Gabriela Santos asumió la dirección del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) en septiembre de 2022, casi dos años después, asegura que seguirá acompañando a las víctimas de violaciones de derechos humanos y lamenta que el Estado salvadoreño asuma una actitud negacionista con respecto a las múltiples denuncias de en el contexto del régimen de excepción. A continuación la entrevista.
Defender derechos se ha convertido en una acción estigmatizante y peligrosa en el país ¿por qué usted sigue defendiendo dichos derechos?
La labor de defensa de derechos humanos no es propia de este tiempo. Este es el tiempo que nos ha tocado vivir, pero yo trabajo en un Instituto de Derechos Humanos cuyo fundador fue asesinado, como parte de un grupo de intelectuales y defensores de derechos humanos que murieron por decir la verdad.
Y hay tantos ejemplos en nuestro país de personas que lo están pasando mal y nuestra labor es acompañar a esas víctimas.
Las víctimas nos siguen buscando, siguen buscando respuestas, siguen buscando alternativas y yo creo que es importante continuar ahí, acompañándolos; no sustituir la labor que le corresponde al Estado, pero sí, poder dar algún tipo de respuesta o acompañamiento a todas esas víctimas.
Yo creo que es importante el ejercicio comprometido de nuestra ciudadanía, de exigirle al poder que debe de cumplir con ciertos límites y que aún, cuando se empecina en abusar del uso de la fuerza y el poder, vamos a seguir estando ahí, en compañía de otras personas defensoras de Derechos Humanos, en nuestro país y en el mundo, y que lo que nos motiva es poder acompañar a las víctimas y que no se haga un uso excesivo del poder.
En el imaginario colectivo ha calado el discurso que los defensores de derechos defienden a delincuentes ¿Qué le diría usted a la población al respecto?
Que no hay nada más alejado de la realidad, el Idhuca va a cumplir 39 años desde su fundación y ha pasado por distintos procesos en nuestro país, el conflicto armado, luego la firma de los Acuerdos de Paz, donde el trabajo se vio más enfocado en prevención de violencia, trabajo con víctimas de desplazamiento forzado por las pandillas, acompañamientos en general por distintas violaciones del Estado como ejecuciones extrajudiciales y por tanto nuestra labor ha estado ahí siempre acompañando a las víctimas.
Nosotros y nosotras no defendemos pandilleros, creemos que quienes han cometido delitos, deben de pagar por ellos, bajo los instrumentos que se establecen en la normativa.
Nuestra labor es denunciar las violaciones vengan de donde vengan, sobre todo si es el Estado, vamos a estar ahí como siempre lo hemos hecho, independientemente del gobierno que esté de turno.
A pesar de que muchos informes dan cuenta de presuntas violaciones a derechos humanos en el régimen de excepción, el gobierno sigue negando esa situación ¿cuál es su opinión sobre eso?
Lamentablemente, el Estado ha asumido una actitud negacionista de las violaciones a derechos humanos, pero los datos ahí están, las situaciones ahí están, los hechos ahí están, por más que se quiera, seguir sistemáticamente negando lo que está pasando, las violaciones que está cometiendo de forma deliberada el Estado de El Salvador, no se puede obviar todo lo que está pasando.
Los abusos cometidos en el marco del régimen de excepción están a la orden del día, existen torturas y tratos crueles, que dan cuenta los testimonios de personas que han logrado salir de las cárceles, también existe evidencia de las muertes al interior de las cárceles y que, muchas de ellas tienen intervención, es decir, no han sido por motivos de salud, como muchas veces se expresa.
Entonces, aún cuando el Estado sigue empecinado en negar lo que está pasando, pues los muertos ahí están, las violaciones ahí están, las víctimas ahí están, los testimonios de las personas que lo están pasando mal en este contexto ahí están y es lamentable como el Estado le da la espalda a todas las víctimas de violaciones a derechos humanos cuando es su labor, defender y garantizar el respeto a los derechos humanos de toda la población.
¿Qué pasa con una víctima cuando no se le reconoce como tal desde el Estado?
Lamentablemente el discurso del Estado ha sido de polarizar y también negacionista, en el sentido que se empecina, como que estuviéramos en una competencia con organizaciones de derechos humanos, a ver quién tiene la razón y no se trata de eso, se trata de quién acompaña a las víctimas de violaciones a derechos humanos, de todos los tipos de violaciones.
Hay víctimas de violaciones a derechos humanos de las pandillas y el Estado debe hacerse cargo de ellas, en la parte de reparación integral a estas personas, pero también está actuando de forma agresiva en la violación a derechos humanos y tiene que hacerse cargo de esas víctimas.
¿Qué implica eso? Primero, reconocer que se está cometiendo violaciones a derechos humanos; segundo, reconocer la calidad de víctima de estas personas y tercero, reparar el daño que está provocando tanto a nivel físico, material, moral, en la salud de las personas, en su integridad y los daños emocionales.
Cuando el Estado desatiende a las víctimas está incumpliendo con sus obligaciones, pero al mismo tiempo, de manera más subjetiva, está ofendiendo a las víctimas y no les está permitiendo sentirse reparadas.
Cuando ante un organismo internacional de derechos humanos, el Estado dice que no hay desapariciones, que no hay muerte en cárceles, que no está cometiendo violaciones de derechos humanos está revictimización y muestra una actitud completamente alejada de la responsabilidad que debe tener el Estado.
Según las víctimas que han atendido ¿Quién puede ser una víctima de una acción arbitraria en el régimen de excepción?
Hay una estigmatización y criminalización de la pobreza, porque son las personas que viven en sectores más vulnerables, las que se ven afectadas.
Acá no estamos viendo que el régimen de excepción se ha enseñado con personas de clase media alta, sino que vemos la estigmatización de dónde se vive, de cómo se viste, de cómo se mira, sin mayor consideración de los hechos que ha cometido, sino si pertenecía quizás a una comunidad previamente estigmatizada.
En el fondo, no hay unos criterios que podamos sostener que sean realmente objetivos para determinar la participación delictiva de una persona, sino está basada en criterios más subjetivos, que lamentablemente lo único que hace es repetir los patrones de violencia que se han tenido por años en el país.
La ONU ha dicho que el régimen de excepción no puede ser permanente y es contrario al derecho internacional ¿Qué implicaciones podría tener esto a firme para el Estado Salvadoreño?
Es importante saber que los distintos mecanismos de protección de derechos humanos tienen los ojos en El Salvador y para eso, se deben ir activando justamente los procedimientos que hay.
Es importante recordarle al Estado salvadoreño que ha suscrito distintos tratados internacionales y hay obligaciones que derivan de esos tratados.
Primero, está sometido el escrutinio de estos organismos internacionales, nos acercamos también al Examen Periódico Universal (EPU) que se va a desarrollar en enero del próximo año, por tanto ¿Qué observaciones harán los Estados pares de El Salvador sobre el incumplimiento de sus obligaciones, la profundización en la violación a derechos? y dependiendo de los mecanismos que se activen, así van a provenir distintas recomendaciones o sanciones.
Los organismos de protección, tanto en materia regional, como universal van a estar monitoreando la situación de derechos humanos.