El Colegio Médico de El Salvador (Colmedes) ha cuestionado el silencio de las autoridades de Salud tras la aprobación de la Ley General de Minería Metálica, el pasado 23 de diciembre de 2024; además advierten del impactos irreversibles en la vida de las familias salvadoreñas.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por los graves daños a la salud que ocasionará la explotación minera, que ha sido autorizada en nuestro país”, declaró
la gremial en una conferencia de prensa.
Ambientalistas, movimientos sociales y la Iglesia Católica han expresado su desacuerdo con la reapertura de esta actividad económica debido a los impactos medioambientales y sociales que genera.
Los profesionales han recalcado su compromiso con la salud de las personas, por lo que buscan “advertir a la población, a las autoridades y a todas las partes interesadas sobre los riesgos significativos, muchas veces irreversibles, para la salud de nuestras familias y nuestro medioambiente derivados de esta actividad”.
Para la gremial, es necesario considerar el limitado acceso al agua y a los servicios de salud, situación que se agudizaría con la contaminación de los principales afluentes de agua que alimentan el caudal del río Lempa en la zona norte del país. Estas aguas son utilizadas por las comunidades locales para la pesca artesanal, actividades domésticas y el riego de cultivos comerciales.
Una mina: 10 años de vida útil y décadas de contaminación
“No estamos preparados. El sistema de salud actualmente no es capaz de solucionar los problemas que afectan a la población salvadoreña”, advirtió el médico infectólogo Iván Solano Leiva, presidente electo de Colmedes, quien asumirá su cargo el próximo 1 de marzo.
Solano Leiva argumentó que el presupuesto del Ministerio de Salud ha sufrido una importante reducción, lo que limita su capacidad para atender a la población.
En países de menor extensión territorial, la extracción minera ha generado impactos negativos como el desplazamiento de comunidades, la degradación ambiental y el agravamiento del estrés hídrico, un problema latente en El Salvador.
Sin embargo, la evidencia presentada por académicos e investigadores no ha tenido eco entre las autoridades locales.
“Como Colegio Médico, consideramos que la minería metálica es la principal amenaza para la salud pública en El Salvador en 2025”, agregó el especialista.
La gremial sostiene que se deben contemplar las afectaciones en las comunidades cercanas, ya que un proyecto extractivo puede generar contaminación desde la fase de estudio del suelo.
Durante los diez años de vida útil de una mina, si los residuos generados o las instalaciones no reciben el tratamiento adecuado al finalizar el proyecto, los efectos contaminantes pueden persistir durante décadas.
Además, en el proceso de extracción se emplean grandes cantidades de cianuro y plomo, sustancias altamente tóxicas para el ser humano. Estas afectan directamente las vías respiratorias y la piel de los trabajadores, así como a las comunidades cercanas debido a la dispersión de los contaminantes.
“Si además agregamos las enfermedades que surgirán, no solo los trabajadores se verán afectados, sino también la población local y, de forma indirecta, quienes no vivimos en esa área”, agregó el especialista en infectología.
Al ingresar en el sistema digestivo, los metales pesados pueden causar daños neurológicos, insuficiencia renal y cáncer, entre otras afecciones. A esto se suman los riesgos laborales de esta industria.
“¿Será capaz el Gobierno o el Ministerio de Salud de afrontar esta situación?”, cuestionó Solano Leiva.
El Colegio Médico también señaló: “Nos extraña el silencio de las autoridades competentes, como los Ministerios de Salud, Agricultura y Ganadería, Desarrollo Local, Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otros sectores”.
La gremial se ha unido a la petición ciudadana para exigir la derogación de la ley.
Vigilancia del Ministerio de Salud
Si se establecen los proyectos mineros en Chalatenango, Cabañas y Santa Ana, las autoridades del Ministerio de Salud deben contar con procesos de vigilancia rigurosos para los empleados de las minas, de acuerdo con las opiniones de especialistas médicos.
“Debe hacerse vigilancia epidemiológica de forma periódica y efectiva en la población que se encuentra en los alrededores, esto incluye exámenes de laboratorio y ahorita nuestro sistema está carente de muchos recursos e insumos”, señaló la doctora Patricia de Cativo ante los medios.
La especialista y actual secretaria de Colmedes expusó que la reactivación de la minería “pone en riesgo no solamente la salud sino que también los derechos humanos y el medio ambiente”.
Normas sanitarias internacionales indican que las comunidades que se encuentran viviendo en las zonas más próximas a los proyectos mineros deben estar en vigilancia sanitaria, mecanismos de protección en salud y seguimiento de los pacientes con enfermedades crónicas.
Dar paso a la explotación minera en el país tendría efectos en la salud de la población a mediano y largo plazo debido a que los metales pesados utilizados para separar las partículas de oro de las rocas generan contaminación en el suelo donde se desarrollan los proyectos, las partículas viajan a través del aire y principalmente los residuos tóxicos se desplazan en el agua por el drenaje ácido.
“El sistema es incapaz de atender a toda la población que sufre de insuficiencia renal crónica, esto se va incrementar. El mejor sistema de salud es el que previene las enfermedades, no el que las trata”, señaló Colmedes.
¿Agua para las comunidades o para las mineras?
La doctora en Ciencias del Agua por la Universidad de México, Marcia Barrera de Calderón, actual docente de posgrado en la Universidad de El Salvador, en un reciente conversatorio, explicó que al hablar de minería es necesario conocer las necesidades de agua potable que el proceso de extracción de minerales requerirá en la zona afectada.
Las autoridades han hablado de 50 millones de onzas de oro explotable, para lo que se necesita “80 metros cúbicos de agua por kilogramo de oro, estaríamos necesitando extraer aproximadamente 31 mil metros cúbicos de agua por día”, según Barrera.
La experta sostiene que diariamente se podría abastecer a una población de entre 155 mil y 200 mil habitantes con esa cantidad de agua.
Zonas de sacrificio
La Coalición por el Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Sano (CONADAM), señaló en una entrevista a El Diario de Hoy que en el territorio salvadoreño las empresas extractivas siempre han estado presentes, únicamente se había prohibido la extracción de oro.
"La mayor problemática es que perdemos capacidad de absorción en el suelo porque ya no tenemos los bosques primarios y secundarios, que son los encargados de la recarga de los mantos acuíferos. Al final, esto provoca la pérdida de los acuíferos", señaló Edgar Vanegas, representante. Este cambio abrupto en los ecosistemas convierte las áreas afectadas en "zonas de sacrificio".
Vestigios de una mina en el Oriente de El Salvador
Secretismo en torno al tema
El presidente Nayib Bukele ha mencionado que buscarán "hacerlo bien" al ejecutar proyectos mineros en el país, pero no ha detallado en concreto cómo lo harán, ni qué prácticas tecnológicas usarán para la extracción del oro, ni a qué costo financiero o ambiental.
La explotación de recursos no renovables encontrados en la corteza terrestre tiene diferentes niveles de impacto variables, dependiendo del mineral que se desea extraer. Sin embargo, los expertos coinciden en que todos los métodos tienen un impacto considerable en el medio ambiente.
El pasado 24 de enero la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) declaró como confidenciales los estudios sobre la minería metálica, argumentando que lo lo referido a sus actividades de producción, fabricación de productos, lista de clientes, proveedores, condiciones de pago y otros elementos responden a un “secreto comercial”.
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