El Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque dio inicio el martes al juicio en contra de cinco líderes de la Comunidad Santa Marta y ADES Santa Marta, a quienes la Fiscalía General de la Repúblia acusa por los delitos de asesinato y asociaciones ilícitas.
La vista pública está programada para el 8, 9 y 10 de octubre. De acuerdo a la acusación, los procesados habrían asesindo a una mujer en agosto de 1989, en el contexto de la guerra civil, al presuntamente considerarla informante del Ejército.
La Fisalía ha señalado que cuenta con "contundente" prueba pericial, documental y testimonial que demuestra el cometimiento de los delitos. Los acusados son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho, Saúl Rivas y Fidel Recinos, quien no pertenece a esta comunidad.
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Por el hecho también es señalado el excomandante guerrillero, Eduardo Sancho, con seudónimo Fermán Cienfuegos, cuyo paradero es desconocido, según la Fiscalía.
"Se ha solicitado al Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque que imponga una pena ejemplar a los procesados, para llevar justicia a la familia de la víctima, después de más de 30 años de espera", dijo el Ministerio Público al inicio de la diligencia del martes.
El mismo día pobladores de Cabañas y organizaciones sociales se concentraron en las afueras del tribunal para pedir por la liberación de los líderes quienes son procesados desde enero de 2023.
La comunidad Santa Marta ha luchado por años contra la explotación de la minería metálica en la zona. El lunes sus representantes escalaron el caso a instancias internacionales al presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una actualización del proceso.
"Debido a la falta de pruebas y evidencias científica en el proceso en su compra es inobjetable que la criminalización y persecución de los ambientalistas de Santa Marta tiene un motivo político que es el silenciar a la oposición a la minería metálica y su reactivación en el país", expuso Tutela Legal doctora María Julia Hernández a través de un comunicado.
La entidad dedicada a la defensa de derechos humanos, resalta además que con la nueva información presentada a la CIDH dicha instancia ha sido notificada sobre el rechazo del recurso de apelación por parte de la Cámara de lo Penal de Cojutepeque, Cuscatlán, presentado por la defensa de los líderes ambientales en septiembre de 2024.
"La correspondencia fue entregada personalmente por un representante de la comunidad de Santa Marta acompañado por miembros del Comité en Solidaridad con el pueblo de El Salvador con sede en Washington DC", agregó.
La información también fue llevada a la Relatoría sobre la situación de las defensoras y los defensores de Derechos Dumanos de la CDIH.