El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "El Salvador Estado de Excepción y Derechos Humanos" confirma que en el país se aplica una política de violaciones a derechos humanos y conllevaría afectaciones en la proyección a nivel internacional, dicen especialistas.
"Pese a las divisiones que se han evidenciado al interior de sus comisionados, el informe de la CIDH confirma algo que ya sabemos: las violaciones a los derechos humanos, en El Salvador, es una política de Estado", dijo Celia Medrano, defensora de derechos humanos.
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"Pese a las divisiones que se han evidenciado al interior de sus comisionados, el informe de la CIDH confirma algo que ya sabemos: las violaciones a los derechos humanos, en El Salvador, es una política de Estado", dijo Celia Medrano, defensora de derechos humanos.
El informe llama al gobierno a dejar de prolongar el régimen de excepción al considerar que no se observan las condiciones para mantener la suspensión de garantías y derechos. El documento indica que durante el primer año de vigencia del régimen fueron perpetrados 4,825 hechos de detenciones arbitrarias, 402 casos de torturas y 193 desapariciones forzadas, entre otros detalles.
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Señala que hubo reformas legislativas "con un enfoque fuertemente punitivo que contravendrían los estándares interamericanos en materia de justicia juvenil, garantías judiciales, uso racional de la prisión preventiva".
"Estas reformas penales, basadas en la lógica de derecho penal del enemigo, deja marcado permanentemente la inobservancia a derechos básicos de las personas, como la garantía de un tribunal imparcial", agregó Medrano.
"Esto indicaría que El Salvador está ya identificado a nivel internacional como un Estado violador a los derechos humanos y un Estado donde los controles propios de un Estado democrático de derecho se han perdido, donde la arbitrariedad está predominando en este escenario de concentración del poder", dijo David Morales, jefe de Justicia Transicional de Cristosal.
Incluye la negativa del gobierno en permitirle una visita. "Es realmente vergonzoso para la imagen de El Salvador que en el propio informe de país la Comisión insista en que se le permita visitar El Salvador, requiere la anuencia para hacer una visita in situ", dijo Morales.
Polarización de relatores
Las voces expertas no dejan de lado la polarización en la CIDH con los votos disidentes parciales de dos comisionados: Carlos Bernal Pulido y Stuardo Ralón. Lo que fue retomado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos del gobierno de Nayib Bukele para criticar la metodología del informe.
"Si bien reconozco el importante valor del informe emitido y su contribución a la garantía de derechos humanos en El Salvador, considero esencial, en esta oportunidad, manifestar mi discrepancia parcial, en tanto considero que el Informe: (i) requiere de mayor precisión metodológica; (ii) parece desconocer principios esenciales del Sistema que aplican de manera transversal, incluso, en el marco del ejercicio de la función de observancia de la CIDH y (iii) representa una oportunidad para avanzar en el fortalecimiento de la transparencia de la Comisión", expone Bernal.
"Lo curioso de este voto es que recoge un poco la misma postura que el Estado salvadoreño. Estos comisionados, entre ellos el relator de país, el año pasado votaron a favor del informe, aprobando el borrador inicial, el cual contenía casi la misma información y luego de conocer la postura de El Salvador han cambiado su valoración y se han acoplado un poco al discurso estatal", dijo Verónica Reyna, directora del Programa de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS).
"La popularidad, sobre todo aquella que se alimenta de populismo, se mantiene con engaños o medias verdades y millonaria propaganda financiada con fondos públicos, no debería intimidar a referentes diplomáticos o representaciones de países que se han jactado de defender la democracia y el respeto a los derechos humanos", enfatizó Medrano.
"Las organizaciones seguimos preocupadas por ese tipo de posturas por parte del Estado salvadoreño que niega la ocurrencia de las violaciones a derechos humanos, a pesar de la basta documentación que se está teniendo por parte de las organizaciones y de los medio de comunicación", dijo Reyna.
Efectos internacionales
Que el Estado salvadoreño haga caso omiso del informe de la CIDH afectaría no solo en la imagen del país, sino en responsabilidades en derechos humanos y posiblemente sanciones económicas.
"O pudiera llegar a generar algunas presiones internacionales más fuertes en ese sentido, ya sea tanto por la Comisión Interamericana en este caso, también por el sistema de Naciones Unidas que va a retomar, seguramente, este informe ante el examen periódico universal", consideró Reyna.
"El ser marcado como un país violador de los derechos humanos afecta diplomáticamente al país y esto se puede trasladar, obviamente, a repercusiones en materia de inversiones y otros aspectos económicos", afirmó Morales.
Reyna considera que el gobierno mantiene una imagen de modelo exitoso de seguridad y hasta replicable; pero fundamentado en violaciones a derechos. "Esa es, creo, una de las razones por las que el Estado salvadoreño no reconoce estas faltas y pudiera no retomar las recomendaciones que la Comisión hace, que es un posible daño a su imagen, de un supuesto modelo exitoso", expuso.
Opacidad estatal
El informe de la CIDH retoma también la falta de transparencia y de acceso a la información. "El Estado salvadoreño es reconocido por su opacidad y ha utilizado múltiples mecanismos para ocultarle información a la población, violentando su derecho a saber", dijo Ruth López, jefa de anticorrupción y justicia de Cristosal.
Advierte más de diez cosas que la población desconoce o tiene impedido comprobar por decisión gubernamental, como las estadísticas de investigaciones dentro de la Policía Nacional Civil (PNC) por denuncias sobre violaciones de Derechos Humanos en el marco del régimen; datos de la construcción y funcionamiento del CECOT y las cifras de homicidios.
"El relator ha detectado que tanto medios estatales como privados bajo control gubernamental están difundiendo información sesgada y propagandística y no están garantizando el acceso a la información pública, sino promoviendo el relato oficial como el único válido en el debate sobre el estado de excepción", agregó López.
Sobre el Plan de Control Territorial, dijo que se requirieron al Ministerio de Justicia y Seguridad los servicios de pauta publicitaria, todos los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios, préstamos de armas entre la policía y la Fuerza Armada, y se declararon reservados.