A penas de prisión entre los 226 y los 1,103 años fueron condenadas diez personas que pertenecían al aparente grupo de exterminio de pandilleros que se autodenominaba Paz o Muerte, aunque en realidad mataban para robar, para extorsionar y actuaban también como sicarios o simplemente para eliminar competencia en la distribución de drogas de algunos de sus miembros, según documentos judiciales a los que El Diario de Hoy ha tenido acceso.
A pesar de las abultadas condenas por múltiples delitos, la legislación salvadoreña solo permite que una persona pase 60 años de prisión por delitos acumulados.
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Este martes, la Fiscalía General de la República (FGR) publicó la identidad de las 10 personas condenadas, aunque no detalla los casos de homicidio, robos y extorsiones por los que el Tribunal Segundo Contra Crimen Organizado, de San Miguel les impuso las abultadas sentencias.
Entre los condenados están, según la publicación de la Fiscalía, Wilber Jhon Basurto Cruz, Juan Zapata Ramos, Alejandro Monterrosa, Yovani Alexander Crespo Moreno, Víctor Manuel Romero Herrera, José Emanuel Machado Martínez, Salvador de Jesús Villalobos López, Agustín de Jesús Rivas López, Julio Enrique Zayas y Andrés Roberto Murillo Roque.
Entre los condenados hay expolicías, exmilitares, un abogado y varios civiles, la mayoría residentes en la zona sur de Usulután y San Miguel, donde también actuaban como criminales, supuestamente limpiando de pandilleros la zona, pero bajo esa fachada también cometieron varios asesinatos con el simple objetivo de robar.
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De acuerdo con los documentos a los que se ha tenido acceso, el grupo estaba formado por más de 30 personas, incluyendo unas mujeres y un excandidato a alcalde por el municipio de Ereguayquín, quien supuestamente huyó a los Estados Unidos antes de que se ejecutara un operativo de captura contra la mayoría del grupo.
Igual ocurrió con otro implicado, a quien la Fiscalía identifica como Gerardo Polío Rivera, alias Colmillo; originario de San Rafael Oriente, departamento de San Miguel, el cual logró evadir la cárcel, aparentemente escapando a Estados Unidos donde se encuentra trabajando, de acuerdo con familiares de víctimas del grupo delincuencial.
En ambos casos, la justicia salvadoreña solicitó a la Policía Internacional (Interpol) que los capture y los devuelva a El Salvador, pero han transcurrido varios años sin que hayan sido localizados. Entre los diez sentenciados, según la Fiscalía, hay varios que fueron juzgados como reos ausentes.
Una de las víctimas del grupo delincuencial fue el profesor Pedro Antonio Portillo Campos, quien fue asesinado el 9 de enero de 2019, luego de ser sacado de su vivienda, en el caserío Valle de la Jícama, de San Rafael Oriente, departamento de Usulután.
De acuerdo con las investigaciones, en este caso, fue Polío Rivera quien se encargó de guiar al grupo hasta la casa de Portillo Campos, un agricultor, ganadero y profesor de una escuela rural.
Otro caso, en el que el motivo fue el robo de 20 mil dólares, fue el asesinato del ingeniero electrico, Jared Baltsasar Argüello García, cometido a principios de enero de 2021; la víctima fue ejecutada frente a su familia.
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Como el caso de Portillo Campos y Argüello García hay varios, sin embargo, las autoridades no detallan cada caso en que los expolicías, exmilitares y civiles asesinaron para robar dinero en efectivo y prendas de valor.
El mismo grupo también ejecutó a dos hombres a quienes sacó de una barra show de un municipio de Usulután. El móvil, según las investigaciones basadas mayormente en la declaración de un testigo criteriado, fue por el interés de un miembro del grupo, pues uno de los ejecutados estaba quitando mercado en la venta de drogas al detalle.
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