La Asociación Comité de Familias Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE) señala que el tema de los migrantes que fallecen o que están desaparecidos permanece invisibilizado y que a nivel de institucionalidad no se le está dando la importancia que las familias demandan.
La entidad registra a la fecha 300 casos activos de personas migrantes desaparecidas durante su trayecto a Estados Unidos, y 125 casos que han sido resueltos.
Asimismo se han presentado 43 denuncias de personas desaparecidas ante la Fiscalía de México, casos a los que se les sigue dando seguimiento, desde hace 9 años.
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“El proceso ha sido sumamente lento, pero ha habido la puerta de acceso, esta puerta de acceso que no la conocen las personas en El Salvador”, explica el Comité pro búsqueda.
Las declaraciones se dieron el jueves durante la presentación del anteproyecto "Ley de Protección Integral de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y sus Familias" el cual busca establecer un marco legal de protección para las personas migrantes y sus grupos familiares.
Durante el evento, que fue acompañado por Tutela Legal “María Julía Hernández" y otras organizaciones, se presentaron fotografías de las víctimas desaparecidas las cuales fueron colocadas en un bloque de sillas como símbolo de los esfuerzos de búsqueda que se realizan en esta línea.
Miguel Deras, abogado consultor para COFAMIDE, explicó que esta es la primera de varias acciones que se desarrollarán para dar a conocer esta iniciativa, una de ellas es presentar la propuesta en la Asamblea Legislativa donde se espera que sea discutida y se generé debate para su aprobación.
Asimismo se plantean buscar el acompañamiento de la procuradora para la defensa de los derechos humanos, Raquel Caballero, para la entrega en el pleno legislativo.
La normativa propuesta busca en principio la tutela a los derechos de las personas migrantes y sus familias, explica el entrevistado.
Para el Comité las leyes actuales en El Salvador "no abarcan lo suficiente" la problemática que enfrentan las familias de las víctimas, "más aún si la víctima principal está desaparecida".
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La organización expone que entre las principales problemáticas que enfrentan está "el acceso a las instituciones".
En muchos casos, explica Deras, la familia va primero a la PNC y a la Fiscalía donde no le toman una denuncia.
"En el anteproyecto hemos colocado las instituciones que consideramos importantes (para la búsqueda) porque en los casos que están documentados en el Comité se repite la misma historia: las personas con su poco conocimiento de la ley y con su vulnerabilidad en la primera institución que piensan para buscar a su familiar es la Policía, y la Policía es el primer que no recibe (estas denuncias); luego van a la Fiscalía y ahí reciben el segundo no", explica.
Derechos de las personas migrantes
La propuesta de esta Ley de Protección Integral contempla derechos intrínsecos para todos como el acceso a la justicia, pero también conlleva establecer otros que están contemplados en normativas internacionales, como el derecho a la búsqueda y el derecho a una repatriación digna.
"La experiencia del Comité siempre ha mostrado que las repatriaciones en El Salvador son una experiencia traumatizante para la familia, recibir los restos de su ser querido fallecido y quizás no recibirlo completo es traumatizante, y además de ello recibirlo en la zona de carga del Aeropuerto Internacional es peor, donde ni siquiera hay dónde sentarse, no hay baños", agrega.
La propuesta se derivada de estudios estudios previos que tienen a la base las experiencias de migrantes y sus familias, así como la consulta y el diálogo con organizaciones e instituciones responsables de la migración
Este contempla además los principios para los aplicadores de la ley, así como las instituciones competentes para desarrollar la búsqueda; los procesos de búsqueda, localización, identificación y repatriación.
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