Al menos 76,122 salvadoreños que intentaban cruzar la frontera sur con Estados Unidos fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza entre octubre de 2021 y junio 2022, según reporta un nuevo documento de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (Customs and Border Protection) de Estados Unidos.
Este documento, que recaba datos por año fiscal (que comienza en octubre) muestra además, que las detenciones de salvadoreños que buscan llegar de manera ilegal a Estados Unidos han experimentado aumentos respecto a 2019 y 2021 y la tendencia en 2022 es que la cantidad de detenciones aumentará.
El referido informe refleja también que mientras más salvadoreños son detenidos por las autoridades estadounidenses cuando buscan llegar ilegalmente a ese país, las cifras de hondureños y guatemaltecos han experimentado disminuciones.
Los números revelados por esta oficina contradicen el discurso del presidente Nayib Bukele sobre que sus políticas de gobierno han mejorado las condiciones de vida en El Salvador.
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El pasado 6 de mayo, durante una conferencia de prensa posterior a una reunión privada en Casa Presidencial con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, Bukele dijo que no quería que los salvadoreños fueran a buscar prosperidad fuera del país.
“No queremos que nuestra gente productiva y trabajadora se vaya de nuestros países buscando prosperidad afuera. Queremos que se queden aquí y para eso cada país está haciendo su labor, pero estamos conscientes que debemos de hacer mucho más”, afirmó el mandatario salvadoreño.
No obstante, ese mismo mes, las autoridades estadounidenses detuvieron a 8,975 salvadoreños intentando cruzar la frontera y un mes después, en junio, esa cantidad aumentó a 9,094.
De acuerdo con las estadísticas de esta unidad hasta junio de este año, las autoridades de fronteras habían detenido a 13,796 salvadoreños más, con relación al 2012.
Incluso, la cantidad de salvadoreños que han intentado migrar ha aumentado entre abril y junio, a pesar de que funcionarios salvadoreños manejan el discurso de que a raíz de la implementación del régimen de excepción, las condiciones de seguridad en El Salvador han mejorado.
En estos meses, 26,424 salvadoreños fueron detenidos por autoridades estadounidenses encargadas de mantener controlada la migración irregular hacia su país.
En total, desde octubre 2021, hasta junio de este año, la cantidad de migrantes salvadoreños detenidos ascendía a 76,122. Hasta el mismo mes de 2019 hubo 72,677, y para 2021, eran 62,326.
Los datos muestran, además, que de entre los 76,122 salvadoreños detenidos, cerca de 13,000 eran menores de edad que viajaban solos, es decir, sin un adulto que los acompañara o los asistiera en el trayecto entre El Salvador y la frontera estadounidense, que tiene más de 3,500 kilómetros de distancia, aproximadamente.
Y por el otro lado, hasta junio de 2022, los migrantes hondureños detenidos sumaban 161,789, una cantidad menor a 2021, cuando los detenidos totalizaban 204,824.
En el caso de Guatemala, en ese mismo período, se registró una disminución de 5,146 detenciones.
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La dura realidad
Para la abogada Ruth Eleonora López, jefa de anticorrupción y justicia de Cristosal, una organización promotora de derechos humanos a nivel centroamericano, el aumento de casos de salvadoreños detenidos por migrar irregularmente hacia Estados Unidos, es un indicador de falta de políticas gubernamentales en favor del bienestar de los salvadoreños.
“La migración cada vez mayor de los salvadoreños es un indicador de la falta de políticas gubernamentales que generen oportunidades de trabajo, estudio y seguridad para la ciudadanía. Las personas migran no por vocación de viajeros, migran por necesidad”, detalló la abogada.
López añadió que datos arrojados por investigaciones realizadas por Cristosal, señalan que los desplazamientos internos por pandillas continúan. “Sólo en el período del régimen de excepción, 111 casos han sido atendidos, la mayoría por amenazas de pandillas que los obligan a salir de sus hogares”, puntualizó.
López aseveró que en El Salvador no hay suficiente inversión para cubrir la demanda de empleo, lo cual genera desmotivación para estudiar y prepararse.
Según López “mientras la cooptación de las instituciones públicas, la falta de transparencia, las decisiones arbitrarias sin respaldo técnico (como la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal) sigan siendo la política que rija los destinos del país los salvadoreños encontrarán en la migración, una alternativa para sobrevivir y para mantener a sus familias; incluso podría evaluarse como de manera macabra el gobierno podría estarse viendo beneficiado por la migración ante el impacto que tienen las remesas en la economía nacional y la descompresión social que representa la salida de miles de compatriotas desesperados”.
Durante los tres años de gobierno de Nayib Bukele, la situación económica de El Salvador ha experimentado graves problemas debido a los altos niveles de corrupción y a la implementación de políticas financieras como la imposición del Bitcoin como moneda de curso legal.
¿Por qué se van los salvadoreños del país?
El gobierno salvadoreño ha perdido más de $56 millones al comprar decenas de Bitcoin cuyo valor cayó estrepitosamente por debajo de los $20,000, lo cual se ha sumado a una baja en las calificaciones de riesgo crediticio.
A finales de mayo, la agencia calificadora de riesgo Standard and Poor’s bajó la calificación crediticia de El Salvador de “B-” a “CCC+”, una de las peores posiciones de crédito que pueda tener un país, lo cual indicaba que había una alta probabilidad de que el país cayera en impago de sus obligaciones crediticias.
Esa calificación colocó a El Salvador en el mismo nivel que las economías de países africanos como Burkina Faso, República del Congo y Mozambique, que también tienen una calificación CCC+.
A los problemas financieros se suma el deterioro al respeto de los derechos humanos lo cual se ha acentuado desde finales de marzo anterior cuando el gobierno implementó el régimen de excepción con el pretexto de combatir a las pandillas, eliminando con ello varios derechos constitucionales.