Acción Ciudadana presentó este viernes un informe de desempeño de la Fiscalía General de la República (FGR) en el periodo 2012-2023, en el que destaca un promedio de impunidad del 90 % en los casos de delitos que recibió.
En este periodo se registraron 1,004,433 casos iniciados, 426,622 casos judicializados, 577,811 que no fueron judicializados, es decir, que no se presentaron a los tribunales; y en 88,339 se lograron sentencias condenatorias.
“Es decir, de cada diez delitos nueve quedan sin castigo. Uno es el que logra una condena, un castigo para el hechor. Eso quiere decir que tenemos una institución, Fiscalía, que solo tiene un 9 % de efectividad”, expresó Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana.
Norma Orellana, investigadora del Centro de Monitoreo Institucional de Acción Ciudadana, dijo que el periodo que más se logró judicializar casos fue 2016 y 2017, con más de 50,000 casos, que equivale al 57 % de los casos iniciados en esos años.
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“En la efectividad entre casos iniciados y sentencias condenatorias, el porcentaje más alto fue el 13% obtenido entre 2018-2019, al haber obtenido 11,283 sentencias condenatorias. En los últimos años la FGR no ha superado el 10% de efectividad, a pesar del Plan Control Territorial y el régimen de excepción”, señala el informe.
De 2022 a mayo de 2023, los casos iniciados fueron 85,464, los judicializados 23,723 y las sentencias condenatorias fueron 8,045, un promedio de efectividad del 9 %.
Identifican cinco factores que pudieron incidir en el desempeño de la Fiscalía en los últimos años: Selección de personal, capacitación de personal, modernización y tecnología, infraestructura y asignación presupuestaria.
“La asignación presupuestaria es super relevante en el sentido de que dependiendo del monto que se asigne a la Fiscalía para un año en esa medida la Fiscalía puede satisfacer estas otras necesidades. Y lo que hemos encontrado, lo que ha documentado Acción Ciudadana desde informes previos, es que el presupuesto que se le asignó a la Fiscalía no ha sido conforme a las necesidades de la institución”, dijo Orellana.
Para 2023 el presupuesto de la FGR, con refuerzos vía Asamblea, fue de $136.2 millones, de los cuales se reportó como ejecutado $88.3 millones, un monto superior a años anteriores.
La investigadora mencionó que desde 2022 la fiscalía reservó la información relacionada a la contratación de personal, sus funciones y las actividades formativas de la escuela de formación fiscal.
El estudio se presentó de cara al próximo proceso de elección de fiscal general, pues el periodo de Rodolfo Delgado finaliza el 5 de enero de 2025.
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Escobar indicó que el informe incluye factores que debería tomar en cuenta la Asamblea Legislativa a la hora de elegir el nuevo fiscal.
“Obviamente, la elección del fiscal reviste una vital importancia, recordemos que estamos como país en un proceso todavía de régimen de excepción, hay más de 80,000 personas que han sido detenidas, hay que procesarlas, hay que darles el debido proceso y en esa medida la Fiscalía juega un rol importante, porque es la que investiga el delito, es la que acusa”, dijo Escobar.
También señaló “un grave retroceso” en materia de acceso de información por parte de la Fiscalía en cuanto a estadísticas.