Disminución de la producción agrícola para el sustento familiar, grave crisis económica para las familias afectadas, migración y desplazamiento de jóvenes por temor y más de 100 niños y niñas en condición de orfandad por la detención de uno o sus dos padres son algunas de las afectaciones que señala el informe sobre violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción en la zona del Bajo Lempa.
El documento fue presentado, el fin de semana pasado, por el Comité de Familiares Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa, durante un foro denominado “Solo informados podemos exigir nuestros derechos”, realizado en la comunidad La Esperanza.
Este Comité fue formado ante la petición de ayuda por parte de los habitantes de las empobrecidas comunidades de ese sector afectados por la política de seguridad contra las pandillas, ordenada el 27 de marzo del año pasado, por el presidente Nayib Bukele, tras una matanza de más de 80 personas a nivel nacional, después que el gobierno rompiera una supuesta tregua con las maras.
“Hemos identificado en el territorio del Bajo Lempa 228 personas detenidas de forma arbitraria y hemos descubierto que este año se ha producido menos alimentación dado que quienes mayoritariamente han sido detenidos son los hombres”, puntualizó Salvador Ruiz, representante de las Comunidades Eclesiales de Base y del Comité de Familiares, durante la presentación del informe.
“El principal fallo en el sistema es la evaluación”
Ruiz expuso que el número de capturas que ha sistematizado el Comité han sido realizadas en las 32 comunidades que conforman esa área localizada en el departamento de Usulután. Esta cifra incluye sólo aquellas capturas donde se ha evidenciado por medio de los arraigos que las personas son inocentes, aseguran.
Asimismo la organización comunitaria, a través de otras ong’s, está brindando apoyo a 104 niños y niñas que han quedado al cuidado de uno de sus padres, hermanos mayores o familiares cercanos. En algunos de los casos los menores han nacido después que sus padres fueron capturados, pero han pasado varios meses y aún no han podido ser reconocidos por sus progenitores.
Uno de esos casos es el de Herber Aguilar Ramírez, un joven agricultor de 29 años que fue capturado el 25 de junio de 2022. María Ramírez relata que su hijo fue detenido cuando regresaba de trabajar en la milpa, que luego serviría de sustento para la familia; en el momento de la detención los agentes no dieron explicaciones de por qué se lo llevaban.
La señora recuerda que ella se fue hasta el puesto policial y ahí un agente le dijo: “Mire aquí no le vamos a dar información, váyase a buscar un defensor a la Procuraduría, ahí le van a decir por qué razón lo hemos capturado”.
Ahí la familia fue informada que Herber sería acusado por el delito de agrupaciones ilícitas. “Yo ando peleando porque mi hijo es inocente, yo sé lo que he creado. Yo no miento porque está un Dios”, asegura la señora.
El agricultor se encuentra recluido en el penal de Mariona, donde su madre trata de llevarle el paquete mensualmente, el cual compra de lo poco que gana lavando ropa ajena. Mientras Herber se encontraba recluido nació su hijo; su compañera de vida estaba embarazada cuando lo detuvieron, pero hasta ahora el niño ni siquiera ha podido ser reconocido por su progenitor.
“¿Qué es eso de nacer con cariño? Si a mí me tocó andar dando vueltas con esa muchacha para que diera a luz”, dice María.
La ley Crecer Juntos establece que el Estado es el responsable de proteger el vínculo afectivo de las niñas, los niños y los adolescentes cuando sus padres o madres se encuentren privados de libertad en una prisión.
“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho, siempre que no sea contrario a su interés superior, a mantener el vínculo socio afectivo con su madre, padre o persona cuidadora cuando estén privadas de libertad; a contar con facilidades para mantener el contacto, a recibir atención del Estado, a participar en programas que aseguren el contacto con su familia y a la protección frente a la violencia y estigmatización”, mandata literalmente el artículo 75 de la ley.
“El niño ya tiene un año, pero no se conocen. Yo lo único que pido es que me entreguen a mi hijo porque él no andaba haciendo cosas”, expresa. María asegura que su hijo nunca había tenido problemas con nadie y tampoco había sido detenido anteriormente.
“No sé por qué hace esas cosas este gobierno, no se ponen a pensar en esos niños que están naciendo sin padre”, se lamenta la señora.
Las afectaciones a la salud física y psicológica al no saber sobre las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas es otro de los hallazgos incluidos en el informe realizado por el Comité.
Uno de los principales problemas que enfrentan los familiares es la falta de información por parte de las autoridades correspondientes en cuanto al lugar de detención y la situación de salud de los reos. El documento detalla que eso provoca estrés, ansiedad, desarrollo o agravamiento de enfermedades crónicas y en casos más graves, intentos de suicidio.
Uno de los mayores temores de la madre de Marvin Santos Reyes es que se lo entreguen en un ataúd, debido a que lo último que supo en junio de este año es que el joven está enfermo y por ello fue trasladado al penal de Izalco.
Eso lo supo por la advertencia de un custodio cuando ella fue a realizar la entrega de un paquete, pero le dijo que no tenía más información al respecto. “No se nada de mi hijo porque no los dejan ver, solo me dijeron que está grave pero no me explicaron que tiene. No le dicen a uno que tiene”, relata con preocupación Gloria Reyes.
En la aflicción la señora se fue a la Procuraduría a buscar al abogado defensor, quien le prometió mandar un escrito al juzgado especializado de San Miguel para que verificarán el estado de salud del detenido, pero ella asegura que la petición nunca fue enviada porque nunca hubo una respuesta.
“Yo estoy sufriendo y seguramente mi hijo está sufriendo allá. Yo solo no quisiera que me lo entregaran en una caja porque él no debe nada”, dice desesperada.
Marvin fue capturado el 5 de abril del año pasado, debido a que un mes antes de que iniciara el régimen había sido detenido mientras compraba unas cervezas en una tienda, pero a los tres días fue puesto en libertad. Laboraba como ayudante de albañil en la comunidad San Hilario, municipio de Jiquilisco, en Usulután.
“El delito se tiene que perseguir diferente a la persona que sí debe (...) porque ellos lo que están haciendo es violentando más al país, capturando gente que no debe nada. Somos pobres, pero no es ningún delito ser pobre en este país”, expresa la madre de Marvin.
“Me siento encarcelada igual que mi hijo”: El vacío en las familias de los capturados del Bajo Lempa
En el informe los agremiados en el Comité hacen una serie de demandas al gobierno del presidente Bukele, entre ellas: la eliminación del régimen de excepción, liberación, justicia y reparación para las familias afectadas.
“Es cierto que se ha disminuido la criminalidad en los territorios, pero hay otras problemáticas que han sido causadas por la implementación de este régimen”, reflexionó Ruiz.
Además, los familiares de los detenidos exigen una investigación oportuna, eficiente, eficaz, antes y durante cada captura, respetando el debido proceso y mayor inversión presupuestaria en políticas públicas en educación, salud y empleo enfocadas en erradicar la pobreza.
Durante el foro, los habitantes del Bajo Lempa también conocieron del impacto que ha tenido el régimen de excepción a nivel nacional.
Ingrid Escobar, representante del Socorro Jurídico Humanitario, expuso sobre las muertes de personas bajo custodia del Estado.
Y, el periodista Víctor Barahona compartió su conmovedor testimonio de cómo aferrado a su creencia religiosa y su fe en la existencia de un Dios sobrevivió durante 11 meses en las cárceles salvadoreñas, donde sufrió todo tipo de vicisitudes, después de ser detenido en el contexto del régimen de excepción.