Varios sectores cuestionaron si el aumento del 30% de las pensiones será sostenible en el tiempo y además señalan que no hubo una discusión amplia sobre las reformas a ley, que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa el martes.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, señaló, en programa de entrevistas, que no hubo una discusión amplia con los diferentes sectores para la aprobación de las reformas y que la misma no es suficiente, de acuerdo a las expectativas que habían entre la población.
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Cuestionó si el aumento de las pensiones podrá ser sostenido en el tiempo, que se pedía bajar aún más la comisión a las AFP y que no se debió eliminar la posibilidad de que las personas retiraran el 25%.
Aunque sobre este punto señaló que podría haberse dejado un porcentaje menor y determinar en qué casos se podía hacer uso de él, pero no eliminarlo.
La diputada oficialista, Suecy Callejas, defendió, el martes, que una de las razones para quitar dicho beneficio es que el sistema se ha desfinanciado.
Las mujeres serán las más afectadas en dicho punto ya que la reforma realizada en 2017 establecía que todas las féminas que tuvieran un mínimo de 10 años cotizados en una AFP, podían solicitar su anticipo de saldo en 2023.
A la fecha, más de 108,000 cotizantes retiraron parte de su ahorro; pero esa posibilidad quedó cerrada con las nuevas reformas.
La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) también mostró, a través de un comunicado, su preocupación por la sostenibilidad a largo plazo del Sistema de Pensiones y sus recientes reformas. Señaló que se cuenta con poca información de los elementos técnicos y objetivos que la sustentan.
“Nos preocupa que, de acuerdo a la modificación, las administradoras de fondos de pensiones están obligadas a adquirir en su totalidad las emisiones de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP, antes CIP) emitidos por el nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones (antes INPEP). Es beneficioso para los cotizantes recibir un incremento del 30% del monto de la pensión; sin embargo, nos preocupa la sostenibilidad y el impacto fiscal en el tiempo, producto de este ajuste, ya que se desconoce si este aumento obedece a un debido análisis actuarial”, señaló Camarasal.
Al igual que la diputada, la entidad lamentó que las reformas no fueron consultadas con todas las partes involucradas, entre ellos, el sector empleador.
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Mientras que el abogado constitucionalista, Enrique Anaya, señaló que la reforma se realizó “sin ninguna transparencia” y que la Comisión Ad Hoc y lo ocurrido en el pleno legislativo “fue un show” porque, por ejemplo, no fueron llamados los empleados, organizaciones que están involucradas en el tema, empleadores, empresa privada y asociación de industriales, entre otros. Tampoco se conoce la postura de las AFP, que son las que tienen el conocimiento técnico.
Anaya señaló que, con las reformas, los empleadores deberán de pagar más de $90,000,000 al año; situación que estaría generando un descontento.
“Creo que cuando esto, Dios no lo quiera, reviente van a decir ‘ya ven, yo no me metí, lo decidió el gobierno’. Pero creo que ellos saben que esto no va a funcionar; no te van a quitar como gremio noventa y pico de millones al año y te vas a quedar callado. En mi opinión (se quedan callados) porque le tienen miedo al gobierno, y aquí especulo”, analizó en un programa de entrevistas.
Las reformas a las pensiones se realizaron, presuntamente, tras haberse realizado 176 estudios actuariales (cálculos financieros para ver si un sistema es sostenible); pero el abogado constitucionalista restó credibilidad a dicha cantidad porque para las reformas del 2017, como asesor de líderes sindicales, realizaron dos y cada uno costaba $50,000.
“Eso es falso, no hay 176 estudios actuariales, eso es absolutamente mentira… Y si existieran por qué no los hacen públicos; tienen estudios actuariales, por supuesto que los tienen; pero te puedo casi apostar que esos estudios actuariales reflejan que el proyecto que se aprobó ayer (martes) no es sostenible en el tiempo y por eso los ocultan”, agregó.
Anaya señaló, según el conocimiento que tiene, que no son 684 personas que gozan de una pensión que rondan arriba de los $5,000, sino que es una cantidad menor y que probablemente no lo que reciban no será disminuido a $3,000, como lo han dicho diputados oficialistas, porque la ley es ambigua, no detalla que es retroactiva y cuestionó si es constitucional eliminar derechos adquiridos por las personas.
Discusión a puerta cerrada
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, señaló que el presidente de la República anunció en septiembre de 2021 que iba a enviar a la Asamblea Legislativa una reforma de pensiones; sin embargo, transcurrió más de un año para que eso sucediera.
Ortiz afirmó que durante ese tiempo, presuntamente, la nueva ley fue discutida “a puerta cerrada” y se preguntó porqué no fue hecha pública.
“Se discute a puerta cerrada durante meses; pero en unas horas se hace la pantomima que se escucha al pueblo salvadoreño durante horas, tres semanas. Pero para una ley de esa envergadura que merecía un debate nacional más amplio, más democrático, no se tuvo”, dijo la diputada, quien votó en abstención.
La nueva ley establece un aumento del 30% de las pensiones permitiendo que una persona llegue a recibir hasta $3,000 como pensión de vejez.
El incremento fue catalogado como “justo” por Ortiz; pero señaló que “no sabemos hasta dónde va ser sostenible, cuánto va a durar porque los estudios, (porque) dicen que se hicieron más de 170 estudios para analizar cuál era la mejor forma”.
Sobre el tema del presupuesto señaló que probablemente será aprobado el jueves.
Dijo que analizando el presupuesto en el rubro de Educación encontró que dicho ministerio está pidiendo más dinero; pero proyectos de inversión pública apenas han sido ejecutados en un 1% o menos.
“El presupuesto es una promesa y ¿cuál es la promesa que hicieron en 2022?, que iban a gastar menos y que iban a invertir más. ¿Qué pasó al final del 2022? A estas alturas casi no se ha invertido, no se han ejecutado los proyectos de inversión más importantes y se ha aumentado demasiado el gasto especialmente en los rubros de bienes y servicios”, señaló el miércoles en una entrevista televisiva.