean hacia atrás, reconocerán que el “legado” de estos cinco años es un país con menos condiciones económicas y sociales para la gran mayoría de salvadoreños y además con una institucionalidad desarticulada por haber sido puesta al servicio de los intereses y caprichos de una sola persona y su círculo de poder”, expresó.
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Agrega que hubo un “desmantelamiento” de los frenos y contrapesos, la violación permanente a la Constitución de la República, las ley y “el uso de un ruidoso aparato de propaganda y desinformación pagado con nuestros impuestos”.
Y reitera que el mayor obstáculo al desarrollo económico y social del país es el autoritarismo. “Y nada indica que ello vaya a cambiar durante el período que inicia este próximo 1 de junio”.
Para la abogada Ruth López, uno de los aspectos más significativos de este gobierno es la opacidad, “para mantener el control narrativo”. Además de “asegurar el aniquilamiento del control” por parte de las instituciones correspondientes.
Los que conlleva a una “autocratización” del sistema. “Todo depende y se hace por voluntad del gobernante”, dijo López.
Para la experta, otra de las características que destacaron en este quinquenio es la búsqueda de la “validación de las conductas autoritarias a través de la voluntad popular”, así como “instalar un clan en el ejercicio del poder público”. Lo que implica también la vulneración de los derechos de la ciudadanía.
“¿Tienen los salvadoreños mejor garantizados sus derechos después de cinco años de un gobierno autocrático? No, ni siquiera poseen la posibilidad de acudir ante un juez independiente ante un despido, ni poder ganarse el pan honradamente sin ser vulnerados, ni empleo que les asegure una vida digna, o servicios de salud para la prevención de enfermedades y atención oportuna”, añadió López.
Sin política clara
Aunque este gobierno finaliza su periodo sin dar a conocer el Plan General de Gobierno, la principal medida que plantea como un éxito es el Plan Control Territorial y la implementación del régimen de excepción para el combate a las pandillas.
Para los especialistas, no hubo una política clara para atender las diferentes demandas de la población.
“En general, el gobierno ha sustituido las políticas públicas por el “efectismo”: proyectos o medidas selectivas, de corto plazo, muy vistosas para la población, con un giro de novedad y cuyas implicaciones son exageradas o sacadas de contexto por su aparato de propaganda”,
José Marinero, abogado
Añade que eso contribuye a generar una percepción “de que se hace mucho trabajo desde el gobierno”, que sus acciones son novedosas y que también atenderá el desafío económico o social.
“Pero lo cierto es que se trata de medidas que no se sostienen en evidencia, que han acelerado el endeudamiento del país y en muchas de las cuales hay señalamientos de corrupción y opacidad, tanto en el manejo de los recursos como en sus resultados”, expresó.
Para el experto, la única política gubernamental “verdaderamente exitosa” es la de propaganda oficialista, “pues ha creado una imagen falsa del país y de la gestión gubernamental tanto doméstica como internacionalmente”.
La abogada López es más tajante en decir que no observa ninguna política pública social que beneficie a la población. “No hubo apuesta en el agro, la competencia de las empresas, la inversión extranjera, la educación ni la salud. En seguridad hubo medidas, pero no una política pública”, advirtió.
No obstante, señala que la imagen de la figura presidencial “es lo único que ha importado” en el ejercicio del gobierno y ninguna decisión habría sido tomada fuera de la política de la comunicación estatal. Y destaca la polarización política que se promueve desde el oficialismo.
“Ha instalado una política de odio e intolerancia al diálogo y al debate sano en cualquier sociedad. La construcción del país que merecen los salvadoreños no puede basarse en suprimir derechos sino en garantizar su pleno ejercicio”,
Ruth López, abogada
El gobierno señaló como “éxitos” su respuesta frente a la pandemia del covid-19 y la estrategia de seguridad, cuyos planes también se declararon información reservada.
“Nos siguen escondiendo los datos más elementales de gestión y resultados y está bastante documentado que en el primer caso hay un subregistro de personas fallecidas durante la emergencia sanitaria que es casi seguro que responde a manipulación de cifras; y, en el segundo caso, no solo hay negociaciones con pandillas en el origen de su “estrategia” de seguridad, sino que además la violación masiva de derechos es parte del diseño modelo”, añadió Marinero.
“En materia de transparencia, el país merecía políticas que fortalecieran su acceso a la información, a saber cómo está siendo usado su dinero, pero en su lugar nos enfrentamos a la opacidad y a la más amplia discrecionalidad que abre puertas y ventanas a la corrupción, sin instituciones públicas capaces de enfrentarla ante la falta de independencia”, enfatizó López.