"Actualmente no hay un mecanismo que tenga un reparo para las familias de los migrantes desaparecidos o que les acompañe en su búsqueda”, dijo Jizi Moza, director ejecutivo de Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI), durante la presentación de la propuesta "Ley de Protección Integral de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y sus Familias", de COFAMIDE.
"Como INSAMI acompañamos este proyecto, porque sabemos toda la tragedia que viven los familiares de estas personas. Esto no sólo hace posible que se pueda establecer una ruta a través de las organizaciones de la sociedad civil, sobre cuál es el abordaje de las personas migrantes, incluso retornadas, no solamente de los familiares", expuso.
Moza resaltó el carácter integral de esta iniciativa en la que también plantea la cobertura para los retornados, un tema que, considera, debe ser abordado tanto por las instituciones de Estado como los organismos internacionales y de la sociedad civil.
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"Sabemos que sólo en remesas son 8,500 millones de dólares que generan nuestros compatriotas fuera del país. ¿Por qué no tener un mecanismo y por qué no tener fondos para poder establecer tanto el reparo y como el abordaje de las personas migrantes retornadas?", cuestionó.
Sobre los connacionales deportados a El Salvador tras la entrada en el gobierno del presidente Donald Trump, el director de INSAMI dijo que se mantienen dos vuelos por semana con llegada a El Salvador con un promedio entre 75 a 125 personas, una frecuencia que se ha mantenido y que no ha incrementado.
"Lo que sabemos es que lo que ha cambiado es el horario. Nada más eso ha cambiado, estamos en la forma regular de siempre", expuso.
Moza señala que la cifra de salvadoreños que están en lista de deportación son 203 mil personas.
"Al venir estas personas ¿qué vamos a hacer? ¿qué planes hay? ¿cómo nos vamos a articular?", expuso.
Resalta que es responsabilidad del Estado y entes vinculados al tema el brindar a estas personas las condiciones necesarias que les permita integrarse.
Acceso a un trabajo digno, acceso a vivienda, a préstamos blandos, son solo algunas de las condiciones que a su juicio debe contemplar un plan integral.
"Nosotros tenemos muchas personas en nuestra organización que ya llevan siete años que han retornado, pero no se han podido integrar porque no han podido conseguir un trabajo, no tienen un empleo, no tienen una vivienda digna y mucho menos un programa de reinserción", expuso.
