Informe de Red internacional advierte obstrucción al espacio cívico en El Salvador

La Red EU-LAT, conformada por movimientos y organizaciones europeas que promueven la solidaridad entre los pueblos de América Latina y de Europa, advirtió este jueves ante la Delegación y la Comisión Parlamentaria de la Asociación UE-Centroamérica del Parlamento Europeo la situación del espacio cívico en El Salvador, calificándola como “obstruida” por un deterioro de las normas democráticas.

El Salvador fue incluido en su informe sobre el estado del espacio cívico en América Latina, dado a conocer esta semana. La Red define el espacio cívico como un conjunto de derechos humanos y libertades fundamentales, como el derecho a participar en los asuntos públicos de un país, los derechos de asociación y reunión pacífica, la libertad de expresión y el acceso a la información, entre otros.

“Vemos un deterioro fuerte de las normas democráticas y violaciones severas de los Derechos Humanos, así como el deterioro general del Estado de Derecho, vemos un deterioro fuerte de las normas democráticas y violaciones severas de los Derechos Humanos así como el deterioro general del Estado de Derecho”, dijo Magdalena Bordagorry, coordinadora de políticas y redes de la Red EU-LAT.

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Según la red, las condiciones que propician que el espacio cívico se encuentre obstruido son diversas.

En primer lugar, se atribuye a los métodos legislativos, como la aplicación de requisitos más estrictos (decreto 380 sobre la lucha contra el lavado de dinero); desde el poder judicial, con la cooptación del poder judicial por parte del gobierno y con el aumento de la criminalización y violaciones de derechos humanos contra defensores del medio ambiente en los últimos cinco años.

“Entre las acciones de mayor trascendencia para un Estado democrático y de Derecho, está la modificación realizada en abril de 2024 por vía exprés y sin debate legislativo del artículo 284 de la Constitución Salvadoreña, que regula la propia modificación del texto constituyente. Esta constitución “a la carta” reduce drásticamente el espacio para el debate, la reflexión y la participación ciudadana”, dice el capítulo sobre El Salvador incluido en el informe.

Luego el uso de métodos tecnológicos y extralegales, en referencia al incremento del 63 % en ataques a la prensa, incluyendo campañas de difamación, vigilancia física y amenazas, espionaje a través del software Pegasus.

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Para la Red, el grado en que estos derechos cívicos están garantizados y cuando el ejercicio de estos derechos es posible, se considera que la sociedad civil opera en un "espacio cívico abierto" o en un "entorno propicio". Por el contrario, cuantas más barreras limiten el acceso a estos derechos, más restringido se considerará el espacio y a menudo se le denomina "espacio cívico en contracción".

"Un informe reciente que involucró a 128 organizaciones identificó tres patrones principales en las políticas y prácticas del gobierno hacia los grupos organizados: Censura y autocensura, cierre de espacios cívicos y persecución", detalló ante el pleno Bordagorry.

“La tendencia después de la reelección popular pero inconstitucional de Nayib Bukele, es la de confirmación de cierre de espacio cívico y amenazas latentes a organizaciones y movimientos que denuncian las violaciones de derechos, la ausencia de participación ciudadana en políticas de gobierno, el desmantelamiento democrático y el autoritarismo estatal”, recalca el informe.

Régimen agudiza obstrucción

La Red, conocedora que desde marzo de 2022 se mantiene un estado de excepción y se han suspendido varios derechos constitucionales, advirtió de impactos desproporcionados en jóvenes de sectores populares y marginados, lo que agrava la criminalización y lleva a detenciones arbitrarias.

“Bajo el régimen se está cerrando cada vez más el espacio cívico, las oenegés realizan su trabajo en condiciones que se deterioran cada vez más”, expuso Bordagorry ante el pleno.

“Lo que da esperanza es la resistencia de las comunidades que siguen luchando para defender sus derechos y sus tierras”, consideró.

En el informe se señala que el régimen “ha significado la única carta de triunfo en la narrativa actual de Bukele, mostrándose como un modelo exitoso de seguridad. Esto ha garantizado su popularidad, y al mismo tiempo, es una de las grietas más amplias de su credibilidad”.

Solo en los primeros dos años de vigencia del régimen, organizaciones de derechos humanos en el país, como Cristosal, registraron 6,305 denuncias de violaciones de derechos humanos; mientras que Socorro Jurídico Humanitario contabiliza al menos 375 muertes bajo custodia del Estado en lo que va del régimen.

Se agrega la falta de transparencia y de rendición de cuentas de parte del gobierno en temas clave, por ejemplo el Plan Control Territorial y las compras en el marco del régimen de excepción.

En El Salvador, organizaciones ambientalistas no descartan que el proceso penal contra los líderes de Santa Marta, Cabañas, tenga como trasfondo afectar la lucha contra la minería metálica.

“Las detenciones y la militarización de Santa Marta apuntan hacia una tendencia general de militarización en el país y revelan cómo han sido particularmente impactadas comunidades históricas y organizadas que luchan por defender sus tierras y sus derechos. Asimismo, esta criminalización tendría la intención de debilitar la organización social en beneficio de intereses privados y públicos de reactivar la minería metálica en la zona”, consigna el informe de la Red.

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Aunque no se reconocen avances democráticos en el país, se destaca que aún existen organizaciones, entidades, movimientos y colectivos que luchan por los derechos humanos de los sectores desprotegidos. “Además, El Salvador es conocido por los esfuerzos del periodismo de investigación, que a pesar de amenazas y falta de acceso a la información continúa con su labor fiscalizadora al poder”, sostiene la Red.

Aspecto económico

El informe no solo retoma los aspectos de derechos humanos, sino también el tema económico, pues señala que el debilitamiento del Estado en su ejercicio de la función pública se da en un momento de crisis económica, déficit fiscal y grave endeudamiento.

“La Ley Bitcoin ha sido apenas un espejismo para la recuperación económica de El Salvador, y solo ha significado parte de la propaganda gubernamental. Esto en realidad ha abierto la posibilidad de desfalco a la hacienda pública por parte del Ejecutivo, además de promover beneficios a bitcoiners internacionales en el centro histórico de San Salvador”, dice el documento.

De hecho, eliminar la declaratoria del bitcoin como moneda de curso legal en la ley fue parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para llegar a un acuerdo que permita a El Salvador a acceder a financiamiento por $1,400 millones.