La Constitución de la República no prevé la figura de los distritos para reemplazar municipios; no se ha fundamentado que esto busque beneficiar a la población; se vulnera el principio de igualdad, los actuales municipios desaparecen para transformarse en otras figuras jurídicas…
Estas son algunas de las transgresiones a la Carta Magna que señala el abogado constitucionalista Enrique Anaya al analizar el decreto de Ley Especial para la Reestructuración Territorial Municipal, que posibilita reducir de 262 a 44 el número de municipios y que fue aprobado por la Asamblea el martes 13 de junio.
Anaya aclara que el hecho de reducir el número de municipios no es contrario a la Carta Magna, pero sí el proceso con el que lo aprobaron el oficialismo y sus aliados.
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“Lo que es inconstitucional es que se ha hecho sin considerar los motivos por los cuales debe hacerse una fusión o reagrupamiento de municipios”, explicó.
No se hace para beneficiar a la población ni se ha justificado
El artículo 1 de la Constitución dice que “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común…”.
Sin embargo, a juicio del jurista, esta reestructuración “no se hace con un objetivo de beneficiar la población, sino simplemente por el capricho de los gobernantes, tanto del Ejecutivo como del Legislativo”.
Tampoco se ha justificado la decisión ni se han presentado estudios para fundamentarla. “Se menciona que la Asamblea ha hecho un diagnóstico de la situación de los municipios, ¿por qué no lo presentaron? Es que no existe”, asegura.
Y es que, contrario a lo que dicen los funcionarios del oficialismo, diferentes encuestas mostraron que la población duda acerca de la conveniencia de la medida porque, tal como dice Anaya, jamás presentaron su sondeo o estudio que la respaldara.
El experto en Derecho Constitucional dice que la reestructuración territorial de un país puede hacerse ya sea con una arista política de representatividad y de mayor participación ciudadana, pero que por el contexto temporal y de forma como fue propuesto, no es ese el escenario. “Si se hace por razón política -sin acreditar mediante un estudio para poder mejorar la participación política o representatividad o para la mejor prestación de los servicios públicos- se está haciendo por motivos distintos a los derechos constitucionales y puede ser inconstitucional”, advierte.
Vulnera la igualdad jurídica
En el decreto de Ley Especial para la Reestructuración Territorial Municipal, y tal como lo han manifestado diferentes autoridades de gobierno, se establece que cada distrito mantendrá los costos de los servicios públicos por los que paga, aun cuando el municipio en el que residen se vaya a convertir en el distrito de un conglomerado de estos.
El artículo 8 de la ley dice: “Las leyes de impuestos municipales de cada municipio, así como sus respectivas ordenanzas municipales aprobadas por los concejos municipales anteriores a esta ley y la legislación general y particular de cada municipio, continuarán en vigencia hasta que la Asamblea Legislativa y los municipios agrupantes las ratifiquen, reformen o aprueben nuevas”.
Pero, para Anaya, este factor representa una inconstitucionalidad contra el principio de igualdad, que establece que todos los salvadoreños son iguales ante la ley.
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“Va a generar dificultades prácticas, porque tal y como fue aprobada hay una violación al principio de igualdad, es un absurdo, porque si ahora cada municipio tiene su ley de impuestos municipales, ya sea ley (municipal) o ya sea tasa, debe aplicarse la misma en todo el territorio del municipio, por el principio de igualdad. No puede existir leyes para cada distrito, ahí también hay una violación”, señala el abogado.
No se contemplan los distritos
Anaya observó que legalmente El Salvador no contempla la figura de los distritos. “El artículo 203 habla de la autonomía de los municipios. La Constitución ni siquiera contempla la figura de los distritos”, enfatizó.
Sin embargo, subrayó que la nueva estructura tiene sus propias competencias: puede crear, modificar o suprimir tasas y contribuciones, puede decretar ordenanzas; entonces, es importante tomar en cuenta que, según la ley, siguen vigentes.
Los municipios “sí desaparecen”
Anaya explicó que con la reforma, contrario a lo que dicen los representantes del Ejecutivo y Legislativo, los municipios sí desaparecen, y que no solo son 218, sino los 262 hasta ahora vigentes.
El abogado recordó que se ha alegado que los 262 municipios no desaparecen sino que se convierten en distritos, pero en la práctica sí desaparecen porque se transforman en otra figura jurídica.
Para Anaya, todos los municipios históricos de El Salvador desaparecen con el decreto, incluso la capital, y el decreto lo que hace es que se crean 44 nuevos municipios.
El discurso oficialista incluso suprimió el uso de la palabra “absorber” refiriéndose a que un municipio pasaba a absorber a otro.
“No es que un municipio va a absorber a otro municipio, sino que los ahora municipios pasan a ser distritos y van a formar parte de una nueva agrupación de municipios, es decir, van a formar parte de una nueva agrupación que va a ser denominada municipio”, intentó explicar la presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales en la Asamblea Legislativa, Elisa Rosales.
CAUSALES DE LA REDUCCIÓN DE MUNICIPIOS
Consolidación de fraude
La primera razón es la consolidación del fraude para las elecciones de 2024: “Me parece es un plan ya diseñado para la concentración del poder por parte de Bukele.
Hay fraude al cambiar las reglas del territorio en un proceso electoral en marcha a fin de consolidar el poder o al menos no perder partes”, dice Anaya.
Reducción del “círculo de poder”
Anaya explica que se busca darle más poder a menos perfiles dentro del círculo de Bukele: “Lo que va a pasar es que, en lugar de existir 262 alcaldes, van a haber solamente 44, hoy la tajada la van a repartir solo en ese número.
El círculo de los del Presidente se va cerrando y se van haciendo más pequeños para poder quedarse con mayor cantidad de los recursos”, especula Anaya.
Delirios y alucinaciones de grandeza
Para el consitucionalista, alejado de la materia del derecho, el tercero de los motivos por el que cree se terminó aprobando la reducción a 44 municipios fue por una tendencia histórica del autoritarismo.
“Tiene un interés histórico, es muy común de los regímenes autocráticos el querer reescribir la historia, y le cambian el nombre a las ciudades o municipios. Es megalomanía, donde la historia comienza y termina conmigo”, señala Anaya.
”Hablan con frases de delirio ‘estamos haciendo historia’, ‘este es un día histórico’, ‘estamos saldando deudas históricas’”, añade.